El declive del bipartidismo complica las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo
El PSOE y el PP han llegado a perder, en una década, 134 diputados en el Congreso


“El Gobierno más parlamentario de la historia”, según destacó el pasado miércoles en el Congreso, “por convicción y por necesidad” el presidente Pedro Sánchez, vive en una inestabilidad semanal recurrente, pero saca adelante casi el mismo porcentaje de votaciones que en la legislatura anterior: un 88% frente al 91%. El poder ejecutivo está en franca minoría, tras el desmarque de Junts del bloque de investidura, con un legislativo más diverso y complejo que nunca en una deriva que se ha agudizado en la última década y que afecta, sobre todo, a la caída en representación parlamentaria del PSOE y el PP. Entre los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, en menos de 15 años, el bipartidismo ha perdido 134 escaños, un 38,43%, y de 10 partidos en la Cámara se pasó a 16.
El propio expresidente Zapatero valoró esta situación hace unos días en una intervención en Los Desayunos del Ateneo para ensalzar la dificultad actual de manejar el Parlamento salido de las urnas en 2023, con un gobierno en minoría decreciente. Zapatero siempre ha defendido que estas Cortes, con tanta presencia e influencia de partidos nacionalistas y regionalistas, se parece más a España que el Madrid tan peculiar que vive dentro de la M-30.
El Congreso actual dispone así, en teoría, de mayor poder político para contrarrestar las debilidades del Ejecutivo, proponer leyes alternativas y aprobarlas. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, abundó en esa idea en su último un artículo en la revista de la Fundación Sistema: “Resulta curioso cómo evolucionan los argumentarios que deslegitiman la democracia parlamentaria. Cuando los gobiernos disponen de mayorías parlamentarias consolidadas, se habla de rodillo. Cuando la voluntad popular promueve parlamentos más plurales y gobiernos en minoría, la crítica es de inestabilidad y desgobierno. Los adversarios de la democracia siempre encuentran argumentos deslegitimadores”.
El declive del bipartidismo que ha acechado al PSOE y al PP en una década hace más difícil o diferente el funcionamiento del poder legislativo. Entre 2008 y 2019, entre Zapatero y el primer Sánchez, los dos grandes partidos han perdido un 39% de representación y 134 escaños. Han pasado de concitar 323 diputados de los 350 totales de la Cámara baja al mínimo de 189 en los comicios del 28 de abril de 2019. Ahora, en esta XV legislatura son algo más, 258, el 64%, cuando llegaron a sumar el 83,81%.
El salto cuesta abajo más relevante para el bipartidismo clásico se comprobó entre el último Gobierno de Zapatero, en 2008, y el segundo de Mariano Rajoy, en 2015, cuando aparecieron en escena Podemos y Ciudadanos, mientras PP y PSOE se dejaban por el camino 110 diputados.
En el Congreso, además, hay más partidos, con más diversidad y más pactos o alianzas, como ocurre hace tiempo en gran parte de Europa. Esa fue la justificación tras la que se escudó el propio Sánchez el pasado miércoles para razonar “la necesidad y convicción” de haber conformado el primer Gobierno de coalición en esta etapa democrática en España. No hay costumbre ni precedentes a nivel nacional. Las Cortes llegaron a albergar en 2019 un récord de 16 partidos frente a los nueve de 2016, con Grupos Mixtos cada vez más amplios y heterogéneos.
Ese escenario se traslada al funcionamiento diario lleno de incertidumbres de las Cortes, con sus plenos y votaciones. El propio portavoz del PSOE, Patxi López, reconocía el pasado viernes en RNE algo que se observa cada semana en el Congreso: sabe cómo llega los martes a la Mesa y Junta de Portavoces, pero no cómo acabará el pleno de los jueves. Ocurre todas las semanas. Ahora de manera más palmaria tras el plantón de Junts, que, sin embargo, no supondrá derrotas de todas las iniciativas que se planteen, como se corroboró el pasado jueves cuando se registraron 116 votaciones y se ganaron 100, algunas muy simbólicas.
En las próximas semanas, en los tres plenos que quedan antes del parón de las Navidades y por la campaña electoral en Extremadura, pasarán por el pleno las convalidaciones de decretos para dotar de 500 millones de financiación a los enfermos de ELA (esta semana) o para los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana (la próxima), y nadie espera de nuevo que Junts los boicotee. Sucederá con otras propuestas, aunque no con el previsible voto de los siete diputados de Carles Puigdemont contra la senda de déficit, el techo de gasto y los Presupuestos para 2026. El Gobierno ya cuenta con ello, pero cuantificará bien las partidas que se detraerán en esas cuentas públicas para inversiones previstas en Cataluña.
PP y Vox repiten sin cesar ante cualquier discusión en el Congreso que el Gobierno está muerto, podrido, paralizado y sin actividad alguna. PNV y Coalición Canaria, siempre en un punto de mira más discreto, empiezan a temer, y más tras la salida de Junts, que la agonía semanal acabe por ser terminal. Los aliados de izquierdas exigen más valentía, pero en otra dirección.
El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar asume que este es su terreno de juego y hasta presume de que en estos siete años de sanchismo y de escuetas minorías parlamentarias han prosperado 250 leyes, 47 en estos dos años de mandato. A partir de ahora purgarán algo más la agenda, para ponerle más reparos a los rechazos de Junts, pero se guardan en la nevera otros 30 proyectos que ya han pasado el trámite de enmiendas de totalidad y están en fase de enmiendas al articulado o en ponencia. Junts, sin embargo, solo admite que tiene firmados y comprometidos tres proyectos de ley añadidos a los dos respaldados esta semana y que son el decreto ELA, y las leyes de Economía Social y de Cine. A los otros 25 presentará enmiendas a la totalidad.
En estos dos años de mandato, en el Congreso se han producido 1.575 votaciones, el Gobierno ha ganado 1.379 (88%) y perdido 196. En la anterior legislatura, con Podemos aún dentro, y no cómo ahora que se declara en la oposición, el Ejecutivo impulsó con éxito 215 iniciativas legales —118 leyes, 96 reales decretos y un real decreto legislativo—, y se aprobaron 143 por mayoría absoluta (el 91% de las presentadas en el pleno y el 66% de las totales). PNV y EH Bildu ya fueron entonces, como ahora, los socios más fiables.
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