El Gobierno actualiza la Estrategia Nacional de Seguridad Energética en plena crisis por el apagón

El Gobierno está en proceso de actualización de la Estrategia de Seguridad Energética. El Ejecutivo revisará de esta manera el plan aún vigente, que data de 2015, y que tras más de 10 años se considera que ha quedado obsoleto. Según consta en documentación oficial a la que ha tenido acceso El PAÍS, la nueva hoja de ruta está pendiente de presentación a una ronda de expertos y a las comunidades autónomas para que puedan trasladar sus aportaciones. Se trataría de un primer borrador.

La planificación que fije ese documento es un elemento crítico para la seguridad del suministro y el Gobierno la actualiza en uno de los momentos de mayor crisis del sistema eléctrico español. El Ejecutivo ha decido mover ficha después del histórico apagón del pasado 28 de abril, que dejó sin luz durante horas a España y Portugal. La Estrategia de Seguridad Nacional está recogida en un documento que certifica el Departamento de Seguridad Nacional, un ente que depende directamente de Presidencia del Gobierno.

Ya hace diez años, el plan aún vigente firmado por Moncloa señalaba que “la energía es un componente fundamental de la prosperidad, el crecimiento económico y bienestar de la sociedad, así como de la propia soberanía y continuidad del Estado. Sin energía no hay desarrollo ni progreso posible”.

“Para este Gobierno, la salvaguarda de los intereses energéticos nacionales es una prioridad absoluta, porque solo si protegemos nuestro patrimonio energético de presente y futuro estaremos en condición de tutelar y velar por el resto de nuestros intereses vitales. De esta forma construiremos una sociedad más próspera y equitativa y contribuiremos a un mundo más sostenible. Por este motivo, la seguridad energética ocupa un lugar central en el espacio público de la Seguridad Nacional”, añadía el documento de 2015.

Como ya adelantó este medio tras el apagón, la actual Estrategia Nacional de Seguridad Energética se quedó obsoleta, ya que esta depende de un plan superior que es la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. Posteriormente, se han aprobado nuevas actualizaciones en 2017 y 2021 de dicha Estrategia de Seguridad Nacional, por lo que el documento relativo a la seguridad energética ha quedado desfasado.

En línea con lo anterior, cabe destacar que el Comité Especializado de Seguridad Energética se reunió en el Complejo de la Moncloa el pasado 10 de julio para abordar la situación de la seguridad energética y sus principales derivadas en España.

En la reunión del comité, además de presentar ante sus vocales el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025, así como las medidas adoptadas por el Gobierno de acuerdo con las recomendaciones de este trabajo, se trataron aspectos relacionados con la seguridad energética en el marco del actual contexto geopolítico desde una perspectiva estratégica.

También se dio tratamiento a un aspecto de máximo interés, como es la relación entre la seguridad energética y la seguridad climática. Cabe recordar que, tal y como refleja la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, “la crisis climática ha dado paso a una mayor concienciación política y social de la necesidad de luchar contra sus consecuencias a través de procesos de transición ecológica”, señaló en julio Moncloa.

Esta situación se da pese a que en 2020 el Consejo de Seguridad Nacional declaró de “vital importancia” aprobar una nueva Estrategia de Seguridad Energética. Pero la pandemia provocó que las prioridades fueran otras. Posteriormente, la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, volvió a desviar el foco de las preocupaciones en materia de seguridad, a pesar de que el uso del suministro de gas como arma de presión contra Occidente por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, puso en evidencia que se trataba de un asunto extremadamente sensible y urgente.

La Estrategia de Seguridad Energética Nacional de 2015, aún vigente, incluye entre los riesgos “la actualización insuficiente e inversiones inadecuadas en infraestructuras energéticas” y advierte de que “su mantenimiento y actualización” resultan necesarios para el desarrollo de las interconexiones de la red de la península Ibérica con la del resto de países de la UE, que considera insuficientes. Además, advierte de que “accidentes industriales graves” en infraestructuras energéticas, debidos a fallos técnicos o errores humanos, pueden comprometer la seguridad energética nacional. Los informes elaborados tras el apagón revelan fallas en algunas infraestructuras energéticas, sin que por ahora se hayan dirimido las responsabilidades en el incidente.

Ha tenido que ocurrir un incidente de extrema gravedad, que los investigadores europeos del apagón han considerado el peor de la historia de Europa en 20 años e incluso han llegado a apuntar a que ha sido el peor del mundo de esta naturaleza, para que Moncloa revise su estrategia de seguridad energética.

En plena alerta por la seguridad de suministro

Dicha revisión se produce, además, en uno de los momentos que más dudas existen sobre el sistema eléctrico español. Después del apagón, Red Eléctrica decidió implementar un modo de operación reforzado. De esta manera, el operador del sistema se cubre en salud y, pese al mayor coste para los consumidores, aplica una operativa que, en teoría, evitaría una catástrofe como la ocurrida el 28 de abril, por la que todavía no se han depurado responsabilidades pese a las pérdidas económicas e incluso humanas que provocó.

Sin embargo, en las últimas semanas han saltado todas las alarmas ya que Red Eléctrica solicitó de urgencia a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que modificara diversos procedimientos de operación ante el riesgo inminente para la seguridad de suministro.

Las condiciones de baja demanda por las temperaturas más suaves unidas a una elevada generación por el aumento de productores tras el bum de las renovables, han puesto de relieve de nuevo vulnerabilidades para el sistema eléctrico, como reconocía la propia Red Eléctrica en las peticiones de cambiar su operativa enviados al regulador hace poco más de dos semanas.

La CNMC ya ha aprobado diversos cambios. No obstante, había una serie de modificaciones que exigía a las compañías eléctricas que no ha aceptado, después de que estas pidieran no ser obligadas a los requerimiento de control de tensión que les exigía ahora el operador del sistema. El hecho de que las compañías admitieran que no podían cumplir con estos requerimientos, ha acrecentado las dudas entre algunos expertos del sector. Las eléctricas aseguraron que obligarles a elevar los requisitos de control de tensión podría dañar su maquinaria sin que hubiera evidencias de que eso permitiría controlar mejor la tensión. Un exceso de tensión es la principal hipótesis que maneja el sector sobre el origen del apagón.

Por ahora, los diferentes agentes se culpan mutuamente de la desconexión masiva que se produjo el 28 de abril. Red Eléctrica acusa a las compañías, mientras que estas creen que el culpable fue el operador del sistema (Red Eléctrica). Sin embargo, ya empieza a haber voces que deslizan que también hay otros responsables. En este sentido, destacan que la CNMC no actualizó el procedimiento de operación 7.4 relativo a control de tensión pese a que Red Eléctrica venía solicitándoselo desde 2021. Por ahora, el Gobierno no ha estado entre los principales acusados. El director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel García, ha asegurado este jueves que su departamento no tuvo “constancia ni conocimiento ni alerta de que pudiera haber un riesgo de interrupción del suministro eléctrico” en los días previos al apagón que sufrió la Península Ibérica del pasado 28 de abril.