Glovo anuncia un ERE que afectará a unos 750 repartidores

Glovo ha anunciado este miércoles a los sindicatos que pretende ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores de 60 ciudades de España, según ha indicado la propia compañía. La empresa de reparto de comida plantea este despido colectivo menos de un año después de culminar su transición a un modelo asalariado, tras años de presión del Gobierno y de la justicia para que abandonase su esquema de falsos autónomos. En julio del año pasado la plantilla de repartidores asalariados rondaba los 14.000 repartidores.

“Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre. Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app [aplicación] de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”, indica un portavoz de la firma. La empresa explica que el ERE afectará a muchas provincias: Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Gipuzkoa, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La noticia no pilla por sorpresa al sector. CC OO ―el sindicato con más implantación en la empresa― denunció en febrero el desarrollo de un posible ERE encubierto, dada la sucesión de despidos que venían detectando en la compañía. Los respresentantes de los trabajadores advirtieron a la empresa de que si no cesaban estas “prácticas antisindicales” y si no se sentaban a negociar mejoras de las condiciones laborales, iniciarían un “calendario nacional” de movilizaciones “a nivel estatal”.

Este miércoles por la mañana, antes del anuncio de la compañía, el sindicato había anunciado que ha formalizado una denuncia por estas prácticas. “Hemos denunciado a Glovo ante la Audiencia Nacional por el despido masivo que la empresa viene ejecutando, superando con creces los 30 despidos en los últimos 90 días que requieren la presentación oficial de un ERE”, indica CC OO. El sindicato explica que si la justicia les da la razón se anularán “la inmensa cantidad de despidos disciplinarios injustos que está ejecutando Glovo y deberá readmitirse a todas las personas despedidas injustamente”.

Más allá de los repartidores contratados directamente por Glovo, la empresa también opera con subcontratas. Fuentes del sector calculan que la compañía emplea a unos 21.000 repartidores en España, sumando subcontratas y contratados. CC OO cree que este sistema de subcontratación lleva aparejada “una cesión ilegal de personas trabajadoras” y que la empresa pretende “intensificar” este esquema “tras la ejecución de los despidos masivos”.

Según Glovo, el ERE se relaciona con una contracción de la disponibilidad de la plataforma en algunas ciudades medianas y pequeñas, debido a complicaciones operativas. “Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, agrega un portavoz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que su departamento garantizará que Glovo cumpla las normas en el desarrollo del ERE. “No vamos a permitir ningún chantaje por parte de Glovo ni ninguna otra empresa. En España solo se trabaja con derechos y eso garantiza la ley rider”, ha dicho Díaz en Bluesky.

Años en rebeldía

Glovo, el principal actor del reparto de comida en España, peleó durante años para evitar ser una empresa que tenga que pasar por un ERE para hacer grandes ajustes de plantilla. Mantuvo su esquema de repartidores autónomos pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2020 que reconocía la laboralidad de la relación de los riders y Glovo. Aunque la posición del alto tribunal dejaba poco margen a la interpretación, el Gobierno quiso reforzar la constatación de que los repartidores debían ser asalariados con un cambio normativo. Lo hizo mediante la conocida como ley rider, aprobada en 2021 con el respaldo de las patronales y de los sindicatos.

Antes de la aprobación de esta norma y también después, Inspección de Trabajo impuso multas millonarias a Glovo por su empeño en el uso de falsos autónomos. Pero la clave para el cambio laboral en la compañía llegó después, en enero de 2023. Entonces entró en aplicación una modificación del Código Penal que castigaba con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Poco después, Trabajo elaboró un informe que documentaba cientos de casos de repartidores autónomos de Glovo que, en opinión del ministerio, debían ser asalariados. Esa carga documental derivó en una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que abrió una investigación. Un día antes de declarar en ese proceso, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, el jefe de Glovo anunció que su compañía pasaba a un modelo laboral, sin autónomos.

El cambio en Glovo ha sido el anticipo del que ha dado otra gran repartidora de comida en España, Uber Eats. La empresa anunció en enero el fin de su modelo de autónomos, que combinaba con subcontratas. Comunicó que en adelante operaría solo con empresas intermediarias, sin contratación directa, pero siempre con asalariados. Uber Eats dio este paso después de que Trabajo dijese en diciembre que activaría la vía penal contra la empresa si no contrataba de forma inmediata a sus repartidores autónomos.

Entonces, Trabajo también indicó que la investigación de Inspección al modelo de Uber Eats quedaría finiquitada en enero, pero de momento no han trascendido resultados.

Glovo también ha ocupado titulares en las últimas semanas por sus problemas en Italia. Las autoridades del país transalpino, por petición de la Fiscalía de Milán, han puesto bajo supervisión judicial a Foodinho SRL, la filial italiana de Glovo, a la que acusa de explotar a los repartidores. Esta medida implica el nombramiento de un administrador judicial que supervisa y controla la sociedad mientras se investigan los hechos. El control judicial busca poner fin a una situación de ilegalidad y corregirla.