Psicólogos, abogados, cuidadores... La precariedad de las plataformas digitales asalta a cada vez más sectores

“Algunas son un tinder de los cuidados, una bolsa de trabajadoras que en algunas ocasiones son falsas autónomas y en otras cobran por debajo del convenio, lo que empeora el servicio. Creemos que Inspección tendría que hacer mucho más para investigar este problema”. Así habla Ignacio Gamboa respecto a parte de las plataformas digitales dedicadas a los cuidados en el domicilio. Por el tono y la denuncia tras estas palabras parecen afirmaciones de un dirigente sindical, pero no. Es el jefe de la principal patronal del sector, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), preocupado por el “efecto negativo” de la expansión de las plataformas digitales en su actividad. Es una reflexión parecida a la que emiten otras patronales y colegios profesionales de psicología, enfermería, abogacía o empleo en el hogar consultados por este periódico. Mientras la política y los medios mirábamos a las plataformas de reparto de comida, este modelo laboral tan asociado a la precariedad se expande en otras actividades, varias de ellas de alta cualificación.

Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia y uno de los principales expertos de España en plataformas digitales, lamenta que tanta atención se haya centrado exclusivamente en los repartidores de comida: “Parece que las únicas plataformas de España son Glovo y Uber, y no es así. Hay más sectores en los que se da ese retorcimiento de las condiciones laborales”. La presión de las Administraciones públicas ha conseguido que las plataformas de reparto de comida laboralicen a sus repartidores, con Uber Eats como la última en ceder: acaba de anunciar su “compromiso” con la ley rider y que pasa a un modelo asalariado, un año después de que Glovo comunicase el mismo cambio.

A la vez, la economía de plataformas está echando raíz en otras actividades que no se ven interpeladas por esa norma. “Nosotros no queríamos solo una ley rider, queríamos una ley de plataformas. Es decir, una legislación que regulase todos estos escenarios, con una visión más amplia. El reparto de comida es solo la punta del iceberg de la economía digital”, opina Raquel Boto, adjunta de la secretaría confederal de acción sindical y transiciones estratégicas de CC OO, sobre un fenómeno apenas cuantificado: ni el INE ni la Seguridad Social ofrecen estadísticas sobre cuántas personas trabajan mediante plataformas en España.

El último estudio comunitario al respecto mide la situación en 17 países europeos, entre los que no se encuentra España, y con datos de 2022. Con la muestra con la que trabajó Eurostat, estimó que entonces el 3% de los adultos europeos trabajaron en algún momento del año en curso mediante plataformas. Estos datos también sostienen que son más hombres que mujeres, más jóvenes que sénior y, “interesantemente” según Eurostat, más cualificados que sin formación. “Más de la mitad de los trabajadores de plataformas digitales informaron que no estaban cubiertos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral”, añade el instituto estadístico europeo.

Con sus cifras, calculaba que en 2022 había 28,3 millones de empleados en plataformas en la Unión Europea y que en 2025 rondaban los 43 millones, un 52% más. “La plataformización va cada vez a más. Y tomará más fuerza con la inteligencia artificial”, opina el coordinador de plataformas digitales de UGT, Fernando García.

Este fenómeno preocupa a Olga Merino, vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. “Hay plataformas que lo hacen fenomenal, pero también hay otras en las que la calidad asistencial no está garantizada, que no exigen la habilitación de los profesionales ni los estándares clínicos y legales mínimos”, denuncia esta psicóloga. Indica que algunas plataformas operan con falsos autónomos, ya que no sirven como meras intermediarias, sino que gestionan las citas, dictan precios y asignan los pacientes. Es decir, no hay la independencia que se exige al trabajo autónomo, el argumento central por el que la justicia ha fallado en tantas ocasiones a favor de la laboralización (de trabajadores contratos de trabajo y no como autónomos) del reparto de comida.

“También nos encontramos con personas que están empleadas con condiciones por debajo del convenio”, añade Merino, inquieta ante la proliferación de estas herramientas coincidiendo con la mayor demanda de recursos de salud mental. Subraya que la atención online le parece un recurso “maravilloso”, más desde la pandemia, pero que ello no es excusa para precarizar ni la atención ni las condiciones de trabajo. “Como profesional te da rabia que haya personas que están haciendo daño a quienes atendemos”, agrega.

A más en profesiones liberales

La psicología es un sector en el que el empleo por cuenta propia ya era común antes de la irrupción de las plataformas, que encaja con las características del servicio que prestan muchos profesionales. “La diferencia cuando entra la plataforma”, opina Todolí, “es que es la herramienta la que fija el precio y establece las condiciones, la que penaliza en función del desempeño. Jurídicamente dejas de ser autónomo y deberías ser plantilla laboral”. En su opinión, las plataformas y el empleo por cuenta propia solo mezclan bien con la normativa española si la herramienta “se ciñe a gestionar cobros y dar visualizaciones al perfil del trabajador”.

