PP y Vox fuerzan la votación en el Congreso de la reducción de jornada sin que Trabajo tenga aún el respaldo de Junts

El proyecto estrella del Ministerio de Trabajo afrontará su primer examen en el Congreso la próxima semana: la votación en pleno de las enmiendas a la ley sobre la reducción de la jornada laboral. Aunque se trata tan solo de un paso incial en la tramitación parlamentaria, la norma podría decaer ya si no hay acuerdo antes con Junts. La Junta de Portavoces, con los votos de PP, Vox y UPN (que representa temporalmente al Grupo Mixto y ha inclinado la balanza hacia la derecha) ha obligado este martes a incluir en el orden del día del miércoles este punto, que tanto PSOE como Sumar habían pedido aplazar. El debate fue pospuesto ya en julio, en un contexto marcado por los casos de corrupción que afectaban a ex altos cargos socialistas y para dar margen a la negociación con el partido de Carles Puigdemont, cuyo respaldo es necesario.

La formación independentista es a priori contraria al proyecto, en línea con la posición de rechazo de la patronal catalana. Fuentes parlamentarias reconocen que por plazos tocaba ya debatir el proyecto en el siguiente pleno porque la Mesa de la Comisión de Trabajo había calificado ya las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, pero los partidos del Gobierno pidieron sin éxito que se retrasara.

El texto de Junts es muy crítico con el proyecto de reducción de jornada. En su enmienda a la totalidad menciona algunos problemas de la economía española, como la tasa de paro juvenil o la “falta de estrategia” para generar valor añadido. “Fiar la solución a la reducción por ley de la jornada laboral puede conllevar el efecto contrario al deseado más cuando los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas”, dice el grupo catalán. Pese a este juicio tan negativo, el grupo parlamentario reconocía en julio que seguía negociando con Trabajo.

Otro de los aspectos más criticados por Junts es el hecho de que el proyecto solo tenga el respaldo de los sindicatos UGT y CC OO, que no goce del apoyo de las patronales. El no empresarial a la medida no se limita a CEOE, también se concreta en la patronal catalana Foment, una de las asociaciones patronales más críticas con la medida. Las también catalanas Conpymes y Pimec coinciden en sus declaraciones públicas en su negativa al proyecto.

Trabajo viene defendiendo su disposición a modificar el proyecto acordado con los sindicatos para atraer el voto de los partidos de derechas. Plantea recuperar las ayudas a pymes que ya rechazó CEOE durante la negociación con los agentes sociales y también se ha abierto a tomar medidas específicas sobre absentismo. Esta es una de las reivindicaciones habituales de los empresarios en los últimos años, dado el aumento de los índices de incapacidad temporal. Los sindicatos son muy críticos con el enfoque empresarial en este asunto.

“Ya no se puede seguir esperando”

Pese a que tanto PSOE como Sumar han intentado posponer el debate, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha argumentado que la votación “no puede seguir esperando”. “Son más de 12 millones de personas trabajadoras las que están aguardando esta medida, que saben que su tiempo es también un derecho. El mandato que nos llega de la ciudadanía es claro: la mayoría, vote a quien vote, quiere trabajar menos y vivir mejor”, señala el ministerio.

Fuentes del grupo parlamentario de Sumar reconocen que les hubiera gustado llevarlo a pleno un poco más adelante. Desde el PSOE ven riesgo en el movimiento y recuerdan que para evitar la fotografía de la derrota en el hemiciclo siempre está la opción de retirar el proyecto (como ocurrió en su día con la Ley del Suelo), informa José Marcos, aunque el socio minoritario de la coalición descarta este escenario y asegura que llegará hasta el final. Los de Díaz no tiran la toalla en ningún caso —tampoco los socialistas— y fuentes de Sumar han reconocido este martes que habían pedido al president Salvador Illa que llevase este asunto a la reunión con Puigdemont celebrada este martes en Bruselas.

Más allá de Junts y los apoyos que en el Gobierno dan por descontados (toda la izquierda y el PNV), la vicepresidenta segunda viene pidiendo al PP una reunión para negociar su respaldo a la contracción del tiempo de trabajo. “Todo lo que no cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos no lo vamos a apoyar, será voto negativo”, sostienen fuentes del grupo popular, que, como Vox y Junts, presentaron enmiendas a la totalidad.

Las 37,5 horas, promesa para 2025

El ministerio dijo en julio que el aplazamiento de entonces no impedía que la reducción de jornada entrase en vigor en los plazos previstos, es decir, que el recorte de 40 a 37 horas y media se aplique antes de que acabe 2025. El Gobierno ya falló ante el primer plazo anunciado y comprometido en el pacto PSOE-Sumar, las 38 horas y media en 2024, pero espera cumplir con las 37 y media antes de que acabe este año.

Este martes, antes del anuncio de la votación de enmiendas la próxima semana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que la intención del ministerio es “que la reducción de jornada esté en vigor antes de que termine 2025, para eso estamos trabajando”. “Obviamente”, ha apostillado, “es algo que no depende solo de la voluntad del Ministerio de Trabajo”, en referencia a los grupos parlamentarios de los que depende el éxito de la medida.

De ellos también depende la aprobación del estatuto del becario, que según ha dicho Pérez Rey espera que pase por el Consejo de Ministros antes de que acabe septiembre. Hace más dos años que el ministerio presentó su acuerdo con los sindicatos al respecto, pero la parte socialista del Gobierno venía rechazando el proyecto. “Está adecuadamente pacificada en el interior del Gobierno”, ha indicado el número dos del ministerio.

Endurecer el registro horario

Además de la contracción de la jornada ordinaria máxima semanal de 40 a 37 horas y media, el proyecto refuerza el derecho a la desconexión digital, garantiza que no haya merma salarial para los empleados beneficiados (incluidos aquellos con jornadas parciales) y refuerza el registro horario, con sanciones más cuantiosas a las empresas por incumplirlo y obliga a que sea digital. El ministerio ha advertido de que este último elemento saldrá adelante incluso en el escenario de que el Parlamento rechace la reducción, ya que se puede modificar con un desarrollo reglamentario (que no exige convalidación en el Legislativo).