Gallardo, Mazón... ¿hay que suprimir los aforamientos de una vez y para siempre?

El socialista Miguel Ángel Gallardo, secretario general del partido en Extremadura, tomó posesión de su acta de diputado en la Asamblea de la comunidad autónoma el pasado jueves. Podría ser un titular más, uno de tantos de los que publica este periódico… pero no lo es. Para que Gallardo sea diputado, una persona tuvo que dimitir del cargo y otras cuatro renunciar a su posición en las listas. El líder socialista está investigado por tráfico de influencias y prevaricación por un supuesto caso de enchufe laboral al hermano de Pedro Sánchez en 2016. La jueza que instruye el caso ha dictado un auto de apertura de juicio oral. Y su entrada en la Asamblea supone que no será juzgado por un tribunal ordinario, sino que a partir de ahora está aforado. Es decir, que su caso lo tendrá que enjuiciar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo esto hace que el caso tenga todos los elementos para que nos hagamos una pregunta recurrente: ¿tienen sentido los aforamientos en España una rareza absoluta si los comparamos con los que recogen los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno?

Hemos empezado hablando de un político del PSOE, pero el aforamiento ha afectado y afecta a todos los partidos por igual, y en todos ha habido casos polémicos en los últimos años. El PP tiene ahora mismo otro caso claro en el que esta figura juega un papel clave: Carlos Mazón y la investigación judicial sobre la dana, que intenta dirimir si existió alguna responsabilidad penal en la gestión de una catástrofe en la que murieron 228 personas y en la que el presidente de la comunidad estuvo ausente durante toda la tarde mientras los ciudadanos de la provincia de Valencia morían anegados en garajes y pisos bajos. Mazón no ha declarado ante la jueza porque está aforado. La jueza le ha ofrecido hacerlo de forma voluntaria, pero no lo ha hecho. Así que mientras ella decide si hay material suficiente como para enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia, los meses pasan sin que la sociedad española sepa qué pasó exactamente ese día y dónde estaba y qué hizo el presidente de la comunidad.

El aforamiento no implica que los políticos no sean investigados y, en su caso, juzgados: lo son, y se les aplica el mismo Código Penal que a todo el mundo, pero por un tribunal específico con una composición específica y que tiene sus propios tiempos. Sus defensores insisten en que no es un privilegio. Sus detractores responden que, entonces, a qué viene tanto empeño. “Si hay tantos cargos políticos que no dimiten para no perder el aforamiento y otros hacen casi lo imposible para conseguirlo, parece que desde luego ellos sí creen que tiene alguna ventaja”, argumenta el magistrado Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces para la Democracia. “Si un diputado italiano o danés comete un delito, lo juzga el mismo tribunal que a cualquier otra persona. Aquí no. ¿Cómo no les va a quedar a los ciudadanos españoles la sospecha de la justicia no es igual para todos cuando vemos una actuación como la de Gallardo en Extremadura? Un caso así ofrece una imagen penosa y muy dañina para el Estado de derecho”.

“Es cierto que en su origen y sobre el papel el aforamiento no era un privilegio”, señala la politóloga Cristina Monge. “Pero en la práctica acaba siéndolo por muchos motivos. Por un lado, los altos tribunales están más expuestos a las injerencias políticas, lo cual puede perjudicar a algunos pero también beneficiar a otros. Depende de la composición del alto tribunal. Por otro, en un caso como el de Mazón, por ejemplo, el aforamiento se acaba convirtiendo en un privilegio por una simple cuestión de plazos. Aunque se le acabe juzgando, el tiempo que está transcurriendo sin que haya declarado corre a su favor. La conmoción social va disminuyendo, los hechos cada vez quedan más lejos… sin duda está siendo beneficioso para él, y es muy consciente de ello”.

¿Cuál es el origen de la figura? En estos momentos, en España están aforados todos los diputados, senadores y miembros del Gobierno porque así se refleja en la Constitución. Y están aforados si cometen cualquier tipo de delito. Les juzgará el Tribunal Supremo si es por algo relacionado con el ejercicio de su cargo, pero también si conducen bajo los efectos del alcohol, a 300 kilómetros por hora o si cometen una agresión sexual.

El único avance real: seis autonomías que han suprimido sus aforamientos

También están aforados los gobiernos y diputados autonómicos salvo en aquellas comunidades que han reformado su Estatuto para eliminar esta figura. La única medida real que se ha adoptado en los últimos años en relación a los aforamientos ha venido de su mano. No hay políticos autonómicos aforados en Canarias —la primera en hacerlo, en 2018—, en Cantabria, en Murcia, en Baleares y en Aragón. En La Rioja se aprobó, pero falta aún la aprobación en las Cortes Generales para que entre en vigor.

El argumento que han usado las autonomías es común: se trata de una prerrogativa que ha dejado de tener sentido y que no tiene justificación ni jurídica ni social. “En pleno siglo XXI es difícil fundamentar la existencia de fueros judiciales especiales al margen del juez ordinario predeterminado por la ley”, decía por ejemplo la norma que se aprobó en Cantabria. “Una prerrogativa que hoy es percibida por una amplia mayoría de la sociedad como un privilegio que distorsiona el principio superior de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia”, establece la ley balear.

En todos estos casos, salvo en Murcia, gobernaba el PSOE —en casi todos en coalición con otros partidos de izquierdas o regionalistas—. En la Región de Murcia, el presidente era del PP pero la iniciativa para cambiar el Estatuto fue parlamentaria, aunque los populares sí votaron a favor. Cuestión distinta fue cuando el asunto llegó a las Cortes Generales, que tenían que aprobar la reforma del Estatuto. En ese momento, el PP se abstuvo argumentando que las reformas parciales no servían de nada cuando lo que había que buscar era un consenso nacional. “Porque en España hay más de 200.000 aforados”, dijo un diputado popular. Y, en efecto, el problema es general y no autonómico, pero básicamente lo es porque su partido no ha consensuado nunca con el PSOE que deje de serlo. Por esto algunas autonomías han decidido actuar por su cuenta.

