El régimen de Túnez choca con la UE y se ve amenazado por los sindicatos tras encarcelar a la oposición

Amenazado por la reciente ola de protestas sociales que sacude Túnez, el presidente Kais Said ha tenido un choque diplomático con la UE, que apuntala la economía del país magrebí a cambio del control de la migración irregular. También se ha visto desafiado por la convocatoria de una huelga general de la Unión General de Tunecina del Trabajo (UGTT), sindicato con un millón de afiliados en un país de 12 millones de habitantes. Said, que gobierna de forma autocrática desde 2021 tras haber clausurado el Parlamento, ha acorralado en los dos últimos años a la oposición. Con el ingreso en prisión, el pasado jueves, de Nejib Chebbi Ahmed, de 81 años y líder de la coalición opositora Frente de la Salvación Nacional, casi toda la disidencia al régimen ha acabado ya entre rejas o en el exilio.

Por cuarto fin de semana consecutivo, una masiva manifestación recorrió el sábado la céntrica avenida Habib Burgiba de la capital tunecina bajo el lema “La oposición no es un crimen” y para reclamar la liberación de los detenidos por delitos de opinión. El encarcelamiento de Chebbi, dirigente de la izquierda desde hace seis décadas y figura política de la transición, tras el derrocamiento del dictador Zin el Abidín Bel Alí en las revueltas de la Primavera Árabe de 2011, cierra la lista de más de 40 opositores encausados en un macrojuicio por “atentar contra la seguridad del Estado”. Su sentencia firme a 12 años de cárcel fue dictada la semana pasada. Otros presos han visto ratificadas sus condenas de hasta 45 años de prisión, mientras que unos pocos –procesados en rebeldía, como el intelectual francés Bernard-Henri Lévy– se encuentran a salvo en el extranjero.

Su arresto estuvo precedido por el de destacados opositores como la activista política Chaima Issa o el abogado Ayachi Hammami. Issa, condenada a 20 años de prisión, fue detenida en el curso de la manifestación de la oposición organizada el día 1 por agentes de paisano que cubrían su rostro para no ser identificados y que la evacuaron en un furgón sin placas de identificación policial. La ONG Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, sostiene que “las duras penas impuestas persiguen silenciar a la disidencia” de manera que casi toda la oposición se encuentra en la cárcel o en el exilio, y que Túnez “ha regresado a la era represiva” del dictador Ben Alí tras el paréntesis democrático posterior a la Primavera Árabe. HRW ha pedido este martes la liberación de todos los condenados, ya que considera que los cargos presentados en su contra eran “infundados” y no se han basado en “pruebas creíbles”.

El anuncio hecho público el viernes por la poderosa central de trabajadores tunecina de convocar una huelga general en enero es interpretado como un ultimátum al presidente tras la erosión de las libertades y escalada del acoso a la oposición. La protesta también se dirige contra el deterioro de la situación social y laboral en el país norteafricano, donde el salario mínimo mensual está fijado en 520 dinares (150 euros) mientras la tasa de inflación supera el 5% anual, tras haber alcanzado el 10% en 2023.

“No nos intimida la amenaza de la cárcel y proseguiremos nuestra lucha”, ha advertido Nuredín Tabubi, líder de la UGTT, el sindicato que, en aras de poner fin al caos en la economía, avaló en 2021 el autogolpe presidencial para disolver un Parlamento surgido de las urnas que no controlaba.

La semana anterior a la convocatoria del primer paro nacional contra el Gobierno desde la llegada al poder de Said, el sindicalista Tabubi se había reunido con el embajador de la Unión Europea en Túnez, Giuseppe Perrone. En un inusual gesto diplomático, Said convocó al enviado comunitario en el palacio de Cartago, sede de la Presidencia tunecina, para protestar contra lo que denominó “flagrante injerencia” en los asuntos internos de su país. La queja presentada al embajador coincide además con una resolución no vinculante aprobada por el Parlamento Europeo en la que se llamaba a la liberación de los detenidos en Túnez por el mero ejercicio de la libertad de expresión. En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores conminó a la embajadora de Países Bajos en Túnez por haberse entrevistado con un miembro de la oposición.

