Las eléctricas notifican al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

Las eléctricas dan el primer paso para ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. Según señalan fuentes al tanto de la situación, Iberdrola, Endesa y Naturgy han enviado este viernes la notificación al Ministerio para la Transición Ecológica en la que expresan su voluntad de prorrogar la operativa de la planta atómica extremeña, cuyo primer reactor tiene previsto el cierre en noviembre de 2027.

Concretamente, dicha misiva, a la que ha tenido acceso El PAÍS, se dirige a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen. En la misma, subraya: “Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz estamos dispuestas a tramitar la extensión de la autorización de explotación de los dos grupos de dicha central hasta el año 2030”.

A renglón seguido, las eléctricas añaden: “En función de los calendarios aplicables en cada caso, también estamos dispuestos a tramitar la extensión del resto del parque nuclear”. Las compañías argumentan que están dispuestas a solicitar dicha prórroga “en el contexto actual de incertidumbre sobre la estabilidad de tensión en el sistema eléctrico español y, como consecuencia, en la garantía de suministro”. “Dicha extensión no solo resultaría técnicamente viable, sino que además facilitaría ejecutar el despliegue de nueva generación renovable previsto en el PNIEC, y evitaría generar un hueco muy relevante de capacidad de generación síncrona en el sudoeste peninsular”. Y es que el motivo de la carta esgrimido por las eléctricas es hacer una “propuesta de medidas para estabilizar el sistema”.

Transición Ecológica, por su parte, ha confirmado a este diario que las eléctricas han mostrado “su disposición a ampliar el calendario de cierre de Almaraz”, según consta en la carta remitida. Fuentes de este departamento recalcan que “no ha cambiado su posición” y subrayan que la ampliación del calendario de cierre “no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes”, además de cumplir con los requisitos de seguridad nuclear y de suministro.

Esta comunicación a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, máxima responsable en materia energética en España, es un primer paso formal después de que la junta de administradores de CNAT (Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo) confirmara el pasado martes su intención de continuar con la planta en funcionamiento más allá de la fecha pactada de cierre. La petición apunta a proseguir operando Almaraz hasta 2030.

Aún falta la petición formal

No obstante, la petición formal de prórroga no llegará, previsiblemente, hasta finales de la próxima semana, justo antes de que termine el plazo máximo en el que las compañías tienen que enviar el plan de desmantelamiento al Consejo de Seguridad Nuclear, que es 31 de octubre. Así lo expresaron fuentes de Iberdrola el pasado martes, al terminar la reunión ordinaria que mantuvieron las tres empresas dueñas de la infraestructura de generación eléctrica. Para esta primera notificación, las empresas ya han obtenido el aval interno necesario.

Aún falta que la próxima semana se reúna la comunidad de bienes de Almaraz, algo así como la junta de accionistas de CNAT, en la que tendrán que refrendar la petición de prórroga, que posteriormente será enviada al ministerio. Iberdrola es quien lidera esta gestión, ya que es el principal propietario. Suma el 52,7% del capital social de la central nuclear, mientras que Endesa posee el 36% y Naturgy el 11,3% del accionariado.

Con esta propuesta, las eléctricas ponen la pelota en el tejado del Gobierno, que tiene que ser quien decida si atiende esta petición o prefiere mantener el actual calendario de cierre, tal y como le exige el socio de investidura Sumar, que reivindica el acuerdo alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

En los últimos meses, las eléctricas han intentado que el Gobierno hiciera un gesto con las nucleares y aceptara algún tipo de contrapartida fiscal, ya que aseguran que la actual carga impositiva que sufren las centrales las hace inviables desde el punto de vista económico.

Sin embargo, desde el departamento que lidera Sara Aagesen han establecido tres líneas rojas. Exigen que una hipotética revisión del calendario de cierre garantice la seguridad nuclear, la seguridad de suministro y, sobre todo, que no suponga un coste para los consumidores y los contribuyentes.

Dicho de otro modo, el Gobierno se ha negado a hacer cualquier gesto que suponga una contrapartida fiscal. Como ya dijo el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados tras el apagón del 28 de abril, si las empresas hacen alguna petición se estudiará, pero primero deben hacer la propuesta. Las empresas estaban reticentes a hacer la petición sin contrapartidas y en las últimas semanas han asegurado que no les queda más remedio que seguir los planes de cierre. Sin embargo, tal y como adelantó este diario el pasado 15 de octubre, finalmente van a realizar la petición.

Las empresas consideran que las nucleares son imprescindibles de cara al futuro por razones de autonomía estratégica, para evitar que suba el precio de la energía y porque suponen un refuerzo para el sistema ante potenciales desconexiones de suministro como la ocurrida en el apagón.

Las eléctricas se han puesto de acuerdo en ampliar Almaraz por tres años más. Sin embargo, no hay consenso entre Iberdrola, Endesa y Naturgy sobre propuestas más generales respecto a ampliar la vida útil de todo el parque atómico en España. No obstante, la presión ejercida sobre el cierre en las últimas semanas sí ha tenido efecto a nivel regional. Este mismo mes, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se comprometía a reducir la ecotasa a la mitad si se ampliaba la vida útil de la central nuclear extremeña más allá de 2027. Se trata de una exigencia de Vox para aprobar los presupuestos. El adelanto electoral sobrevuela la comunidad autónoma al no tener aún cerrado acuerdo con el partido liderado por Santiago Abascal.

En la misma línea, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también eliminó la ecotasa nuclear por exigencia de Vox, entre otras medidas, para sacar adelante los presupuestos regionales y evitar así un hipotético adelanto electoral.

Al margen de la petición de ampliación de la vida útil, las empresas están obligadas a continuar con los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Según una instrucción técnica emitida el pasado mes de julio, las compañías deben entregar el plan de desmantelamiento de Almaraz el próximo 1 de noviembre, dos años antes de la parada definitiva acordada. Esto emana de una orden ministerial de 2020 en la que ya se decretó el cese definitivo en 2027. Esta orden atiende al calendario de cierre pactado entre empresas y Gobierno en 2019. Según el mismo, el primer cierre es el del reactor I de Almaraz en 2027 y concluiría en 2035 con el cierre de la central de Trillo.

El calendario de cierre coincide con un potencial cambio de Gobierno en 2027 a tenor de lo que dicen las encuestas. El PP y Vox son partidarios de mantener la energía nuclear, por lo que el cierre de Almaraz ahora tendría efectos dispares para las compañías. Afectaría más a Iberdrola, que posee más del 50% de Almaraz. Sin embargo, el cierre de Ascó y Vandellós está programado entre 2029 y 2030. Estas plantas son mayoritariamente propiedad de Endesa. Un cambio de política energética generaría efectos diferentes.