La confusión marca la primera fase de la implantación de los nuevos tribunales

El mes de julio entró en una parte de los juzgados españoles como un terremoto. La implantación de la ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha comenzado con la oposición de los sindicatos, que denuncian “problemas de coordinación y falta de información”. Esta reforma organizativa sustituirá los 3.800 juzgados unipersonales (compuestos por un solo juez) por unos nuevos 431 tribunales de instancia de carácter colegiado. Es decir, uno de estos nuevos tribunales por cada partido judicial, y que estará integrado como mínimo por una Sección Civil y otra de Instrucción (que puede ser única). Estos nuevos tribunales se subdividirán en tres secciones: un servicio común general, uno de tramitación y otro de ejecución.

Tanto para el Ministerio de Justicia, impulsor de la ley, como para la docena de gobiernos autonómicos que tienen transferidas las competencias en esta materia y los sindicatos esta renovación es “la más importante en las últimas décadas”. Pero en lo que no coinciden es en cómo ha sido la aplicación de la primera de las tres fases que contempla la norma. Mientras que para el ministro Félix Bolaños ha sido un “éxito”, los sindicatos definen su entrada como “caótica”, con incidentes en los sistemas informáticos y con lagunas de información.

La ley, cuyo objetivo es alcanzar una “estructura más flexible, más capacidad de respuesta y mayor ahorro”, fue aprobada en enero, por lo que se ha contado con cinco meses para preparar la primera fase, que comenzó el 1 de julio y que ha afectado a los juzgados más pequeños, los de primera a instancia e instrucción y los de violencia sobre la Mujer, reconvertidos en 315 de estos nuevos tribunales. Las dos siguientes fases entrarán el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Junto a la reunificación de los juzgados, otros cambios relevantes en esta primera fase ha sido la actualización de los nombres de los órganos judiciales y los buzones en LexNET (sede judicial electrónica) y en los sistemas integrados. Y la transformación de los juzgados de paz en oficinas de justicia de los municipios, que tendrán “una ampliación de los servicios disponibles para la ciudadanía”.

EL PAÍS ha preguntado a las diferentes consejerías de justicia, al ministerio, a los sindicatos y a varios trabajadores para conocer su valoración sobre la implantación de esta nueva norma, compleja por su dimensión. Los sindicatos y la mayoría de las consejerías culpan al ministerio de no ampliar los plazos. También es cierto que las diferencias entre comunidades ―algunas ya estaban más digitalizadas que otras― ha sido primordial para que estos dos primeros meses los juzgados afectados por la primera fase no sufrieran “el caos” que denuncian.

Lorena Llamas, empleada en los juzgados barceloneses de Rubí, atendió a este periódico por teléfono una semana después de que entrase la primera fase, mientras esperaba a que “alguien” acudiese a su puesto de trabajo para que arreglase su ordenador. “No disponemos de los medios necesarios. Los sistemas informáticos no están adaptados, no podemos acceder a prácticamente nada. O sea... un caos. Los teléfonos tampoco funcionan, la gente llama al decanato y le sale el de no sé dónde”, explicó Llamas, de 37 años.

Al igual que esta trabajadora, representantes sindicales y varios trabajadores de diferentes puntos de España explican los fallos tecnológicos: “Hasta el 1 de julio, el personal solo tenía acceso informático para tramitar los asuntos de su propio juzgado. En el nuevo sistema de servicios comunes, deberían tener acceso a todos los procedimientos que les encarguen, pero ese paso [de dar acceso global al personal] no se ha dado en casi ningún sitio”, asegura Luis Calero, de CC OO.

Calero es el responsable de justicia para el ámbito no transferido, es decir, de las regiones que no disponen de las competencias en justicia: Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. La implantación de las tres fases de la reorganización depende de los gobiernos autonómicos, salvo en las regiones anteriormente citadas, que corresponde al Ministerio de Justicia.

El departamento dirigido por Bolaños no comparte la “visión” de esa primera semana “caótica”, sino que la implantación “se ha desarrollado con normalidad” en todo el territorio bajo su responsabilidad. El resto de CC AA también niegan las numerosas incidencias que describen los sindicatos. “Todo cambio organizativo requiere de un período de adaptación, forma parte de la gestión del cambio y no consideramos en ningún caso que la situación haya sido caótica”, señala el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.

Sobre los problemas tecnológicos, todas niegan incidencias serias. Pero los sindicatos no opinan lo mismo. Javier Jordán, reelegido presidente del sector nacional de Justicia de CSIF explica que uno de los problemas es que “hay comunidades autónomas cuyos programas no son los adecuados para soportar los expedientes”, lo que produce fallas en su sistemas. “Las cosas están a medias”, comenta.

Los sindicatos también hablan sobre el jaleo dentro de algunos juzgados con el traslado de los expedientes en papel entre sedes judiciales. Una trabajadora de Roquetas del Mar, Almería, muestra una foto del pasado viernes, en la que un grupo de personas arrastran varias estanterías y contenderos con informes. “Estamos haciendo traslado. También hay dos jueces y algún letrado de la administración”, señala.

Esta trabajadora denuncia la falta de previsión: “Nos avisaron la tarde de antes. A la mañana siguiente dijimos: ‘¡Madre mía esto es una locura, ¿Cómo vamos a empezar con esto si no tenemos acceso a nada? Ni correos, ni un sello... Para hacer un testimonio o lo que sea no teníamos para sellar". Como otros empleados, denuncia que lo único que hizo su consejería fue poner la señalética.

