Incertidumbre entre trabajadores y empresas: las novedades laborales que están en el alambre

La agenda laboral del Gobierno se someterá a su primer test de estrés esta semana, con la votación el miércoles en el Congreso de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales presentadas por PP, Vox y Junts. Una primera prueba de fuego para el Ejecutivo de coalición, que sin los apoyos necesarios para salvar su proyecto estrella de la legislatura en esta primera instancia, prepara ya el terrero de la más que probable derrota asegurando que volverá a presentarlo. Junts confirmó el lunes al Ministerio de Trabajo su voto en conta del proyecto. Sin embargo, la sensación de incertidumbre se extiende entre PSOE y Sumar, allende su incapacidad para mantener unida a la autodenominada mayoría progresista. Podemos es otro eslabón potencialmente quebradizo, pues ya se salió en la votación sobre el decreto “antiagpagones”, la última previa al parón veraniego, y amenaza también con volver a hacerlo en próximas oportunidades, lo que contribuye a realzar el temor a una parálisis legislativa.

Además de la reducción del tiempo de trabajo, están pendientes de someterse a votación en el Congreso en los próximos meses, la aprobación de los nuevos tramos de cotización para autónomos y de un nuevo aumento del salario mínimo; el estatuto del becario; o novedades para el retiro de los funcionarios, entre otras cuestiones.

La ausencia de certezas normativas está generando también algunas incertidumbres a los trabajadores pero, sobre todo, a las empresas, que se quejan, además, del incremento de costes que pueden suponer la mayoría de estas futuras normas si son finalmente aprobadas (solo la reducción de la jornada ha sido cuantificada en más de 24.000 millones de euros de coste por parte de la patronal). Según fuentes de CEOE, todas las normas laborales que están en el aire “están impactando de manera muy negativa a las inversiones de las empresas y dañando el tejido productivo español”. Y añaden “el más que posible impacto en la inversión extranjera en España, que según los últimos datos estaría migrando hacia otros destinos. En concreto, 2024 fue el primer año, desde la pandemia, en el que se produjo un retroceso de la inversión extranjera productiva debido al significativo aumento de las desinversiones, que aumentaron más de un 114% el pasado ejercicio”.

Reducción de la jornada

La norma en tramitación que más inquieta a los empresarios es la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas en cómputo anual y sin recorte salarial. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó llevar el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral al pleno antes de que finalizara el periodo de sesiones en julio, pero no lo consiguió, debido a la falta de apoyos parlamentarios suficientes para sacarlo adelante. Aunque, sea cuando sea, la norma para recortar la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales deberá pasar un duro examen, después de que PP, Vox y Junts presentaran enmiendas a la totalidad contra el texto pactado entre el Gobierno y los sindicatos, lo que supone que si salen adelante cualquiera de ellas, el proyecto normativo decaerá totalmente. En ese caso, el Gobierno tendría que empezar desde cero a redactar una nueva norma.

La propia Díaz está llevando a cabo las negociaciones sobre esta materia con los partidos, sobre todo con los socios de investidura más reacios, como es el caso de los independentistas de Junts, que se reafirman en su rechazo. Entre las ofertas que ha puesto la ministra encima de la mesa está la recuperación de una batería de ayudas económicas directas a las pymes y medidas que combatan el absentismo laboral.

Dicho esto, y continuando con lo referido a la jornada laboral, lo que sí aprobará el Ministerio de Trabajo, en el caso de que el Congreso tumbe la semana de 37,5 horas, será un endurecimiento del registro horario en las empresas, para hacerlo obligatoriamente digital e interoperable con la Inspección de Trabajo. Esta sería, no obstante, la única novedad legal en materia laboral que el Gobierno podría aprobar sin necesidad de que pasara por el Parlamento. La aprobación de este cambio reglamentario —que en principio se incluye en el anteproyecto de las 37,5 horas— se produciría, en todo caso, una vez se cierre cualquier puerta a la reducción de jornada.

De momento, los empresarios han denunciado que la incertidumbre generada ante la difícil tramitación de la reducción de la jornada máxima legal está retrasando la firma de convenios colectivos ante la posibilidad de que la nueva norma deje en saco roto las negociaciones que se lleven a cabo. Si bien, desde la secretaría de Acción Sindical de CC OO, Raúl Olmos, negaba recientemente esta acusación, tomando como referencia los datos oficiales que indican que hasta julio de este año se habían firmado 2.753 convenios colectivos, apenas 200 menos que en los primeros siete meses de 2024. Aunque, es cierto que los convenios firmados hasta julio el pasado año afectaban a 600.000 trabajadores más que los sellados en los mismos meses de 2025.

Estatuto del Becario

El Estatuto del Becario es otro de los proyectos normativos que, al igual que el de la reducción de jornada, se pactó solo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y se ha quedado atascado en su tramitación posterior. El texto que departamento de Díaz quiere sacar adelante pretende regular las prácticas formativas y fija un máximo 480 horas, la compensación obligatoria de gastos, la fijación de un máximo del 20% de becarios por empresa.

