El otro negocio de Ribera Salud en Madrid es un gran laboratorio también señalado por una gestión basada “en el beneficio”

Ribera Salud, la empresa de las “ganancias rápidas” a costa de la salud de los madrileños, gestiona el hospital del escándalo, el de Torrejón, y también otra instalación de la Comunidad de Madrid menos conocida donde los trabajadores llevan años quejándose por motivos semejantes a los aireados en la crisis que envuelve a la empresa: una “gestión basada en el beneficio”. Se trata de un laboratorio de diagnósticos que da servicio a seis hospitales madrileños a cambio de casi 20 millones de euros anuales de las arcas autonómicas y cuyo control está a cargo de Ribera en alianza con la multinacional suiza Unilabs. Desde hace tiempo el laboratorio ha sido un foco de conflicto laboral y ahora, aprovechando el intenso escrutinio sobre Ribera, los trabajadores han reclamado atención hacia la situación de este centro, del que dependen las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños.

Los trabajadores sienten que la crisis de Torrejón les ha dado la razón sobre sus quejas históricas por la “mala gestión” de Ribera. Como es sabido, la polémica estalló a principios de diciembre, cuando EL PAÍS reveló un audio del CEO de Ribera ordenando a los médicos del Hospital de Torrejón que rechazaran pacientes no rentables para aumentar el beneficio. Pocos días después, el sindicato UGT publicó una nota de prensa para reiterar sus quejas históricas sobre este otro centro, el Laboratorio Clínico Central. UGT, que controla por completo el comité de empresa del laboratorio, dice que la gestión “está basada únicamente en el beneficio económico”. Las dos empresas adjudicatarias reciben un ingreso fijo anual procedente de la Consejería de Sanidad, pero, según el sindicato, buscan maximizar la ganancia de forma espuria. Esto se traduce, asegura, en “falta de personal, sobrecarga de trabajo y un deterioro grave del servicio, en base al ahorro de costes”.

UGT dice que la plantilla de 250 trabajadores no ha crecido desde que Ribera tomó el contrato en 2008, a pesar de que la población atendida ha pasado de poco más de un millón a cerca de 1,4 millones de personas. También sostiene que se incumple con los turnos mínimos establecidos en los pliegos. Ribera lo niega. Responde por escrito que la plantilla original era de 210 empleados y asegura que cumple con los requisitos de presencia.

Los representantes de los empleados sostienen que las carencias tienen consecuencias peligrosas para los pacientes. Dos personas de la plantilla que piden anonimato por miedo a represalias cuentan que a veces se cometen errores en los diagnósticos. “Corremos como pollos sin cabeza haciendo un trabajo muy delicado”, dice una.

La historia de este contrato se remonta a los años de impulso privatizador de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. En 2008, la entonces mandataria inauguró seis hospitales en los que la parte no sanitaria, como la limpieza o la seguridad, se externalizó a empresas (Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en Vallecas; Sureste, en Arganda del Rey; Henares, en Coslada; y del Tajo, en Aranjuez). La delegación al sector privado no acabó ahí. Para todos estos centros, Aguirre sacó a concurso la gestión de un laboratorio común, el Laboratorio Clínico Central, situado en el Infanta Sofía, que iba a analizar todas las muestras de la población dependiente de esos hospitales y sus respectivos centros de salud. Empresas de mensajería enviarían las muestras en valija a esa sede central, mientras que las muestras urgentes serían analizadas en los laboratorios de urgencias de los cinco hospitales subsidiarios. Esta red fue llamada “el anillo”.

La ganadora de aquella licitación fue una unión temporal de empresas de Ribera con un laboratorio catalán, Balagué Center. Eran tiempos de champán y confeti para Ribera, radicada en Valencia, porque un año después también venció en el concurso que sacó la Comunidad para construir y gestionar durante 30 años el Hospital de Torrejón.

Poco después de conceder la gestión del laboratorio, el Ejecutivo de Aguirre cerró tres laboratorios públicos, dos en Vallecas y otro en Aranjuez, para que en adelante también se encargara de esa población el Laboratorio Clínico Central. Esta decisión fue vista por los críticos de las privatizaciones como un trato de favor. “El único interés de este cierre es el de asegurar los beneficios de la empresa privada concesionaria y ello se hace a costa de dejar de utilizar los excelentes medios tecnológicos y profesionales de los laboratorios públicos”, denunció entonces la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP).

Ribera volvió a ganar la adjudicación del laboratorio en 2019, en esta ocasión en alianza con la suiza Unilabs, después de que Balagué entrara en bancarrota. Este contrato fue prorrogado en septiembre de 2024 por un año más. Con el contrato ya vencido, el último Consejo de Gobierno del año, en la semana de Navidad, ha autorizado una nueva licitación. Durará seis años y su importe es de casi 140 millones de euros.

Entre tanto, Unilabs ha cerrado sus operaciones en Madrid debido a la mala marcha de su negocio en España, con un despido colectivo incluido. Al marcar su teléfono corporativo salta el siguiente mensaje automático: “Gracias por llamar a Unilabs. Queremos informarle que desde el 2 de diciembre de 2025 nuestros laboratorios han cesado su actividad”. La empresa responde que sigue prestando diagnóstico por imagen en el resto de España y precisa que su cierre en Madrid no ha afectado a su alianza con Ribera en el laboratorio de la Comunidad.

Por su parte, Ribera dice que valorará si se presenta otra vez al concurso cuando conozca las condiciones de los nuevos pliegos.

Wasapear datos de pacientes

La protesta de los trabajadores por sus condiciones llegó a su culmen en 2023, cuando la plantilla fue a tres días de huelga. Reivindicaban una mejora de sus condiciones, regidas por el convenio colectivo de la sanidad privada, una injusticia según los sindicatos puesto que ese acuerdo está pensado para centros de trabajo menores. Se movilizaban porque ganan, dicen, un 30% menos que sus compañeros de la sanidad 100% pública y trabajan 100 horas más al año. Además, protestaban para que en el futuro, si llegaba una nueva empresa, fuera obligatoria la subrogación de la plantilla. Era una lucha laboral que daba continuidad a protestas en años anteriores y que acabó en nada.

Ahora, los trabajadores se preguntan qué va a ser de ellos si entra una nueva empresa en la nueva licitación de la Comunidad. Llevan años viendo el deterioro. Tienen miedo a hablar porque, dicen, la compañía ha reaccionado con rabia contra los miembros del comité de empresa, después de la nota de prensa que lanzó UGT a principios de mes. Ese clima que consideran “intimidatorio”, añaden, impide que salgan a la luz muchas irregularidades.

Un ejemplo lo pone una persona que trabaja como técnico de laboratorio. Dice que las muestras deben ser revisadas presencialmente por un médico, una segunda criba que busca evitar falsos positivos o falsos negativos. Sin embargo, añade, la empresa no incorpora a esos facultativos en los turnos de noche o los fines de semana. Deben hacer una foto y enviarla por WhatsApp a ese médico de guardia.

“Con tu móvil, te acercas al objetivo del microscopio, enfocas como puedes y luego la mandas”, explica. “¿Te parece eso serio? ¿Wasapear datos de pacientes por teléfono para hacer un diagnóstico?“.

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