Bolaños anuncia la creación de 200 nuevas plazas de fiscal

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles un acuerdo con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para convocar este año 200 nuevas plazas de fiscales, “el mayor número de la historia”. “Para que se hagan una idea, en los últimos 20 años nunca la creación de plazas fiscales superó la cifra de 100″, ha precisado, en una comparecencia ante la prensa.

Bolaños ha subrayado que de esta forma no solo se cumple una “reivindicación histórica” de la carrera fiscal, sino que se “va a poner solución a los déficits de nuestra Justicia”, unos fallos estructurales que ha achacado a “un modelo arcaico”, el de los juzgados unipersonales, a los que han puesto fin los tribunales de instancia, recientemente implantados.

De hecho, el titular de Justicia ha vinculado esta convocatoria y la de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados ―375 por el turno libre (la oposición tradicional) y 125 por el cuarto turno, el reservado para juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional― a los nuevos tribunales de instancia. Según ha explicado, con el anterior sistema, crear un puesto de juez costaba 500.000 euros y ahora son unos 100.000 euros.

Mensaje al CGPJ: Habrá que actualizar el discurso

El ministro de Justicia ha querido resaltar que esta “macroconvocatoria”, de 700 plazas entre jueces, magistrados y fiscales para un solo año, es algo que “nunca se ha hecho”. Su departamento ha detallado que estos 200 nuevos puestos de fiscal supondrán una ampliación de su plantilla del 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004. Y ha recordado que el proyecto de ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, “un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%”.

Bolaños también ha puesto de relieve que la “macroconvocatoria” en el ámbito judicial ha sido posible porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “por primera vez” cumple la ley. “Si no, pues estaríamos en otro escenario”, ha advertido. De esta forma, se ha referido a la convocatoria por parte del CGPJ de 125 plazas de magistrado por el cuarto turno, lo que supone un 25% del total de las 500 anunciadas para togados. El Ministerio de Justicia venía denunciando que el Poder Judicial no cumplía con esa cuota legal, apuntando a un déficit de 781 plazas por esta vía, si bien desde el órgano de gobierno de los jueces defendían que ese desfase era de apenas un centenar.

Asimismo, el ministro ha destacado que este salto cuantitativo permite ir aproximándonos a “las cifras de jueces y fiscales que necesitamos” para modernizar la administración de justicia y convertirla en un servicio público “ágil” y, por ende, “respetuoso” con los derechos de los ciudadanos.

En este contexto, ha instado a “dejar atrás las peticiones de que necesitamos más medios, más personas”. “Pues aquí estamos, 700 nuevas plazas. Esos discursos habrá que actualizarlos con la realidad”, ha lanzado, en una alusión velada a las reivindicaciones del CGPJ y de su presidenta, Isabel Perelló. En un informe del pasado diciembre, el Consejo calculó que se necesitaban 367 nuevos jueces al año hasta 2035.

“Incidencias menores” en los tribunales de instancia

En la misma línea, el ministro ha defendido la implantación de los tribunales de instancia, aseverando que únicamente se han registrado “incidencias menores”, a las que ha restado importancia al enmarcarse en el cambio de un modelo que “ha estado en vigor más de 150 años”. “Pero nada para preocuparnos porque tendrá un éxito indiscutible”, ha afirmado. De acuerdo con Bolaños, “están dando ya cifras muy positivas”.

Sin embargo, la mayoría de las asociaciones judiciales ―la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)― han denunciado graves problemas en la implantación de los tribunales de instancia. Concretamente, la APM, la asociación mayoritaria, ha señalado “serias disfunciones” derivadas de “una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología”.

Recientemente, el CGPJ ha recibido una serie de informes procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional sobre la tercera fase de implantación de los nuevos tribunales. Esos documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, hablan de “déficits de plantilla y coberturas lentas”, “inestabilidad y caídas del sistema” y “reordenaciones y obras pendientes o en fase inicial”.

Durante su intervención, Bolaños ha recalcado que el Ministerio solo tiene competencias en materia de Justicia en cinco comunidades autónomas (Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para apostillar que “algunas de las incidencias que en mayor número” se están reportando “precisamente” coinciden con regiones donde su departamento carece de competencia.