El Consejo de Ministros aprueba acelerar los plazos para endurecer el registro horario

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado dar carácter de urgencia a la tramitación del nuevo registro horario, con el que el Ministerio de Trabajo pretende aliviar el problema de las horas extra impagadas en España. La responsable del departamento y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció el viernes que el gabinete daría ese carácter urgente a la tramitación, con el que, según explica el ministerio, se acortan a la mitad los plazos preceptivos. Así, según las estimaciones de Trabajo, el nuevo registro podría entrar en vigor en unos cinco meses en el escenario más optimista.

Antes de que el registro sea realidad quedan varios pasos por el camino. En primer lugar, el Gobierno le da ese carácter de urgencia sin haber presentado un texto articulado, pero en el ministerio subrayan que será similar al que ya se pactó con los sindicatos. El acuerdo para reducir la jornada a 37 horas y media, que tropezó en el Congreso, incluía un endurecimiento del registro horario con tres puntos clave: obligar a que sea digital, que sea interoperable para que pueda acceder Inspección y un aumento de las sanciones por incumplimientos.

Los dos primeros elementos estarán en la propuesta de Trabajo porque se pueden modificar sin el aval del Congreso, pero no el tercero, ya que exige un cambio normativo (de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social). Trabajo ha señalado que no renuncia al aumento de las sanciones, pero de momento no se incluirá en el proyecto.

El proyecto ya pasó la fase de consulta pública, que terminó el viernes pasado. Una vez tenga el visto bueno de los órganos interministeriales, como la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, irá en primera vuelta al Consejo de Ministros. Después llegará el turno de los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social y de la Agencia de Protección de Datos, que tendrán un máximo de 15 días para emitir sus valoraciones. “La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba“, precisa la norma que regula el trámite de urgencia. Después se aprobaría en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y con su publicación en el Boletín Oficial del Estado entraría en vigor.

Tras la aprobación de la urgencia, el sindicato CC OO ha aplaudido la decisión en un comunicado: “CC OO celebra dar carácter de urgencia a estos cambios necesarios, y ha requerido al Gobierno que recoja en el Real Decreto la literalidad del texto recogido en la propuesta de ley, que no requiere modificación legislativa, en lo referido al control y registro horario, la desconexión digital”. El sindicato que lidera Unai Sordo cree que la tramitación urgente es “preceptiva” porque España “está requerida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a garantizar un registro de jornada fiable, así como por la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento de los convenios 1 y 30 sobre jornada de trabajo”.

UGT también viene insistiendo en la importancia de reformar el registro horario cuanto antes, dado el volumen de horas extra impagadas de la economía española. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 420.300 trabajadores no cobran ni una de sus horas extra y 71.400 solo reciben emolumentos por una parte de las horas de más que realizan. “Es una buena noticia”, ha dicho el jefe de UGT, Pepe Álvarez, sobre la aprobación del trámite de urgencia. “La patrona tiene que aceptar que las reglas de juego se tienen que cumplir. No pedimos nada extraordinario. Quien cumple no tiene por qué preocuparse, solo los incumplidores permanentes”, ha agregado Álvarez.

La patronal, por su parte, se ha mostrado muy crítica con la intención de Trabajo de endurecer el registro por decreto. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dijo el jueves pasado que Díaz endurecerá “sola” el control horario porque se ha “enrabietado” por el fracaso de la reducción a 37 horas y media. Díaz contestó al día siguiente: “Quiero dirigirme a él por el machismo que rezuman las palabras que ha dicho sobre mí. Quiero decirle claramente que no vamos a permitir que personas como el señor Garamendi, que cobra salarialmente 25 veces el salario mínimo, nos dé lecciones de reducción de jornada laboral“.

El PSOE modificó el Estatuto de los Trabajadores en 2019 para obligar a que haya un registro horario en las empresas. Trabajo cree que esa normativa se quedó corta y que no consigue evitar las horas extra impagadas, y por ello ven necesario un desarrollo reglamentario que entonces no se afrontó. De ahí que la iniciativa no necesite el visto bueno del Congreso, al no tratarse de un cambio en una ley, sino de un desarrollo reglamentario de una norma ya en vigor.