Los aforamientos políticos y el resto

Para poder entender algo hay que analizar a fondo la cifra total de aforados en España. En estos momentos hay unos 1.800 políticos aforados (miembros del Gobierno central y de Gobiernos autonómicos, diputados estatales y autonómicos y senadores). Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un fuero especial para jueces, fiscales y determinados cargos como los consejeros y presidentes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado o los Defensores del Pueblo (el estatal y los autonómicos). Y también lo tienen unos 230.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero de manera limitada y vinculada al ejercicio de la función pública.

Pero muy poco tienen que ver unos aforamientos con otros. Los de la ley del Poder Judicial obedecen a motivos muy distintos a los políticos —como evitar que si un magistrado de un partido judicial comete un delito lo juzgue su compañero, por ejemplo—, raramente son polémicos y, sobre todo, son fácilmente suprimibles. Basta una reforma legal. El debate real está en los aforamientos políticos, que, además, salvo los autonómicos, necesitan una reforma constitucional para suprimirse o limitarse.

El porqué de la regulación de la Constitución de 1978

Fueron las constituciones liberales del siglo XIX las que empezaron a incorporar los aforamientos. En España existen desde la de 1812. “Fue una figura que pretendía evitar las intrusiones del Antiguo Régimen, de jueces nombrados por el Rey, en los nuevos sistemas políticos”, explica el magistrado Bosch. La Constitución de la Segunda República, de 1931, los suprimió. En 1978, un momento político muy complicado, se recuperaron, y con un enorme alcance.

“Quizá en ese momento podía tener sentido blindar a los políticos”, opina la politóloga Cristina Monge. “Salíamos de una dictadura, mucha gente entraba en política por primera vez, se quería potenciar un sistema estable, los partidos eran en ese momento sinónimo de pluralidad y democracia… Pero han pasado casi 50 años desde entonces, el momento es otro y la sociedad lleva mucho tiempo exigiendo que esto cambie”.

Los intentos fallidos de acabar con los aforamientos

El cuestionamiento de los aforamientos empezó a cobrar fuerza sobre todo durante el 15-M y con los debates de regeneración democrática entre los partidos después de la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el panorama político. Ya antes, en 2013, UPyD lo había llevado al Congreso. Los dos principales partidos, el PSOE y el PP, han defendido en distintos momentos que es necesario reformar la Constitución para limitarlos. Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy defendió en este periódico en 2014 que como mucho debían quedar en España 22 políticos aforados: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y el Senado, los del Tribunal Constitucional y el Supremo y los de las 17 comunidades autónomas. Ni uno más. Pero eso jamás sucedió. No todos en el PP estaban de acuerdo con Gallardón, que encontró múltiples resistencias internas. El pacto de investidura entre los populares y Ciudadanos de 2016 incluyó la supresión de los aforamientos a petición de Albert Rivera. Pero, una vez más, no sucedió.

Pedro Sánchez prometió en el congreso federal del PSOE de 2014 “acabar con el aforamiento total de los cargos públicos”. Siendo ya presidente, en 2018, su Gobierno pidió un dictamen sobre el tema al Consejo de Estado, un dictamen que fue mucho más conservador que lo que había planteado Gallardón, pero que al menos abogaba por limitar el alcance de los delitos: podrían seguir aforados los diputados y senadores, pero solo en relación a delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. El dictamen salió adelante y el Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto de reforma de la Constitución, pero estamos en 2025 y los aforamientos siguen ahí, intocables, salvo en el caso de las escasas comunidades autónomas que han tomado medidas.

Las razones que se aducen son variadas: que no hay consenso, que una reforma constitucional es un lío porque se abre un melón gigantesco, que si se habla de aforamientos habrá quien quiera entrar en cuestiones espinosas como la inviolabilidad del Rey o incluso la existencia de la monarquía… Pero todos estos argumentos olvidan un principio básico de cualquier pacto: si hay acuerdo sobre algunos puntos, páctese, que luego ya habrá tiempo para todo lo demás.

Los tirones de oreja de Europa

Mientras tanto, el evidente exceso de aforamientos ha sido objeto de múltiples llamadas de atención a España desde Europa en los informes del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) de los últimos años, que señalan que pueden crear “privilegios injustificados” y minar la confianza ciudadana en el sistema judicial y en la propia democracia.

“Hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya. Suprimir o limitar los aforamientos solo exige una reforma constitucional sencilla como la que se ha llevado a cabo para sustituir la antigua referencia a ”disminuidos" por “personas con discapacidad”, explica Bosch. “No hay que disolver las Cortes y basta con que haya un apoyo de tres quintas partes del Congreso, algo que ahora mismo ya cumplen los dos principales partidos, el PP y el PSOE. No es tan difícil y creo que es absolutamente necesario”.

“Lo que ha pasado con Miguel Ángel Gallardo en Extremadura es una torpeza política y creo que un error estratégico notable”, añade Cristina Monge. “Pero lo importante sigue siendo el marco general: ¿tienen sentido los aforamientos en España en 2025? No, no lo tienen. ¿Es fácil cambiar esta figura? Sí, lo es. ¿Sería una señal necesaria hacia los ciudadanos de que se están tomando medidas de regeneración democrática? Sin duda. Los ciudadanos, antes indignados, están entrando en una fase de decepción profunda ante la política, y los partidos políticos deberían tomar medidas urgentes”, señala.