Just Eat recurre la sentencia que negó la competencia desleal de Glovo y que criticó “el eco de la España sindicalizada”

Just Eat ha presentado este lunes un recurso contra la sentencia conocida en julio que eximió a Glovo de la acusación de competencia desleal y de compensarle con 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. El juez Álvaro Lobato rechazó que hubiera tal competencia desleal, consideró que Glovo siempre actuó dentro de la legalidad, que los contratos que empleaba esta plataforma desde 2019 garantizaban “la autonomía de los repartidores” y que respetaban la ley rider. A la vez, el juez criticó el “eco nostálgico de la España sindicalizada” que apreció en las declaraciones de varias funcionarias de Inspección y agregó que “sus testimonios deben relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo”, una serie de comentarios interpretativos que llevaron al Ministerio de Trabajo a elevar una protesta contra el juez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según fuentes conocedoras del recurso, Just Eat ha presentado el mismo ante la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que manifiesta su desacuerdo con la sentencia. Glovo tiene diez días para responder desde el momento en que reciba la notificación del recurso.

En su denuncia contra Glovo, Just Eat demandaba a la empresa de las mochilas amarillas por ejercer “una acción de competencia desleal por violación de normas y contratar a falsos autónomos”. “Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España, tal y como exige la ley, sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales”, indicaba Just Eat España en el comunicado en el que anunciaba la denuncia, en diciembre del año pasado.

La empresa calculaba que Glovo había ahorrado hasta entonces más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, “lo que ha permitido a Glovo adquirir una ventaja competitiva significativa”.

Por entonces, Glovo anunció que cambiaba su política laboral. Millones de euros en sanciones y cotizaciones atrasadas después, en pleno proceso penal que amenaza al líder de la compañía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras varios cambios legales para encauzar su actuación y después de que el Supremo estableciera que los repartidores son empleados por cuenta ajena, la compañía anunció que pondría en marcha un modelo 100% laboral en diciembre del año pasado, sin falsos autónomos.

Siete meses después de aquel anuncio y diez años después de su nacimiento, la plataforma arrancó en julio su modelo con repartidores asalariados, ya sea mediante contratación directa o vía subcontratas. Esa segunda vía, habitual en el sector y que la empresa no cuantifica, es muy criticada por los sindicatos. Just Eat sostiene que los años en que Glovo actuó a espaldas de la ley le dieron una ventaja competitiva clara.

Fallo polémico

La sentencia que ahora recurre Just Eat indica que el servicio de Glovo es un negocio “innovador”, tecnológicamente avanzado, y que el marco laboral actual es “controvertido y obsoleto”. Además, el juez agrega que el modelo de falsos autónomos “resulta mucho más eficiente para atender una demanda oscilante” y apostilla: “Muchos trabajadores prefieren el régimen de trabajo autónomo porque les permite prestar el servicio a su conveniencia en una u otra plataforma, en uno u otro lugar o durante el tiempo que deseen”.

El titular del Mercantil 10 de Barcelona también subraya: “En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene… [tal y como declaró el vicepresidente de Glovo en el juicio], excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”.

En la misma línea, entra a valorar la actuación de Inspección. “Hay que hacer un esfuerzo de contención para no calificar como denodada e incansable persecución el continuo acoso de la Inspección de Trabajo”, dice el juez Lobato sobre las pesquisas del órgano inspector a Glovo. También adscribe al organismo inspector “una singular y arbitraria interpretación” y habla de “abierta beligerancia” contra Glovo, lo que provocó una reacción en el Ministerio de Trabajo.

En una carta enviada al CGPJ, el departamento que dirige Yolanda Díaz consideró estas afirmaciones “totalmente improcedentes” y un “menosprecio” a la Inspección. Además, manifestó su “profunda preocupación” e invita al organismo a “valorar la adopción de medidas disciplinarias”.