El gobierno andaluz del PP afirma que “no era necesario realizar ninguna mudanza de cajas de expedientes, porque todos los órganos judiciales permanecen en los mismos edificios en los que se encontraban ya” e insisten en que “no se han registrado grandes incidencias en los cambios tecnológicos, ninguna de gravedad que impidiera realizar de forma masiva el trabajo normal”, aunque afirman “que todo cambio requiere su tiempo de adaptación”.

Lydia, de CC OO en Murcia, explica que uno de los mayores problemas, al menos en las comunidades que dependen del ministerio, ha sido la falta de información. “La gente no sabía qué tenía que hacer ni quién era su responsable. Así ha pasado los días y nadie ha ido a hablar con ellos”, dice. En algunos juzgados de su zona, añade, los trabajadores tuvieron que abandonar su puestos de trabajo sin previo aviso.

El ministerio defiende que preparó “el despliegue con antelación” y que “las incidencias que se han producido han sido puntuales” y fueron resueltas. Jordán, de CSIF, subraya que el ministerio ha llegado “muy apretado” con los plazos, que la resolución de la secretaría general para los protocolos se publicó el 28 de junio, dos días antes de la implantación.

Pero el mayor problema, predicen los sindicatos, será cuando llegue la implantación de la segunda y tercera fase, en octubre y diciembre consecutivamente. Jordá avanza que la fase final puede acarrear serios problemas en Madrid y Barcelona, en los grandes juzgados como Plaza de Castilla o la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

Eduardo Montesinos, secretario general de STAJ, opina que la primera fase ha pillado a la Administración en general con “el pie cambiado”, con los edificios sin estar dispuestos para crear servicios comunes, sin preparar al personal... No obstante, señala que el caos aún está por llegar. David Toribio, sindicalista de CC OO, define los próximos meses con una sola frase: “Vienen unas curvas muy guapas...”

Falta de financiación

Lo cierto es que hay una gran disparidad entre regiones en la gestión de la administración de la justicia. Juan I. Sáez Bereciartu, secretario general de justicia de Cantabria, explica que en su comunidad no se han registrado incidentes gracias al trabajo durante años para digitalizar los procedimientos administrativos. “Hemos llegado a fecha 1 de julio habiendo cumplido los compromisos que como comunidad autónoma nos corresponde: la adaptación de la señalética exterior e interior, la distribución de los grupos de correos, asignaciones de teléfonos, procesos de información a los usuarios, la adaptación de los sistemas de gestión procesal, aprobar las estructuras de los órganos judiciales, acoplar al personal esos puestos...”, explica Sáez.

La organización interna, añade Sáez, corresponde a los letrados de la administración de justicia, que ordenan —a través de los protocolos dictados por la secretaria de gobierno del ministerio de justicia― la asignación de funciones y el número de personas que había que destinar al ámbito civil o penal en esta primera fase.

Otras comunidades como Aragón, Navarra o Asturias alegan la misma valoración que Sáez. En cambio, en regiones como Canarias, la situación es opuesta. En las islas, de hecho, se agravó por la emergencia tecnológica que el gobierno autonómico decretó el pasado junio.

Sergio, un trabajador de las islas, afirma que de los cambios de la primera fase no se han aplicado del todo en ninguno de los ochos partidos a los que le afecta. “Tecnológicamente no tenemos ningún tipo de cambio. Los compañeros no saben lo que tienen que llevar ahora, qué no... un desastre”, dice. La digitalización, añade Sergio, aún es una cuestión pendiente.

La consejería de Justicia de Canarias justifica los contratiempos con que “la ley ha impuesto plazos sin consenso”, que “está suponiendo llevar a cabo un intenso trabajo por la administración autonómica”. Del mismo modo, pone énfasis en una cuestión que también señala la mayoría de comunidades: la nueva norma “no tiene ficha económica” y las diferentes consejerías de justicia deberán “abordar la reforma con su propio presupuesto”.

La financiación a este respecto ha llegado desde los fondos europeos. País Vasco ―que ha informado a este periódico que la implantación de la primera fase no ha sido problemática en sus juzgados— ha recibido más de 17,6 millones de euros para “infraestructuras, interoperabilidad, optimización de sistemas, justicia orientada al dato, ciberseguridad, carpeta de justicia, textualización/IA, MASC o registro civil, entre otros”. El ministerio cifra este “impulso” procedente del plan de recuperación en más de 410 millones de euros.

Andalucía, no obstante, arremete contra el ministerio por no adjuntar una memoria económica: “La Junta ha tenido que asumir con medios propios una reorganización compleja, sin una planificación adecuada ni el respaldo presupuestario necesario, cuando, además, la publicación de la ley se produce el 2 de enero, con los presupuestos andaluces ya aprobados“. La consejería andaluza afirma que el coste de la adaptación será de 57 millones.

Este tema también parece unir a la administración regional con los sindicatos. CC OO considera que, si no se invierte económicamente en una reforma de este nivel, si no se aumenta la plantilla, si no se incrementan los medios tecnológicos será difícil que la justicia sea más ágil. “No hay magia posible”, dice David Toribio, que añade: “¿Eso a quién va a afectar? Al ciudadano que utiliza el sistema judicial. Y es un problema de gran calado porque la justicia es la que garantiza que el sistema democrático funcione”.

El ministerio advierte que cada Tribunal de Instancia contará con un nuevo modelo de oficina centralizará los servicios comunes para aprovechar “de manera óptima” los recursos. “La experiencia de este nuevo modelo de oficina judicial en un juzgado de Badajoz ha permitido constatar una mejora de los tiempos de resolución de juicios, bajando los asuntos pendientes más de un 40% y aumentando la ejecución de resoluciones en un 70%”, dice una portavoz.