La Cámara de Cuentas denuncia el gasto millonario en premios de jubilación “sin amparo legal” en cinco universidades públicas de Madrid

La Cámara de Cuentas considera que cinco universidades públicas madrileñas actuaron sin la cobertura legal necesaria para pagar en 2021 más de 10 millones de euros a más de 500 trabajadores que recibieron el llamado “premio de jubilación”, que se concede por retiros forzosos (en función de la antigüedad) o anticipados (en función de la edad). Así se recoge en los informes de fiscalización de sus cuentas para ese ejercicio, consultados por EL PAÍS, y que también detectan casos en los que se superó el importe de la pensión máxima, o se premió a personas sin la edad exigible. Los pagos, afirma el ente fiscalizador, “no se debieron efectuar (...) dado que no tenían amparo legal”. Una conclusión que alimenta la tensión en los centros académicos, donde sindicatos y gestores buscan soluciones para la pervivencia del complemento en pleno pulso entre los rectores y el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso por la infrafinanciación de estas instituciones.

Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las universidades públicas firmaron convenios colectivos y acuerdos laborales que recogían estos premios de jubilación. Sin embargo, con la excusa de la crisis, las leyes de presupuestos de la Comunidad de Madrid vetaron estas compensaciones entre el 1 de enero de 2013 y 2021. Con una importante precisión en el caso del periodo fiscalizado: “Cualquiera que sea el ejercicio del que procedan”. Sin embargo, varios centros han seguido pagando los derechos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, cuando entró en vigor la prohibición.

La que más gastó en esa partida en 2021 fue la Universidad Complutense (6,9 millones), seguida por la Politécnica (2,3), la de Alcalá (344.000 euros), la Carlos III (211.000) y la Rey Juan Carlos (201.000). La pervivencia de esos pagos en 2026 está más que en cuestión, pese al fin del veto de la administración regional. El problema ahora es otro: la falta de fondos.

Así, en los próximos tres años la Complutense (UCM) tiene que ajustarse a unos “presupuestos de guerra”, en palabras de su rector, Joaquín Goyache, para devolver a la Comunidad un crédito de 34,5 millones (más 4,4 millones en intereses) pedido a finales de 2025 para pagar las nóminas y hacer frente a los gastos diarios. Eso supone un recorte del 35% en los gastos, cuando las partidas estaban ya muy mermadas. Como consecuencia, la UCM ya ha renunciado a ayudas a la innovación docente, a grupos de investigación o ha tenido que demorar la contratación de profesores sustitutos por falta de fondos. Y en medio de ese tijeretazo siempre sobrevuela la idea de que los premios de jubilación vayan a dejar de concederse, especialmente tras quedar señalados por el informe de la Cámara de Cuentas.

“Se han detectado casos en los que se supera el importe de la pensión máxima de jubilación según el artículo 41 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021″, se lee en el informe del ente fiscalizador en referencia a seis trabajadores jubilados de la Complutense. “Asimismo, existe personal funcionario que ha cobrado por los conceptos de jubilación anticipada y forzosa sin tener la edad exigida para ello”, se añade con respecto a dos. Y se remata: “Por todo lo expuesto, se deduce que la UCM no debió efectuar los pagos relativos a los “premios de jubilación” ni a su personal funcionario ni a su personal laboral, dado que no tenían amparo legal".

La misma situación se habría dado, según la Cámara de Cuentas, en el caso de tres trabajadores de la Carlos III: “Sobrepasaron la pensión máxima para el ejercicio 2021″, afirma el ente fiscalizador.

Es muy distinto el caso de la Autónoma de Madrid, donde son habituales desde hace años las protestas de los PAS jubilados (personal de administración y servicios) en actos públicos, porque no han recibido su reconocimiento económico. La gratificación se pactó en 1999, pero con la gran crisis de 2012 se quitó y no ha vuelto a concederse.

Desde entonces la economía madrileña ha crecido enormemente, pero no la partida de las universidades. El sindicato UGT recuerda en una circular que la rectora, Amaya Mendikoetxea, se comprometió el pasado año en la campaña electoral “al reconocimiento de la carrera profesional tras 25 años de servicio para todos los trabajadores de la UAM, PDI [Personal Docente Investigador] y PTGAS [Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios], que ascendería a una mensualidad”, una cuantía “muy lejos” a la de 2012.

Universidades “jóvenes”

La Rey Juan Carlos, el segundo centro público más grande de Madrid, se creó en 1997, es por tanto una universidad “joven” y ello explica que apenas concediesen 15 premios por jubilación en 2021.

Son casi los mismos que Alcalá (16), que tiene un tamaño mucho menor, y a la que la Cámara de Cuentas afea su política de jubilaciones: “Se abonan el mismo mes de su jubilación de forma automática y en muchos casos sin que exista solicitud previa del interesado ni resolución expresa”.

También se cataloga como joven la Carlos III (19 gratificaciones), fundada en 1989, que empieza ahora su reemplazo en la plantilla. Mucho más madura es la de la Politécnica, la segunda en concesión de premios (83). La primera de la lista es la UCM, con casi 400.

La tensión que provoca en los centros educativos la pervivencia de estos premios en una situación de extrema carestía presupuestaria es el reflejo de un problema de fondo. Los salarios en las universidades públicas españolas, bajos, no son competitivos en Europa. Y ahora los sindicatos luchan porque no se vean mermados con la desaparición de este complemento.