Medio millón de empleados no cobran sus horas extra, el agujero que quiere tapar Trabajo con el refuerzo del registro horario
Las actividades financieras, las inmobiliarias y la educación son las que más sufren este fenómeno. Hay una mayor proporción de asalariados con horas extra impagadas que antes de la reforma de 2019


La precariedad parlamentaria del Gobierno amenaza el éxito de la reducción de jornada, la gran promesa del acuerdo que alcanzaron PSOE y Sumar en 2023. Las reticencias de Junts ante el proyecto que Trabajo pactó con los sindicatos complican que la jornada ordinaria caiga de 40 a 37 horas y media, pero hay otros cambios referentes al tiempo de trabajo que pueden prosperar sin el aval del legislativo. El departamento de Yolanda Díaz, como ha adelantado el lunes este periódico, reforzará el registro horario para hacerlo más efectivo, pase lo que pase con el anteproyecto de ley, porque para ello basta cambiar un reglamento mediante un real decreto.
La intención del ministerio interpela a 459.900 asalariados que hacen horas extra en España y que no cobran al menos una parte de ellas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, referentes al primer trimestre de este curso. Son más que en el mismo periodo de un año antes, cuando eran 431.300 asalariados, y también más que en 2023, cuando fueron 443.000.
Estas cifras absolutas se ven condicionadas por la evolución del número de ocupados, que en los últimos años crece con fuerza. Por ello también es importante relacionar esta cifra con el total de asalariados: con ese parámetro, el 2,5% de los asalariados hicieron horas extra no pagadas en España en el primer trimestre, una décima más que un año antes y exactamente la misma proporción que en 2023.
Es un guarismo incluso mayor que en 2019, cuando el PSOE modificó el registro horario para hacerlo más efectivo. “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”, indica el texto que elaboró el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando los socialistas gobernaban en solitario. La norma detalla que los registros deben conservarse durante cuatro años y estar a disposición de los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo.
Los inspectores aseguran que este cambio no ha funcionado porque la empresa puede registrar la jornada sin utilizar medios fiables. “La norma ha dejado libertad para que el registro se tome como la empresa quiera. Sí, debe haber una consulta a los trabajadores, pero la decisión es del empresario y no le obliga a utilizar métodos fiables. Puede usar papeles, tan manipulables y modificables”, explicó en un reportaje al respecto de este periódico María José Díaz, presidenta de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Hay jurisprudencia en contra de estos registros tan rudimentarios, pero esta experta señalaba que se siguen utilizando y que la norma actual no les pone coto.
La mitad no cobran todas sus horas extra
Otra variable interesante es, respecto al total de asalariados que hacen horas extra, cuántas personas no cobran por ellas. Ese parámetro tampoco va a mejor: en el primer trimestre eran el 50,5%, dos puntos más que en el mismo trimestre del año anterior (48,7%). En el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, eran el 47,1%.
Esta proporción es una suma de dos grupos que el INE identifica por separado: los que no cobran ni una de sus horas extra y los que hacen horas extra tanto pagadas como impagadas. Según el último registro del INE, el 42,6% de los asalariados españoles son del primer grupo (no cobran por sus horas extra) y el 7,9% del segundo (cobran solo una parte). A la vez, 450.200 asalariados sí cobran sus horas extra, el 49,5% de los que estiran sus jornadas ordinarias.
También es relevante el número total de horas extra y cuántas de ellas se abonan y cuántas no. En el primer trimestre de 2025, los asalariados españoles hicieron 3.316.000 millones de horas extra pagadas a la semana y 2.566.000 impagadas, lo que deja la parte no abonada en el 43,6% del total, algo más que un año antes (41,2%), pero tres puntos menos que en el mismo periodo de 2019 (46,4%).
Más mujeres que no cobran sus horas extra
La Encuesta de Población Activa también permite desagregar las horas extra por sexo: hay más hombres que hacen horas extra (5,49% del total de asalariados) que mujeres (4,31%), una de las principales explicaciones en la brecha salarial, según vienen denunciando los sindicatos. Al estar menos implicados en los cuidados, ellos tienen más disponibilidad para hacer horas extra y engordar sus retribuciones, lo que después ayuda a obtener más ascensos. Al mismo tiempo, del total de cada sexo que hacen horas extra, el fenómeno de las impagadas es más común entre ellas: el 46% de los hombres que hacen horas extra no las cobran todas, frente al 56,7% de las mujeres.
Por sectores, los que tienen mayor proporción de asalariados que hacen horas extra impagadas son las actividades financieras (5,4%), las inmobiliarias (5,2%), la educación (5%) y las actividades científicas y técnicas (4,9%). En el otro lado de la balanza están empleo doméstico (0,1%), el campo (0,6%), las actividades administrativas (1,1%) y el suministro de agua (1,6%).
“Este fenómeno sale del cliché de la precariedad. Las horas extras no pagadas se relacionan con las actividades de cuello blanco. Es decir, con ocupaciones técnicas del sector servicios”, explicaba Luis Zarapuz, del gabinete de estudios de CC OO, recientemente a este periódico. Habla de abogados, periodistas, arquitectos o consultores. “Mira lo que descubrió Inspección en las Big Four”, dijo, en referencia a la gran bolsa de horas extra impagadas descubiertas en las grandes consultoras de España. “En muchas se trabaja por objetivos, no tanto con horarios. Hay un incumplimiento flagrante de las horas estipuladas”, añade Zarapuz.
Más multas de Inspección
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló en octubre del año pasado que la Inspección de Trabajo había aumentado un 54% sus actuaciones para controlar las horas extraordinarias no pagadas desde 2015, lo que ha supuesto una recaudación de más de 15 millones de euros por incumplimientos empresariales. Por entonces, en septiembre del año pasado, CC OO calculó que las horas extra no pagadas en España equivalen a un coste laboral de 3.254 millones de euros que en un año los empleadores dejan de pagar a trabajadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria entre salario, impuestos directos y cotizaciones sociales.
El tiempo de trabajo posterior a la jornada ordinaria también está en liza por la reclamación que UGT ha interpuesto ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. En ella, el sindicato que dirige Pepe Álvarez denuncia que España no cumple la Carta Social Europea, que en su artículo 4 establece: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares”. España se comprometió en 2021 a cumplir con esta normativa del Consejo de Europa, pero el estatuto de los trabajadores aún no especifica que las horas extra se deban compensar con una retribución superior.
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