Los rectores frustran la intención del Gobierno de Ayuso de aprobar pronto su ley de universidades
Los responsables de los campus recuerdan que reciben 500 millones menos que los andaluces, cuando el sistema tiene un tamaño similar


Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Alcalá, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos) no tienen intención de respaldar la ley de educación superior (Lesuc) según el último borrador que manejan, fechado en noviembre. Esta negativa frustra los planes del consejero Emilio Viciana de aprobar el texto a principios de 2026. Los rectores no tienen poder de voto, son minoría en el Consejo de Universidades de Madrid, pero su peso moral es demasiado grande como para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apruebe la norma sin su respaldo. Y más ahora con la comunidad universitaria en armas y tras insistir el Ejecutivo en que es una norma dialogada con ellos.
José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, ha explicado la situación este martes en el acto de constitución de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma), que reúne tras 20 años a estos centros como asociación. En su opinión, el borrador sigue sin “dar respuesta a las necesidades” de la sociedad y las universidades, aunque reconoce que “en los últimos meses ha virado el espíritu de la negociación”. Y ha agregado: “En este momento, estamos en la espera de seguir revisando ese documento, pero estamos acercándonos poco a poco”. En junio de 2024 los rectores lanzaron un durísimo manifiesto contra la Lesuc que en su opinión invade sus competencias. Ahora han conseguido que quiten la obligación de conseguir el 30% de los fondos por sus propios medios, aunque son “copartícipes de la financiación”,
La constitución de la Cruma ha permitido ver en público a los rectores, que han dejado de convocar actos en los que denuncian la asfixia de la Comunidad de Madrid. Faltaba oírles tras la huelga. “La ley no nos satisface”, ha sostenido el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en lo referente a “estudiantado, sanciones, profesorado, papel de los consejos sociales...”. Es decir, ha enmendado la norma entera. Y ha reconocido que los rectores hubiesen preferido leyes separadas, no juntando la universidad con las enseñanzas artísticas y la FP Superior.
Hace año y medio tres rectores aseguraron a EL PAÍS que las seis universidades necesitaban 200 millones de euros para “salvar los muebles”. A finales de 2025 vuelven a sacar la calculadora, pero no llegan a dar una cifra. “Lo que tenemos es claramente insuficiente. Necesitamos 200 millones cada una para mejorar. Somos seis de las mejores universidades de Europa y las andaluzas, con un sistema similar al nuestro en tamaño, tienen 500 millones más de presupuesto”, ha comparado Goyache. “Y hay universidades clásicas públicas en Europa que solo ellas tienen más que las seis madrileñas juntas. Por eso, si la Comunidad de Madrid sube poquito a poquito, no van a compensar. Estamos un 20% por debajo de 2012 [en financiación]″, ha continuado. El presupuesto subirá en 2026 un 6,5% (75,3 millones).
“No conocemos el modelo”
Los rectores van a recibir 60 millones más para financiación básica. “Es la más importante, porque es la que nos alimenta cada día. Es la que nos permite abrir la universidad”, ha subrayado Óscar García, el rector de la Politécnica. Otros 10 millones, una cantidad irrisoria (el 1% del total del presupuesto), se va a repartir por objetivos y otros cinco se van a destinar a necesidades especiales. “No tenemos el modelo de cómo se va a repartir y con qué indicadores. En breve nos presentarán el modelo”, ha explicado la rectora de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea. Ella se muestra más optimista: “Vemos más sensibilidad hacia nuestros problemas, lo que no es suficiente, pero sí es un avance. Sobre todo para la planificación de los próximos cinco años”.
La partida que reciben las universidades engorda mucho menos que la combinación de la inflación y los sobrecostes en salarios. Porque el Gobierno central estableció unos complementos que premian la producción científica (sexenios) para mejorar los bajos sueldos de los profesores, pero que deben de pagar las comunidades autónomas. “Una subida del 11% de los sueldos, que es una noticia en principio buena, se puede volver un dolor de cabeza, porque fundamentalmente nos financia la Comunidad de Madrid”, ha razonado Abraham Duarte, rector de la Rey Juan Carlos. Duarte ha negado que su universidad haya pedido un crédito para encarar 2026. Pronto presentará presupuestos.
Ángel Arias, rector de la Carlos III, ha insistido en la necesidad de una estrategia: “En Madrid hay 14 universidades privadas, y seis públicas. Es decir, el 70% son privadas, pero las públicas atienden a dos tercios de los alumnos de grado. Tenemos que ofrecer más plazas en titulaciones que la sociedad necesita y para eso hace falta financiación y estrategia”.
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