Control del flujo de pateras

En sucesivas votaciones sobre Túnez, la Eurocámara ha estimado que las ayudas económicas enviadas por la UE deben estar condicionadas a los criterios de respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Tras un acuerdo alcanzado con Bruselas en 2023, Said ha emprendido una política de mano dura con los migrantes irregulares subsaharianos que tratan de alcanzar desde Túnez las costas europeas en pateras por el Mediterráneo central.

En contrapartida, aspira a recibir hasta 1.000 millones de euros en forma de ayuda al desarrollo del país magrebí. La Italia de la primera ministra Giorgia Meloni se presenta como la principal valedora del acuerdo de asociación estratégica del Túnez de Said con la Unión, adonde el país magrebí envía el 70% de sus exportaciones. En los once primeros meses de este año, Italia ha registrado la entrada de 4.500 migrantes irregulares procedentes del litoral tunecino, en el mismo periodo de 2023 fueron 96.000 las entradas por la misma vía de migrantes de muy variadas nacionalidades. La UE se dispone a considerar a Túnez como “país seguro” con el objetivo de acelerar la denegación de peticiones de asilo “infundadas” y el retorno de migrantes irregulares procedes del sus costas.

El deterioro de los servicios públicos y la crisis económica en la que está sumido el país magrebí están detrás de la mayor oleada de malestar ciudadano registrada desde la llegada al poder de Said, que ha pilotado la demolición del sistema multipartidista surgido en 2011 en el primer estallido de la Primavera Árabe. El presidente achaca sistemáticamente las expresiones de descontento a una conspiración extranjera dirigida a socavar el Estado mediante crisis ficticias.

Revuelta contra la contaminación

Las protestas más masivas se han registrado en la región costera de Gabes (sureste), donde la contaminación causada por la industria química ha movilizado miles de manifestantes. En septiembre, más de 200 personas, en su mayoría menores en edad escolar, tuvieron que ser atendidas en centros sanitarios de la zona con problemas respiratorios.

Said aseguró el sábado mediante un comunicado de la Presidencia que las deficiencias observadas en las instalaciones de la empresa pública Groupe Chimique Tunisiene (CGT) se deben a la falta de mantenimiento y a la corrupción publica anteriores a su mandato. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado ante la justicia la grave contaminación ambiental para exigir el cierre de la planta de CGT de Gabes. El tribunal que lleva el procedimiento, calificado de urgente, volvió a retrasar el jueves su decisión, por cuarta vez desde la fecha prevista, y lo ha aplazado hasta el 25 de diciembre.

Las cuatro decenas de dirigentes de partidos, ex altos cargos, intelectuales y empresarios que han sido condenados en firme por “conspirar contra la seguridad del Estado” son figuras de distintas corrientes políticas ―conservadores y progresistas, laicos e islamistas―, aunque con el denominador común de haberse opuesto a la deriva autoritaria del presidente Said. En otro proceso, también ha sido condenado a 22 años de prisión el líder histórico islamista Rachid Ganuchi, de 83 años, fundador del partido Ennahda, el más votado (40,7%) en las elecciones legislativas de 2019, las últimas a las que pudo presentarse antes de su prohibición.

El acoso a la oposición comenzó en febrero de 2023 en una redada policial en la casa del dirigente socialdemócrata Jayan Turqui Zaragoza, quien cuenta con pasaporte español como hijo de una exilada republicana tras la Guerra Civil española. Su detención se produjo después de haber organizado en su casa una reunión a la que asistieron diplomáticos occidentales, miembros de la oposición y representantes de la sociedad civil tunecina en torno a un tradicional cuscús.