El apetito inversor por la deuda española resta atractivo a los créditos del fondo de recuperación

El calendario aprieta y Bruselas mete prisa. A cerca de un año para que finalice el mecanismo de recuperación europeo, España solo ha solicitado el 45% de las ayudas que tiene asignadas entre subvenciones y préstamos, un cañonazo inédito de recursos que la UE lanzó en 2021 para acelerar la recuperación pospandemia. Con las hojas del calendario que van cayendo, la Comisión Europea ha instado esta semana al Gobierno a que pise el acelerador, al igual que a otras 14 capitales que van igual o más rezagadas. Pero la situación no es hoy la misma que hace cuatro años. España crece ahora con fuerza, ha mejorado los marcados desequilibrios presupuestarios originados por la crisis y hay un creciente apetito inversor por su deuda pública, lo que quita atractivo a la parte del fondo vinculado a los créditos. De hecho, el Ejecutivo ya ha avanzado que priorizará agotar las transferencias directas en esta recta final del plan.

La diferencia entre las subvenciones y los créditos, tal y como dice su nombre, es que las primeras son transferencias a fondo perdido, mientras que los segundos se deben reembolsar, al igual que cuando un banco presta dinero a sus clientes. El tipo de interés de estos préstamos no es fijo, pero la metodología acordada establece que se calcule grosso modo a partir del coste de financiación en los mercados que soporta la UE a la hora de realizar cada desembolso. Hubo países que renunciaron a esta vía porque les salía a cuenta financiarse por sí mismos gracias a su mejor posición fiscal, por ejemplo Alemania y Países Bajos, o por su prestigio político en los mercados, como Francia, aunque ahora está sumida en una crisis política y presupuestaria.

España, al contrario, abrió la puerta desde el principio a ambos canales de financiación. Lo hizo porque el golpe económico causado por la covid fue más profundo del que encajaron sus socios, teniendo un espacio fiscal reducido. Ahora la deuda pública sigue siendo muy abultada, por encima del 100% del PIB —de las mayores del bloque comunitario—, pero las vulnerabilidades internas se han reducido. La economía crece el doble que la eurozona, el déficit está contenido en el entorno del 3%, el umbral máximo que permite el corsé presupuestario europeo, y la balanza de pagos por cuenta corriente registró en 2024 un superávit histórico.

Todo ello se refleja en la evolución de la prima de riesgo. Este indicador técnico, que irrumpió en el vocabulario común tras la debacle financiera de 2008 junto a los gritos de alarma sobre una posible quiebra del Estado, refleja el riesgo financiero adicional que asumen los inversores al prestar dinero a un país con respecto a otro considerado más solvente, en este caso Alemania. Actualmente está en su nivel más bajo desde 2009, alrededor de los 54 puntos, frente a los picos superiores a los 600 alcanzados en 2012.

La mejora de los fundamentos ha sido ratificada por la subida en la calificación de la deuda soberana que han realizado recientemente las tres grandes agencias de rating (S&P, Moody’s y Fitch), y está permitiendo a España financiarse a un coste inferior al de hace unos años, y similar al de la UE. Los datos de las últimas subastas arrojan unos diferenciales prácticamente insignificantes: en el caso de las emisiones a 10 años, el tipo de interés de la deuda española se sitúa apenas cuatro puntos básicos por encima, un 3,23% frente al 3,189%. En plazos cortos, España hasta coloca su deuda más barata que el bloque comunitario, a pesar de tener una calificación financiera más baja, gracias a que es un activo más líquido y, por tanto, más fácil de comprar y vender.

“Parte de la rentabilidad del bono soberano reside en el llamado convenience yield, es decir, el menor tipo al que un país emite debido a la liquidez de su deuda. Las emisiones del Tesoro posiblemente sean más líquidas que ciertos plazos de deuda europea, de ahí que apenas exista un diferencial de prima”, explica Ignacio de la Torre, socio y economista jefe de la firma de asesoramiento y gestión de activos Arcano Partners.

“España tiene un déficit del 3% del PIB, un superávit de cuenta corriente también superior al 3%; y ha bajado la deuda sobre el PIB en 20 puntos desde la covid”, recalca el economista para ilustrar la buena salud de la economía, que se beneficia de una doble ventaja comparativa: crece casi el triple que la zona euro, que tiene gripados a sus principales motores, Alemania y Francia, a la vez que las políticas erráticas de Donald Trump están fortaleciendo el euro sobre el dólar y atrayendo inversores al Viejo Continente.

Ritmo lento

España, junto a Italia, es el mayor beneficiario del mecanismo de recuperación. Tiene asignados 163.000 millones del fondo de recuperación —de un total de 650.000—, que va solicitando poco a poco a cambio de implementar reformas e inversiones acordadas con Bruselas en ámbitos clave. En total, 416 hitos y objetivos, como se denominan en lenguaje bruselense, de los que se han cumplido 265. Algunos de los compromisos realizados para liberar los cinco tramos de ayudas solicitados hasta ahora son las reformas laborales y de pensiones, la revisión del sistema fiscal y planes para incentivar la descarbonización de la economía.

Del monto total, más de 79.800 millones son subvenciones. España ya ha recibido 55.000 millones de esta bolsa, y el Gobierno presentará en noviembre una revisión de su plan de recuperación para poder agilizar la concesión de las transferencias que le quedan por solicitar. Los restantes 83.000 millones son créditos, y en este caso el Ejecutivo va mucho más rezagado: solo ha solicitado 16.000 millones, menos del 20% del total.

“Si el diferencial de tipos es muy pequeño, hay poco incentivo para utilizar los préstamos europeos porque de alguna manera nos podemos financiar en los mercados”, corrobora Raymond Torres, director de Coyuntura del centro de estudios Funcas. Introduce, sin embargo, dos cautelas. Por un lado, considera que la emisión directa, y no vía europea, podría tener algún reflejo en la prima de riesgo. “El otro matiz es que si España no recurre a esos préstamos europeos es también porque nos está costando utilizar las transferencias”, zanja.

Los desembolsos no se pueden solicitar más allá de agosto de 2026 y se tienen que ejecutar para finales del próximo año. El ritmo de implementación del plan, sin embargo, está siendo más lento de lo esperado, un problema que los analistas achacan a distintos factores que van desde el retraso en la publicación y resolución de las convocatorias a los cuellos de botella administrativos y la dificultad por parte del tejido productivo para absorber semejante cantidad de recursos. Pesa también la debilidad del Gobierno, al que le cuesta legislar en un Congreso donde está en minoría. Esta semana ha logrado salvar en el Congreso una votación clave para el próximo desembolso, la Ley de Movilidad Sostenible, pero hasta el último momento hubo dudas sobre el resultado de la votación.

La nota positiva es que algunas de las reformas más espinosas pactadas con Bruselas ya han recibido luz verde y que el procedimiento para la aprobación de los créditos es menos farragoso que el de las subvenciones. También está la opción de canalizar los préstamos a través de organismos públicos, como el Fondo de Coinversión de Cofides, una vía que daría más margen para la ejecución. “Sería un error no pedir los créditos, vista las grandes necesidades de inversión que tiene España”, concluye Torres.