El Gobierno anuncia que creará 500 nuevas plazas de jueces en 2026

El Gobierno ha anunciado que creará 500 nuevas plazas de jueces en 2026 para “reforzar los tribunales de instancia” ―que empezaron a entrar en funcionamiento el año pasado―, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han presumido de que “se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de nuestra historia”. Las asociaciones jueces celebran el anuncio, pero la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera, teme que estas nuevas plazas sirvan para que jueces “entren por la puerta de atrás”. La medida llega después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisara de forma reiterada de que hacían falta más jueces.

El Ministerio ha insistido en una nota de prensa difundida este lunes en que la cifra es “superior” a la “suma” de las plazas de jueces creadas en los últimos diez años. El titular de Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado el anuncio para publicar en su cuenta de X una frase que suele reiterar en sus intervenciones públicas o sus comparecencias ante las Cortes: “Esto es la mayor transformación de la Justicia en décadas”.

Según ha explicado el Ministerio, la medida es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo de organización de los tribunales. En concreto, este sistema elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios, y los sustituye por tribunales de instancia: órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con “una única oficina judicial de apoyo técnico”.

En esta misma línea, el Ministerio ha recalcado que este nuevo modelo permite “crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros”. Según los datos de Justicia, crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros. “En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros”, ha apuntado el Gobierno para luego precisar que con el modelo anterior la inversión hubiese supuesto unos 260 millones de euros.

El anuncio del Ejecutivo tiene lugar después de que el pasado octubre el Poder Judicial manifestara que la creación de las 120 plazas que anunció entonces el Ministerio era “insuficiente” para cubrir las “necesidades” de la planta judicial y para afrontar los “nuevos retos” que suponía la constitución de los tribunales de instancia. En aquella ocasión, los vocales del órgano de gobierno de los jueces emitieron un comunicado en el que insistieron en la necesidad de aumentar la plantilla sin dejar de lado los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y recordaron que era imperativo “equiparar a España con la media de jueces por habitante de los Estados del Consejo de Europa”.

Este mismo enero, la presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se pronunció sobre la “acuciante necesidad de jueces” que tiene España. Lo hizo durante el acto de entrega de despachos a los 51 magistrados y magistradas de la vigésimo tercera promoción del cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio. “Estamos en una situación de déficit, con una media de jueces por ciudadano muy inferior a la media europea y con una elevada carga de trabajo”, manifestó.

Perelló incidió en que, de acuerdo al Plan Estratégico de Recursos Humanos en la Carrera Judicial para el decenio 2026-2035, deberían convocarse cada año unas 370 las plazas de juez poder cubrir las vacantes por jubilación y fallecimiento.

Las más beneficiadas serán Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana

De acuerdo con la información facilitada por Justicia, la planta judicial cuenta en la actualidad con 5.876 plazas y con la medida anunciada este lunes “crecerá un 8,5% en un solo año”. En concreto, de las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados. Estas últimas se repartirán en 71 para las audiencias provinciales, siete para los tribunales superiores de Justicia, cuatro para la Audiencia Nacional y tres para el Supremo. “Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales”, ha señalado el Ministerio.

De igual modo, desde Justicia han apuntado que la distribución de las nuevas plazas se ha realizado “atendiendo a criterios objetivos” como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma. También se han tenido en consideración los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Por ello, el Ministerio ha considerado que los territorios que deberán recibir más nuevas plazas serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Asimismo, el equipo de Bolaños ha precisado que la creación y distribución de estas 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que “inicia ahora su tramitación”. Y ha avisado de que el texto recoge las “aportaciones” del Poder Judicial, de las comunidades autónomas y de diversos ministerios, como el Hacienda o el de Igualdad.

Las asociaciones de jueces, pendientes de las convocatorias de oposiciones

Tras darse a conocer el anuncio del Gobierno este lunes, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ―la mayoritaria de la carrera judicial―, María Jesús del Barco, ha señalado en declaraciones a EL PAÍS que, aunque “lógicamente es necesaria la creación de plazas”, la medida del Ejecutivo parece “una trampa”.

Del Barco ha asegurado que teme que estas plazas vayan a adjudicarse “sin pasar un examen riguroso”, a través de la “vía de la estabilización de jueces sustitutos” que contempla el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carreras judicial y fiscal que se encuentra en tramitación parlamentaria. Se trata, cabe recordar, de una de las iniciativas legislativas que llevó a los jueces a convocar una huelga de tres días el pasado julio. “No queremos jueces que entren por la puerta de atrás”, ha recalcado.

Al hilo, la presidenta de la APM ha manifestado también su sorpresa ante el hecho de que el Ejecutivo haya anunciado la creación de estas plazas “sin tener Presupuestos Generales del Estado”, cuando desde la asociación llevan “años” reclamando ampliar la plantilla de jueces y la oferta ha sido “raquítica”.

Por su parte, desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han celebrado la medida. En un comunicado, su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha señalado que es “un acierto” que se amplíe la dotación judicial de “los tribunales más sobrecargados”. A su juicio, el incremento es “sustancial” y supone “un esfuerzo que jamás se había producido”. “Esperamos que esta creación permita dar acomodo a las últimas promociones judiciales, en particular la 73 y 74, que estaban abocadas a trabajar como juezas y jueces en expectativa de destino (JED)”, ha añadido.

Al igual que la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha celebrado la medida, pero ha incidido en que es “imprescindible” garantizar que “todas y cada una de las personas que acaben ocupando esas plazas de nueva creación hayan accedido a la carrera judicial con escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

De igual forma, ha recalcado que el Ministerio siempre ha trasladado a la carrera judicial que no podían crearse más plazas porque requerían de una dotación presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado. “Este borrador de Real Decreto anuncia 500 plazas, pero no explica qué ha cambiado para hacer posible ahora esa creación de nuevas plazas, ni con qué programación presupuestaria concreta se va a sostener”, ha señalado la asociación en declaraciones a este periódico.

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) también ha aplaudido el anuncio y ha indicado que estará “pendiente” de la fecha de implantación efectiva. Su presidente, Roberto García Ceniceros, que comparte el criterio de la APM y la AJFV, ha defendido en una conversación con EL PAÍS que dichas plazas deben ser cubiertas por “jueces y magistrados titulares”.

Así las cosas, ha avisado de que estarán “alertas” para que la creación de estas 500 nuevas plazas dé lugar a “grandes convocatorias de oposiciones y de cuarto turno” y que “no se utilice como estímulo a la anunciada medida de estabilización de sustitutos”.