El Consejo de Ministros aprueba este martes el estatuto del becario

El Consejo de Ministros de este martes dará una primera aprobación al anteproyecto de ley del estatuto del becario, según ha podido saber EL PAÍS por fuentes conocedoras de la decisión. El Ministerio de Trabajo presentó el acuerdo para reducir las prácticas extracurriculares a la mitad y compensar los gastos de los estudiantes en junio de 2023, con el que intentaba aliviar la precariedad de los becarios. Rechazado por las patronales y los rectores universitarios, sí llevaba el aval de UGT y CC OO, lo que no impidió que la parte socialista del Gobierno dijera que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Ahora, casi dos años y medio después, el Consejo de Ministros aprueba en primera ronda el anteproyecto de ley, según viene subrayando el ministerio, sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazaba el PSOE. Esta norma, en cuya importancia ha insistido durante años la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrentará en unos meses a un trámite parlamentario endiablado: al rechazo que expresaron varios socios en 2023 tras el acuerdo con los sindicatos se une el portazo oficial de Junts al Ejecutivo.

El Estatuto plantea limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También propone un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. Esta compensación no aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo.

Justo este punto, la retribución de gastos, es uno de los que más recelos despierta en los críticos con la medida. “Nos preocupa que las empresas, las entidades del tercer sector y las diferentes instituciones del sector público se nieguen a compensar tales gastos”, decía en enero la conferencia de rectores (CRUE) en una carta dirigida a Yolanda Díaz. En la misiva, CRUE también reclamaba “un acuerdo con el sector empresarial en virtud del cual se comprometan explícitamente a compensarlos”, ante el temor de que esos gastos recaigan en las universidades, como ya sucede con la cotización a la que los becarios no remunerados tienen derecho desde enero de 2024.

El planteamiento de Trabajo sí tiene el respaldo de CC OO y UGT, pese a que los sindicatos aspiraban a un planteamiento diferente al que se acabó adoptando. Los sindicatos reclamaban la eliminación de las prácticas extracurriculares y otras medidas más ambiciosas, pero rebajaron sus expectativas ante la perspectiva de un posible acuerdo con las patronales. Esa aproximación no se llegó a materializar y el acuerdo fue presentado a mediados de junio, un mes y una semana antes de las elecciones generales de 2023.

Aquel día pasó algo inédito, un episodio sin precedentes, según los representantes del diálogo social: a la vez que Díaz presentaba el acuerdo con los representantes de los trabajadores, la parte socialista del Gobierno expresaba su oposición al mismo. La Moncloa dijo que la norma estaba “muy verde” y el Ministerio de Economía, que le faltaba “trabajo técnico”. El texto, entonces planteado como decreto ley, quedó aparcado hasta el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar. Prometía, de forma telegráfica, lo siguiente: “Aprobaremos el estatuto del becario”.

El anteproyecto continuó sin avances durante meses, pese a que Pedro Sánchez fue investido en noviembre de 2023. Este bloqueo indignó a los sindicatos, que oficializaron su descontento con una nota conjunta en mayo de este año. “Decenas de miles de jóvenes continúan siendo víctimas de un modelo de prácticas plagado de abusos, que encubre relaciones laborales, carece de garantías mínimas y cronifica la precariedad en los primeros pasos del itinerario profesional de la juventud”, denunciaban las centrales. A la vez, subrayaban que era necesaria la “voluntad del conjunto del Gobierno para que el estatuto sea una realidad”, en una clara referencia a la disparidad de opiniones entre PSOE y Sumar.

Antes del verano, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya indicaba que el texto había sido “pacificado” con el PSOE, afirmación confirmada tras el visto bueno que la norma recibió en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) del 21 de julio, órgano que orquesta el Ministerio de Economía. Cualquier norma de índole económica necesita pasar este trámite antes de acceder al Consejo de Ministros. Desde entonces existe la expectativa de que la norma llegue a la reunión del gabinete.

Díaz dijo hace semanas que iría al Consejo de Ministros del 16 de septiembre, pero finalmente no entró en aquel orden del día. Preguntado al respecto a principios de octubre, Pérez Rey dijo: “El estatuto está completamente pacificado en el seno del Gobierno y ha pasado todos los trámites de órganos colegiados previos al Consejo de Ministros. La razón exclusiva de que no haya ido tiene que ver con la programación del Consejo. En el primero que haya un hueco irá el estatuto del becario”. Ese hueco se abre el 4 de noviembre.

Oposición en el Parlamento

Al tratarse de un anteproyecto de ley, el mismo exige el visto bueno del poder legislativo para entrar en aplicación. En 2023, cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, ya parecía difícil que saliera adelante en el Congreso por las dudas que expresaron varios socios del Ejecutivo, como PNV, ERC y Bildu. De las elecciones que se celebraron seis semanas después resultó en una mayoría aún más precaria para el Gobierno, con la necesaria participación de Junts para cualquier iniciativa.

El grupo liderado por Carles Puigdemont ya rechazó en septiembre la norma estrella de la legislatura, la prometida reducción de jornada laboral a 37 horas y media. La semana pasada dio un paso más con el anuncio de ruptura del pacto de investidura, avalado por la militancia de Junts. Esta novedad política complica aún más el camino de un proyecto que ya tenía pocas oportunidades de prosperar en el legislativo.

Para ese capítulo aún faltan varios meses, ya que la norma debe volver a pasar por el Consejo de Ministros en segunda ronda. Entre esta primera lectura y la segunda, el anteproyecto se enfrentará a varias evaluaciones e informes preceptivos. Ese periodo intermedio duró tres meses en el anteproyecto de reducción de jornada, pero la previsión es que esta vez se alargue más porque aquella norma tenía asociada la declaración de urgencia. El Estatuto no tiene tal consideración.

Reforma del despido

La otra gran reforma que plantea Trabajo y que exige el concurso del Parlamento es el cambio en el régimen de despido. Tras las resoluciones del Consejo de Europa que indican que la normativa española no cumple la Carta Social Europea en esta materia, Díaz defiende una reforma que instaure el despido restaurativo. Es decir, que las indemnizaciones tomen en cuenta las circunstancias personales del trabajador cesado. Es un planteamiento que las patronales y el Ministerio de Economía rechazan, pero Trabajo y los sindicatos defienden la conveniencia del cambio por el tirón de orejas europeo. Hace dos semanas el ministerio abrió esta negociación con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme. Las dos últimas han anunciado que no acudirán a más reuniones para tratar este tema, dado el rechazo del Supremo a las indemnizaciones adicionales en verano.

Otros cambios planteados por Trabajo pueden salir adelante por decreto, como el endurecimiento del registro horario, el incremento del salario mínimo e impedir que las empresas puedan absorber ese aumento con la eliminación de pluses. La patronal discute que ese cambio se pueda hacer vía decreto, sin rango de ley, y amenaza con acciones judiciales.

Con información de Carlos E. Cué.