Este especialista indica que las plataformas se están abriendo paso en cada vez más profesiones liberales más allá de la psicología, como la enseñanza (especialmente en las clases particulares), la arquitectura, el periodismo o la abogacía. “Estamos preocupados porque están surgiendo plataformas digitales que, amparadas por una pseudo apariencia de despachos de abogados, hacen publicidad irregular”, denuncia Antón Echevarrieta, decano del Colegio de la Abogacía de Álava. Es el presidente del grupo de trabajo para la protección profesional de la abogacía frente a plataformas digitales del Consejo General de la Abogacía Española.

“Están al margen del control deontológico y colegial. Ejercen competencia desleal”, advierte este profesional. Cree que algunos clientes contactan con estas plataformas sin saber que en realidad no son despachos de abogados, “lo que acaba perjudicando a los usuarios de las mismas”.

Otra profesión cualificada donde este modelo está ganando peso es la enfermería. “Vemos plataformas que se venden como un paso hacia la modernización, pero que realmente solo fragmentan la profesión y fomentan la precariedad laboral”, agrega el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez. Apunta que en su sector estas plataformas son utilizadas por centros privados y públicos de gestión privada para que las enfermeras cojan turnos sueltos, tareas que los centros médicos necesitan cubrir con agilidad. “El seguimiento clínico y terapéutico es una parte central de nuestro oficio. Esta forma de trabajar lo pone en entredicho”, opina Bohórquez.

El valor de la rapidez

Gamboa, el presidente de la patronal de la atención a domicilio, profundiza en esa idea: “Las plataformas cubren algunas necesidades, pero no debemos confundirlas con una atención a domicilio profesional, como la que se articula mediante contratos con administraciones públicas”. Cree que la “agilidad” de estas herramientas y su “accesibilidad” impulsa su uso en una sociedad cada vez más digitalizada, que muchas familias recurren a ellas porque responden rápido, a costa de, en muchos casos, la calidad del servicio o las condiciones laborales de las plantillas.

Es una reflexión parecida a la que emite la patronal del empleo en el hogar. “Si las plataformas son como antiguamente eran las Páginas Amarillas, poner en conocimiento a unos profesionales, eso está bien. Pero si hay una intermediación, tiene que ser de la manera correcta, mediante las agencias privadas de colocación debidamente acreditadas y homologadas”, opina Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos, que no ve “encaje” en la normativa española actual para que las empleadas de hogar sean autónomas.

El mensaje que emiten estos dos representantes patronales no difiere del que expresan otras muchas voces empresariales, que ven en las plataformas una especie de competencia injusta: creen que les arrebatan cuota de negocio porque pueden ofrecer precios inferiores, gracias a sus menores costes operativos. La gran casa patronal española, CEOE, apoyó la ley rider en 2021 y sostiene ese respaldo cuando se le cuestiona por este tema, pese al feroz enfrentamiento que mantienen con el rostro político de esta norma, Yolanda Díaz.

Ni estos representantes patronales ni los de los colegios profesionales consultados mencionan a plataformas concretas. Señalan el problema en sus sectores, pero prefieren no particularizar con nombres y apellidos. Ese ejercicio es justo el que hace el informe Fairwork España, elaborado por la Universidad Complutense y la Fundación Primero de Mayo (asociada a CC OO), a partir de una metodología implantada por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Consiste en evaluar las condiciones de trabajo en plataformas mediante diez principios básicos. El cumplimiento de cada uno otorga un punto.

En España, de las siete compañías analizadas en la última edición, tres se quedan en blanco (Taskrabbit —montaje de muebles y otras tareas parecidas—, Cuideo —cuidados— y Glovo), Uber obtiene dos puntos y Cabify y Livo —sanidad—, tres puntos. Todas ellas suspenden en este informe, muy lejos de la única que aprueba, Just Eat, con siete puntos de diez posibles. Es la única plataforma de reparto de comida que respeta la ley rider desde su implantación. Algunas de esas firmas reaccionaron al informe con los argumentos habituales con los que defienden su modelo, como que ayudan a “digitalizar el boca oreja y las formas informales de conexión” que ya existen en el mercado laboral, o que favorecen la conciliación.

El autor principal del informe, el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Alberto Riesco, también observa una “diversificación” del mercado de plataformas, lo que identifica como un “reto” para las Administraciones públicas. Para abordarlo, subraya la importancia de que España transponga la directiva europea sobre trabajo en plataformas. Tiene un espíritu parecido a la ley rider, pero no se limita a este sector, aplica al resto de la economía de plataformas. España debe incorporar el texto a su normativa antes de que acabe este año, todo un reto ante la fragilidad parlamentaria del Gobierno.

“La prioridad es que la transposición cubra esa carencia de la ley rider, que no se constriña a ese sector, que englobe al conjunto de trabajadores de plataformas digitales”, indica Riesco. Dice que en España “se percibe una tendencia a la laboralización del trabajo en plataformas, empujado por el delivery por la presión de las administraciones, pero también sin tanta presión en el transporte de pasajeros, como en Uber“. Esta empresa no contrata directamente a sus conductores, sino que opera mediante subcontratas, lo que conecta con una idea final de Riesco: “Laboralizar es mejor que un modelo de falsos autónomos, pero no resuelve todos los problemas de las plataformas. No es una solución mágica”.