El consejo de Ribera Salud ordenó “rápidas ganancias” en el hospital de Torrejón
La consigna de reducir la actividad asistencial vino precedida de un plan de saneamiento de cuentas para que los inversores de la matriz francesa, Vivalto Santé, vendan sus acciones en 2026


La directriz de disminuir la actividad médica en el hospital público de gestión privada de Torrejón se explica por el plan de la matriz francesa, Vivalto Santé, de vender sus acciones en 2026, según ha sabido EL PAÍS por medio de fuentes empresariales conocedoras de esa estrategia. Siguiendo indicaciones de París, el consejo de administración de su brazo en España, Ribera Salud, diseñó en julio un esquema para “identificar rápidas ganancias” en una serie de hospitales españoles, entre ellos el del municipio madrileño, pero también otros en Murcia o Vigo (Povisa). Dos meses después, el 25 de septiembre, se produjo la reunión del CEO para España, Pablo Gallart, con altos mandos del grupo y el hospital de Torrejón, en la que ordenó rechazar pacientes para ganar más, como ha revelado este diario.
Vivalto Santé es el tercer grupo hospitalario francés y entró en el mercado español en 2022, cuando compró Ribera Salud, la compañía valenciana que controla los hospitales afectados por esa orden de recortes. El mensaje que Gallart transmitió en septiembre a los mandos de Torrejón suponía que la empresa iba a anteponer el interés mercantil a las necesidades de los pacientes, lo que indignó a los gerentes médicos que lo oyeron.
“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dijo Gallart según la grabación de esa reunión. “Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] y qué procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”. Este hospital de gestión privada atiende a los pacientes de la sanidad pública a cambio de un canon fijo que paga anualmente la Comunidad de Madrid. Al rechazar actividad asistencial, la empresa puede reducir sus costes sin que descienda ese ingreso autonómico.
Ribera Salud busca sanear las cuentas de los hospitales españoles porque Vivalto necesita atraer a potenciales compradores de las acciones en 2026, “un año clave para la compañía”, según se discutió en julio en la reunión de los siete miembros del consejo de la filial española. Los fondos accionistas de Vivalto quieren vender porque sienten que las elecciones francesas de 2027 suponen un alto riesgo para el negocio, según una fuente que conoce las tripas de la compañía. Sus hospitales en Francia dependen de las tarifas que abona la administración y el alto gasto público se ha convertido en un tema explosivo en ese país.
Vivalto, que cuenta con una red de 100 establecimientos sanitarios en seis países (Francia, Suiza, Portugal, España, República Checa y Eslovaquia), sigue un modelo de propiedad mixto: un 68% de su capital está controlado por fondos y otro 32% por médicos y empleados. Entre los primeros se encuentran Vivalto Partners, un vehículo de inversión creado por el fundador de la compañía, Daniel Caille, así como accionistas de private equity (inversión oportunista) como la británica IK Partners y la francesa Arkea Capital o el fondo soberano emiratí Mubadala.
El consejo de Ribera Salud, donde se sienta el presidente y fundador, Caille, identificó una serie de centros donde debía “incrementarse sustancialmente la rentabilidad en 2026”. Entre ellos figura el de Torrejón, que se encuentra en el municipio de Torrejón de Ardoz y presta asistencia a 160.978 personas de la sanidad pública en el este de la región de Madrid. Además, se pensó en otro hospital gestionado por la empresa que atiende a 110.000 pacientes de la sanidad pública, Povisa, en Vigo. La prensa gallega ha informado de que recientemente se ha desatado una “gran crisis” en este hospital por una fuga de pacientes y sanitarios debido a la falta de inversiones.
Vivalto también planea reducir los costes en Murcia, donde la operación de la compañía, en este caso exclusivamente privada, consiste en cuatro hospitales y 26 centros médicos. Además, se considera la venta de centros no rentables como la clínica CES de Badajoz, el hospital de Almendralejo, o las clínicas especializadas en atención al corazón Cardiosalus. Asimismo, se pensó en decisiones que afectaban a toda España, como la reducción de la plantilla y el gasto en medios de comunicación o en asesores. Vivalto y Ribera Salud no han respondido a los intentos de EL PAÍS para conocer su versión.
“Hombre de Excel”
El encargado de transmitir la orden en Torrejón, Gallart, era un “hombre de Excel”, como lo definen dos personas que lo conocen. Es el histórico director financiero de Ribera Salud, que asumió el rol de consejero delegado en mayo. Las fuentes consultadas indican que pecó de falta de tacto porque no estaba acostumbrado a relacionarse con los médicos. Gallart había llegado al cargo de CEO en mayo junto con un nuevo presidente, el francés Emmanuel de Geuser. Esa noticia fue una sorpresa porque caía el presidente Alberto de Rosa uno de los fundadores de Ribera.
Antonio Burgueño, uno de los padres de Ribera Salud y del modelo de cooperación público-privada en la sanidad española, dice que De Rosa había chocado con los franceses por la estrategia en España. “Él tenía la idea de que el enfermo es lo primero”, dice por teléfono Burgueño. “Defendía los principios de que el margen debía ser razonable. Gallart es distinto. Es un financiero que está en salud para hacer números”.
La exclusiva de EL PAÍS sobre Torrejón ha provocado un terremoto en Ribera Salud. Gallart ha comunicado que se ha apartado de la gestión del hospital, aunque conserva el cargo en la compañía. Este periódico también ha revelado que la empresa despidió a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético del grupo la vulneración de derechos de los pacientes. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la administración que contrató a Ribera Salud para gestionar Torrejón, ha convocado de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa y ha informado de que ha movilizado a un equipo multidisciplinar que se ha personado en el hospital para “constatar in situ la adecuada prestación del servicio". La Consejería de Sanidad ha indicado que se solicitará de inmediato un nuevo encuentro con “el máximo responsable de la compañía”, según han trasladado a Europa Press.
El hospital de Torrejón fue inaugurado en 2011 por Esperanza Aguirre, la presidenta que introdujo en la sanidad madrileña el modelo de hospitales públicos de gestión privada. Los hospitales concesionados como este se basan en que la empresa construye la infraestructura y la gestiona ―incluida la actividad clínica― durante 30 años. A cambio, la Comunidad les paga un canon fijo por el servicio, que va en función de la población del área. Además, se ingresa un extra por cada paciente de fuera de zona y se resta una penalización por cada vecino de Torrejón y alrededores que elija otro hospital.
La oposición de izquierdas en Madrid siempre ha sospechado que las empresas sanitarias que han entrado en la sanidad pública dan prioridad a la cuenta de resultados, pero quizás nunca antes habían tenido una prueba tan clara.
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