Glovo se defiende en el juicio contra Just Eat: “Preferimos trabajar con autónomos porque el repartidor lo prefiere”

La plataforma de reparto Glovo, propiedad del grupo Delivery Hero, calcula que ya ha legalizado la relación laboral con el 80% de sus repartidores en España (en torno a 5.000) que hasta ahora trabajaban como falsos autónomos y que prevé finalizar todo ese proceso a finales de este mes de junio. La compañía asume que ese proceso supondrá integrar los costes de esa plantilla (hasta ahora las comisiones que suponía su pago la asumían directamente los clientes) en su cuenta de resultados y que, derivado de los costes asociados, prevé que se encarezcan las comisiones de unos 4,5 euros a unos 6 euros. Pero su vicepresidente de Internacional de Glovo, Arnau Cortés, ha defendido este miércoles el modelo de falsos autónomos por motivos externos a la compañía: “Preferimos trabajar con autónomos porque el repartidor lo prefiere. Al final queremos que todas las partes estén contentas”.

La afirmación del ejecutivo se ha producido en la Ciutat de la Justicia de L’Hospitalet de Llobregat, donde se celebra la segunda jornada del juicio en el que Just Eat demanda a Glovo 295 millones de euros por un caso de competencia desleal. Su denuncia considera que la prolongación del uso de falsos autónomos ha impedido que jugaran con las mismas condiciones y vulnera las normas de competencia. Cortés ha dicho que, según conversaciones mantenidas con cadenas de restauración con las que trabaja, sus comisiones por pedido eran más altas que sus competidores y que ahora aspiran a situarlas en una franja de entre 5,12 euros y 6,38 euros.

Cortés ha negado que el inicio de la laboralización haya provocado una caída de los pedidos de Glovo, que desde que se inició el proceso de laboralización en enero pasado se han mantenido estables. De hecho, ha asegurado que la nueva situación laboral de los repartidores, le abrirá las puertas a trabajar con la cadena de restauración rápida Rodilla y con El Corte Inglés, que hasta ahora se negaban a adquirir los servicios de Glovo: “No querían trabajar con nosotros justamente porque no teníamos modelo laboral”.

Glovo, según ha explicado uno de sus vicepresidentes, trabaja todavía con un modelo mixto, en el que convive una red de repartidores propia (en proceso de laboralización) y empresas externas que también les surten de estos.

Cortés se ha negado a cuantificar, a preguntas del letrado de Glovo, el coste que supondrá la integración como contratados de todos los empleados. Sí ha reconocido la relevancia de la flexibilidad en el modelo de negocio del reparto de comida y de la inversión publicitaria, que en los últimos años se ha situado en torno a los 30 millones de euros. Just Eat considera que esos dos factores se logran gracias a la red de falsos autónomos (que no cobran si no hay servicio pero, en cambio, es mano de obra siempre disponible) y a una mayor disponibilidad de recursos gracias al ahorro en costes laborales.

La comparecencia del directivo, cofundador de la plataforma de reparto, ha estado repleta de aclaraciones de las preguntas, de “no te entiendo”, de “no sé” y de un “no me concierne” e, incluso, de “no tengo una bola de cristal” cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de cerrar negocio en ciudades pequeñas donde se deje de ser rentable o de subidas de comisiones por el incremento de costes derivado de la laboralización de los riders.

Respecto a la agilidad de la compañía en la tramitación de pedidos, Cortés ha defendido que es capaz de gestionar “casi tres pedidos” en una hora, mientras que su competidor Just Eat asegura que su rotación se sitúa en dos encargos a la hora.

El juicio que se celebra esta semana en Barcelona es una de las vías abiertas en los tribunales por parte de Glovo. La Fiscalía de Barcelona investiga a la empresa por operar con falsos autónomos que deberían estar contratados, después de un informe de la Inspección de Trabajo que enumera centenares de casos concretos de empleos. “Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores”, concluía el informe remitido a la Fiscalía General del Estado que ahora analiza la de Barcelona para ver si archiva o mantiene las pesquisas. Este proceso penal se suma a las sanciones fijadas por Inspección, por unos 253 millones de euros.