Asignaturas pendientes en transparencia e integridad para el año nuevo

La calidad democrática de un país no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por el grado de transparencia, integridad y participación real que ofrece a su ciudadanía, y la solidez de la propia democracia depende del nivel de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En España, pese a avances puntuales, durante la última década vienen persistiendo importantes carencias que limitan la confianza social y la eficacia institucional. La llegada de 2026 debería servir como punto de inflexión para abordar un paquete integral de reformas que, lejos de ser simbólicas, resultan imprescindibles para garantizar un Estado moderno, confiable y alineado con los estándares internacionales más exigentes.

Se recogen a continuación una serie de medidas y reformas que consideramos asignaturas pendientes que se han de afrontar a tal efecto en nuestro país. En primer lugar, es imprescindible una reforma en profundidad de la Ley de Transparencia, que sigue mostrando importantes lagunas: excepciones excesivas (sería necesario que se amplíen los sujetos obligados, incluidos partidos y órganos constitucionales), una insuficiente capacidad del Consejo de Transparencia, una obligación excesiva de motivar el acceso a la información y una estructura que favorece más la opacidad que la publicidad activa. Además, la regulación de la huella normativa y la publicidad de agendas y reuniones de altos cargos deben dejar de ser una recomendación parcial para convertirse en obligación legal generalizada en todos los niveles de gobierno.

Por otra parte, España necesita con urgencia una regulación legal completa de la actividad de los lobbies, como existe en otros países europeos y democracias avanzadas, que establezca un registro único y obligatorio a nivel estatal, la trazabilidad normativa de las reuniones y unos límites claros a las puertas giratorias. La integridad institucional exige igualmente la profesionalización de los nombramientos públicos, garantizando procesos basados en méritos, competencia técnica y publicidad, en lugar de las demasiado frecuentes cuotas partidistas.

Otro de los ámbitos fundamentales en este contexto es la contratación pública, que concentra riesgos elevados de corrupción, y respecto a la cual siguen surgiendo numerosos casos en los medios de comunicación e informes policiales y judiciales. Resultan así imprescindibles unas plataformas unificadas y comprensibles de contratación, que permitan seguir el ciclo completo del gasto, identificar los sobrecostes y las concentraciones singulares de proveedores, reforzándose los análisis de riesgo y facilitándose auditorías ciudadanas e institucionales. Paralelamente, el sector público en sus distintos niveles necesita controles internos robustos y capaces de detectar irregularidades antes de que generen pérdidas económicas o escándalos institucionales.

Por otra parte, resulta tan necesaria como urgente una reducción drástica de los aforamientos y otros privilegios procesales, estando España entre los países con mayor número de personas protegidas frente a la jurisdicción ordinaria. Y seguimos viendo casos en los que se aprovechan de este aforamiento representantes políticos de unos y otros partidos. Acotar esta figura jurídica a un núcleo muy reducido de altos cargos (y solo en el ámbito institucional no personal) sería una señal clara de igualdad ante la ley y de tolerancia cero con la impunidad.

Además, la transparencia efectiva solo es posible si se sustenta en información accesible. Por ello, España debe impulsar una política ambiciosa de datos abiertos, con estándares obligatorios e interoperabilidad, lo cual permitiría que ciudadanía, periodistas e investigadores, pudieran ejercer un mayor control sobre la administración pública. De igual forma, la rendición de cuentas periódica del poder ejecutivo debe dejar de ser un ejercicio voluntarista: unos informes obligatorios y públicos sobre las políticas clave fortalecerían la cultura democrática.

Una potenciación de la auditoría social, todavía muy incipiente en el ordenamiento español, propiciaría, entre otras cosas, un sistema estable de seguimiento público de las promesas electorales y los programas de gobierno, articulado mediante observatorios mixtos y paneles de indicadores públicamente accesibles. En este contexto debería reforzarse igualmente la transparencia de los partidos y la financiación electoral, así como la trazabilidad de sus gastos y una mayor claridad en las donaciones.

Y para garantizar la separación efectiva de poderes, sería fundamental una reforma que asegure la independencia judicial, de acuerdo con recomendaciones de organismos internacionales como el GRECO, especialmente en los procesos de nombramientos del Fiscal General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y otros órganos constitucionales.

La digitalización del Estado plantea, por otra parte, nuevos desafíos. España debe implementar sistemas sólidos de control del uso de la inteligencia artificial en la administración, garantizando la auditabilidad, la no discriminación y el derecho a explicación. Al mismo tiempo, conviene reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, ampliando los periodos de enfriamiento y centralizando la información a nivel nacional.

Otro ámbito significativo es la transparencia en subvenciones y ayudas públicas: la existencia de múltiples ventanillas y criterios heterogéneos genera desconfianza y dificulta la evaluación pública. Una plataforma única ad hoc, con criterios claros y auditorías periódicas, permitiría una supervisión más rigurosa, con un renglón especial para el acceso universal a la información detallada sobre las ayudas europeas de los Fondos Next Generation, facilitando las búsquedas abiertas por criterios de instituciones, ámbitos geográficos, administraciones públicas, etc. Finalmente, España necesita un marco nacional de evaluación de políticas públicas, de carácter obligatorio y realmente independiente, que acompañe cada ley con objetivos claros, memorias económicas rigurosas y creíbles, indicadores verificables y una participación social real en todo el ciclo de vida de la política pública.

Además, España necesita dotarse por fin de una verdadera y efectiva Estrategia nacional anticorrupción, coherente, evaluable y dotada de recursos, la cual debería integrar y coordinar todos los niveles de la administración, fijando objetivos claros, indicadores y plazos, y estar sometida a una revisión periódica pública.

Todas estas reformas requieren además un sustrato y concienciación social de cultura cívica y una incorporación de forma sistemática de contenidos sobre transparencia, anticorrupción y participación social en el sistema educativo a distintos niveles, así como programas de formación ciudadana, empresarial y de empleados públicos.

En definitiva, España necesita abordar con urgencia en 2026 medidas como las anteriormente señaladas si quiere reducir los espacios de corrupción y estar a la altura de los estándares europeos y las expectativas de la ciudadanía. La transparencia, la integridad y la participación han de ser objetivos básicos y estratégicos de los representantes políticos y las instituciones en este país, que necesita un reforzamiento de. la responsabilidad política y abrir las instituciones a un control ciudadano más exigente, informado y efectivo, que permita una recuperación de la actualmente escasa confianza ciudadana.