El Supremo ofrece a las empresas públicas en las que trabajó la expareja de Ábalos que actúen como perjudicadas en el juicio

El Tribunal Supremo ha ofrecido a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada Jésica Rodríguez —expareja del extitular de Transportes José Luis Ábalos—, que participen como perjudicadas del delito de malversación que se le atribuye al exministro y al exasesor ministerial Koldo García. De igual forma, los magistrados han dado tres días a la Fiscalía y a la acusación popular unificada que dirige el PP para que se pronuncien sobre una nueva petición que han plantado ambos excargos de salir de la cárcel de Soto del Real, donde cumplen prisión preventiva desde el pasado noviembre.

Así consta en las dos providencias que se han dado a conocer este miércoles, dictadas por el tribunal que juzgará a Ábalos y García a partir del 7 de abril por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. En el caso del ofrecimiento a Ineco y Tragsatec, los siete magistrados han actuado a petición del ministerio público, que en la vista preliminar del pasado 12 de febrero, pidió que se le planteara a ambas empresas públicas dicha posibilidad de cara al juicio.

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, vio pertinente realizar el ofrecimiento porque durante la investigación de la causa la propia expareja de Ábalos reconoció que, aunque cobraba todos los meses de las dos empresas, nunca trabajó realmente en ellas. Estuvo contratada dos años y cobraba 1.060 euros al mes. En la misma vista preliminar, la abogada de Koldo García cuestionó que Rodríguez no figurase como una de las investigadas en la causa por beneficiarse de dichos contratos.

Rodríguez declaró como testigo en febrero de 2025. El juez acordó su citación después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en uno de sus informes que Ábalos había utilizado su “influencia” para que su entonces pareja fuera contratada en empresas dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía. El instituto armado también apuntó que la presunta trama pagó el alquiler del piso en Madrid en el que vivía Rodríguez.

La mujer aseguró ante el magistrado Leopoldo Puente que consiguió sus contratos en Ineco y Tragsatec tras darle su currículum al exministro, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Rodríguez precisó que los contratos los gestionó Joseba García —hermano de Koldo García— y que ella no acudía realmente a su puesto de trabajo ni trabajaba a distancia. Reconoció, sin embargo, que sí cobró de ambas empresas. No obstante, insistió en que, en ese momento, no sabía que eran sociedades públicas.

En el marco de la investigación, Ineco y Tragsatec informaron de que pagaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada. En la documentación aportada, a la que ha tenido acceso este periódico, la primera precisó que le había abonado 34.422,16 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021 --más un pago de 18,5 euros en marzo de ese año y otro de 37,2 euros en diciembre--. La segunda empresa, por su parte, detalló que había pagado 9.500,54 euros brutos entre marzo y septiembre de 2021. Aunque el Supremo ha realizado el ofrecimiento a ambas empresas públicas, durante la instrucción envió a la Audiencia Nacional la parte de la investigación relativa a la contratación de Rodríguez.

Koldo García pide permiso para reunirse todos los días con su abogada

Al margen de la nueva petición de libertad que han presentado Ábalos y Koldo, el exasesor ministerial ha solicitado al Supremo que le permita acceder a “medios informáticos” en la cárcel de Soto del Real o que le autorice a mantener “reuniones técnicas diarias” con su abogada, la letrada Leticia de la Hoz. El alto tribunal le ha contestado que no se opone a su petición. Sin embargo, le ha avisado de que la decisión también depende de la dirección del centro penitenciario y de Instituciones Penitenciarias.

De igual modo, García ha pedido que se le permita sentarse junto a su abogada en las sesiones del juicio. “Esta Sala hace saber que la ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado día 12 de febrero, salvo en el momento procesal de su declaración, fijada para el final de las sesiones del juicio oral, cuando ocuparán el sitio destinado al efecto”, ha apuntado el tribunal.

La respuesta del Supremo sobre la petición de ambos de dejarles salir de prisión de cara al juicio queda de momento en el aire, al menos hasta que los magistrados reciban las alegaciones de la Fiscalía y las acusaciones populares. Con todo, cabe recordar que el pasado enero el tribunal rechazó esta misma solicitud y acordó mantenerles en Soto del Real por su “alto riesgo de fuga”, dada la cercanía del juicio y las elevadas condenas a las que se enfrentan por delitos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Anticorrupción pide 24 años de prisión y multa de más de 3,9 millones de euros para Ábalos, y otros 19 años y medio y 3,9 millones de multa para García.