Así, tras el pacto alcanzado por Trabajo, CC OO y UGT en junio de 2023, el rechazo a lo acordado por el propio PSOE en el seno del Gobierno condenó el texto al ostracismo. Pero a principios de 2025 Trabajo hizo un intento de reactivar su tramitación y sacó a consulta pública un anteproyecto de ley que aún debe ser aprobado en primera ronda por el Consejo de Ministros.

Nuevamente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a intentar, esta vez que la reunión ministerial abordara este Estatuto antes del parón veraniego, pero tampoco lo consiguió. Sí lo logró que lo estudiara la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, paso previo para su envío al Consejo de Ministros. Pero, ahí ha quedado pendiente. Tras el preceptivo paso por el Consejo de Ministros (una o dos veces) el Gobierno enviará el texto al Congreso para que se tramite como proyecto de ley, donde se encontrará con la complicada aritmética parlamentaria. De hecho, grupos como el PNV, ERC o EH Bildu, han criticado el texto por distintos motivos y sus votos serían necesarios para sacarlos adelante.

Trabajo tiene también en contra a la patronal, lo que podría conllevar un rechazo del PP en la votación. Y, sobre todo, cuenta con el rechazo frontal de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que han sido el lobby más combativo contra el Estatuto. La única parte de esta normativa que sí ha logrado salir adelante es la cotización a la Seguridad Social de los becarios, obligatoria desde el 1 de enero de 2024 aunque no reciban remuneración.

Salario mínimo

Una de las próximas citas de Trabajo será convocar nuevamente a empresarios y sindicatos para abordar una nueva subida del salario mínimo, ahora situado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. No obstante, y tras un incremento del 61% de esta renta desde 2018, el suelo salarial podría situarse ya en el 60% del salario medio, lo que ha llevado a Trabajo a plantear un diseño automático de la revalorización anual e incluirlo en el Estatuto de los Trabajadores.

Para ello, y en cumplimiento de la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, el Gobierno ha abierto una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos que retomará este otoño. En las últimas reuniones de esa mesa Trabajo ha propuesto que la revalorización incluya por ley que el salario mínimo se sitúe en el 60% de la mediana salarial bruta de cada país y el 50% del salario medio bruto”, como indica la mencionada directiva. Pero también, propuso la clarificación de las reglas que impiden que las mejoras del salario mínimo sean absorbidas o compensadas; y aprobar el traslado automático y retroactivo de las futuras subidas del SMI en los convenios.

Hasta ahora los empresarios han rechazado de plano esta propuesta de Trabajo, que sí ha sido aceptada, a falta de mayor concreción, por parte de los sindicatos. De no llegarse a un acuerdo con los agentes sociales, el Gobierno tendría dos opciones: intentar sacar adelante una norma que automatice el alza del salario mínimo, con la consiguiente dificultad de que se apruebe en el Parlamento; o, volver a decretar el incremento de esta renta que considere oportuno para 2026, tras escuchar lo que tengan que decir patronal y sindicatos.

Cuotas de autónomos

El Gobierno ha convocado a patronal, sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos el próximo 15 de septiembre a una nueva reunión para negociar los tramos de cotización que fijarán las cuotas sociales del colectivo entre 2026 y 2028 (ambos inclusive). Se trata de fijar la segunda fase de implantación del nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de estos trabajadores iniciado en 2023.

De momento, las posturas de las distintas asociaciones que representan al colectivo son completamente antagónicas y no se vislumbra un acuerdo fácil. De hecho, la principal de estas asociaciones, ATA, incluida en CEOE ha rechazado incluso participar en esta negociación si el Gobierno no soluciona antes una serie de cuestiones del primer proceso de regularización de cuotas llevado a cabo el pasado año.

Estas nuevas tablas deben aprobarse en un Real Decreto o proyecto de ley, con lo que requerirá también el visto bueno de una mayoría parlamentaria, que será difícil de conseguir sin un acuerdo social previo. En teoría, las nuevas tablas tendrían que estar vigentes el 1 de enero de 2026, pero también podrían aprobarse posteriormente con efectos retroactivos. Y de no lograrse la aprobación parlamentaria, el Gobierno podría prorrogar los tramos actuales de cotización.

Finalmente, en materia de retiro del personal funcionario, también está atascada en el congreso la normativa que pretende desarrollar la jubilación anticipada parcial para este colectivo y su prolongación de la vida laboral hasta los 72 años.

La mayoría de estas medidas están respaldadas en mayor o menor medida por los sindicatos y rechazadas por los empresarios. Estos últimos advierten de que “limitan la capacidad de maniobra de las compañías y tendrían un impacto directo en su productividad, la competitividad y el crecimiento; especialmente de las pymes, muy afectadas por la situación geopolítica y los aranceles de (Donald) Trump”, indican fuentes patronales.