Madrid aprueba su vigésima universidad y la red privada en España ya está a dos campus de empatar en número con la pública

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves el vigésimo campus de la región: IE Universidad Madrid. En realidad, la institución ya está a pleno rendimiento en la capital, alojada incluso en un rascacielos, pero como un centro adscrito dependiente de la matriz en Segovia IE University (seguirán usando ese nombre). Este cambio legal permite al campus regirse por la legislación madrileña, no castellanoleonesa. La comunidad cuenta ya con seis universidades públicas y 14 privadas. La última pública (Rey Juan Carlos) se fundó en 1996 y no hay intención de abrir ninguna nueva. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene entre manos otras tres iniciativas.

Desde 1998 (Politécnica de Cartagena) no se aprueba ninguna universidad pública en España, mientras que la explosión de privadas es un hecho. Con IE University, los centros de pago pasan a ser 48, a apenas dos de empatar con los estatales (50). El Grupo Popular ha contado con los votos a favor de Vox, la abstención de los socialistas y la papeleta en contra de Más Madrid.

IE Universidad Madrid cuenta con el informe favorable, aunque condicionado, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y emitido por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en la que están representados los gobiernos autonómicos. Este fallo positivo ha provocado que los socialistas se abstengan, después de haber anunciado el pasado enero una “moratoria sine die” a la creación de universidades privadas.

Pese a que el análisis se emitió hace más de un año, el Ejecutivo regional paralizó la tramitación de la creación de la universidad. El periodo coincide con el periodo de instrucción del caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que trabajó para la universidad. El directivo Juan José Güemes, ex consejero madrileño de Sanidad, llegó a estar imputado.

El último campus se aprobó el pasado octubre, la Universidad Internacional del Desarrollo, la primera privada de Extremadura. En ese caso, el informe fue demoledor: con frases como “3.000 euros de capital social parece insuficiente”. El gobierno extremeño estudia otros tres proyectos.

IE Universidad Madrid, del Instituto de Empresa, no tiene problema de solvencia financiera. No para de crecer en número de estudiantes, la práctica totalidad son internacionales (10.000 alumnos de 169 nacionalidades entre los dos campus). Debido a su aumento de alumnado, prevé en el curso académico 2027-2028 inaugurar una nueva sede dedicada a los grados de Ciencia y Tecnología en el inmueble que hoy ocupa el ICEX.

La investigación, el talón de Aquiles

Su punto débil, como en casi todas las privadas, es la ciencia. Aunque tiene un plan de mejora en este aspecto que pasa por contratar a 200 profesores investigadores en cinco años y enfocados en cuatro temáticas: economía, entorno político y geopolítico, innovación y regulación tecnológica y transición ecológica. Su intención es contratar a profesorado que está en Estados Unidos la fuga de cerebros por las políticas del presidente Donald Trump. También se ha comprometido a invertir 50 millones en becas.

Madrid cuenta con otras tres propuestas encima de la mesa y todas disponen de un informe contrario de la CGPU y, aunque el análisis no es vinculante, resulta poco estético aprobar tantos centros sin calidad acreditada. La lógica dice que la consejería tenía que haber llevado a la Asamblea el proyecto Universidad Abierta de Europa ―que cuenta desde 2024 con un informe desfavorable― junto al del Instituto de Empresa, igual que en 2019, cuando se aprobaron tres campus de golpe. Pero los técnicos fueron implacables en su diagnóstico sobre Abierta de Europa y el Ejecutivo no da el paso: “Se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad”. Hasta siete comunidades del PP votaron en contra en la conferencia.

La escuela TAI, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos, por su parte, quiere ser la Universidad Internacional de las Artes, pero los técnicos desconfían, por ejemplo, de su viabilidad, con un millón de euros como capital social. Tampoco se fían del proyecto de la Universidad Felipe II, de la Autónoma de Chile, porque la documentación del banco, por ejemplo, “no constituye un aval bancario, por lo que no quedan acreditadas totalmente las garantías financieras”. La CGPU emitió su informe en septiembre y parece que el Ejecutivo quiere ir dosificando.