Trabajo lleva a la Generalitat Valenciana a la fiscalía por supuesta prevaricación administrativa

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía la anulación, por parte de la Generalitat de Valencia de una serie de procedimientos sancionadores de la Inspección provincial de Trabajo de la comunidad valenciana relacionados con trabajos tras la dana, según ha informado este viernes el departamento que dirige Yolanda Díaz. Con este traslado de estas sanciones anuladas al ministerio público Trabajo pretende que la investigue si la Generalitat Valenciana ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había impuesto estas sanciones por los accidentes laborales que se produjeron de facto o por los riesgos graves ocurridos durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Según Trabajo, en estos expedientes se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores, lo que provocó que estos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador.

De hecho, la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anunció el pasado diciembre que su departamento llevaría a la Fiscalía a la Generalitat Valenciana por anular una sanción concreta de Inspección a una Unión Temporal de Empresas (UTE), que obligó a trabajar al citado empleado que acabó falleciendo.

El Ministerio ha considerado que todos estos expedientes, incluido el del fallecido, fueron anulados por la autoridad laboral valenciana “de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores actuantes, por lo que la decisión consideramos que se revela como arbitraria y eventualmente delictiva”.

En noviembre de 2024, apenas transcurrido un mes tras el paso de la dana, Trabajo informó de que había abierto expediente sancionador a 106 empresas por incumplir presuntamente la normativa sobre prevención y riesgos laborales durante la catástrofe y, en concreto, por hacer ir a trabajar a los empleados durante una alerta naranja o roja en vigor por fenómenos meteorológicos como el sucedido en Valencia.

El Gobierno valenciano ha reaccionado a la iniciativa de Trabajo: “En el conjunto de expedientes relacionados con los hechos indicados, la Generalitat Valenciana confirmó la sanción propuesta por la Inspección en seis empresas. Es decir, la Autoridad Laboral analizó las circunstancias concurrentes en cada caso y mantuvo aquellas propuestas que consideró ajustadas a derecho, dejando sin efecto las que no se consideraron ajustadas a derecho. Esta actuación evidencia una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales”.

En algunos casos, prosigue el Ejecutivo valenciano, la autoridad laboral apreció la concurrencia de circunstancias vinculadas a un episodio extraordinario de fuerza mayor, elemento que jurídicamente excluye o limita la responsabilidad administrativa cuando los hechos se producen en un contexto de emergencia imprevisible.

Por ello, no resulta adecuado presentar el ejercicio ordinario de las competencias administrativas “como una actuación irregular o arbitraria, ni confundir propuestas de sanción con resoluciones firmes. Convertir un debate jurídico propio del procedimiento administrativo en insinuaciones de carácter penal supone cuestionar el funcionamiento normal del sistema de inspección laboral y de las garantías procedimentales”.

La Generalitat subraya que “todas las resoluciones administrativas adoptadas están debidamente motivadas y sujetas, como cualquier acto administrativo, al control de los tribunales”. En cualquier caso, asegura que colaborará con cualquier actuación de investigación que se pueda llevar a cabo, aportando la documentación necesaria para acreditar que las decisiones se ajustan al ordenamiento jurídico.