Un expediente de Bruselas a España por trabar la opa sobre el Sabadell no frenaría las condiciones del Gobierno

Desde el momento en que el Gobierno decidió añadir condiciones a la opa de BBVA sobre el Sabadell, sabía que se enfrentaba a la apertura de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea. Está implícito en la propia advertencia que lanzó Bruselas de forma anónima cuando antes incluso de que el Ejecutivo tomara decisión alguna advirtió de que estudiaba “la compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la UE y no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados”. No obstante, eso no quiere de decir que, si la Comisión da el paso, vayan a frenarse las exigencias que el Ministerio de Economía ha impuesto al BBVA sobre la operación.

La apertura de un procedimiento de infracción ha estado en el ambiente en alguna de las reuniones que Economía ha tenido con el departamento de Servicios Financieros, el departamento que dirige la portuguesa Maria Luíz Albuquerque; no así con Competencia, el que dirige Teresa Ribera, porque la operación no tiene la dimensión necesaria como para que se haga cargo de ella la Comisión. Dado que no era posible que Bruselas analizara la operación por su impacto en los mercados, la duda es sobre qué base jurídica abriría el procedimiento de infracción por el lado financiero. EL PAÍS ha preguntado en diversas ocasiones por este aspecto pero no ha obtenido respuesta de la Comisión.

Que a Bruselas no le gusta la actitud hostil del Ejecutivo español sobre la opa es algo que en Madrid se sabe desde diciembre, cuando la Comisión le envió una carta pidiendo explicaciones. A ella respondió Economía, que posteriormente no dudó en abrir la consulta pública sobre la operación una vez la autoridad española de Competencia (la CNMC) concluyó su análisis e impuso sus condiciones y, después, endureció esas condiciones basándose “en el interés general”, como ha recordado este jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Estamos plenamente convencidos de que la normativa española está plenamente alineada con la europea”, ha subrayado Cuerpo. Esto quiere decir que Madrid cree que Bruselas no tiene base legal sobre la que abrir ese expediente, porque los pasos que ha dado se hacen sobre una norma española vigente desde hace una década que ha guiado sus actuaciones en ocasiones anteriores y hasta ahora no ha sido nunca objeto de choque entre ambas capitales.

Tampoco “le consta” que haya tomado aún ninguna decisión Bruselas al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien sí ha lamentado que el proceso está durando “demasiado tiempo”. En un acto público desde Bilbao, ha reconocido que, ante la falta de condiciones que permitan operaciones transfronterizas y bancos “genuinamente europeos”, los procesos de integración que se siguen produciendo son nacionales, lo que se trata de una deficiencia que tiene que ver con no haberse completado una “unión bancaria europea”.

La Comisión Europea, por su parte, ve cómo ante una nueva operación de concentración bancaria un Gobierno de un Estado miembro pone tantos obstáculos que amenaza la viabilidad de la opa. Eso mismo está sucediendo ahora también en Italia en el caso de la absorción de Banca Popolare de Milano por Unicredit, un caso que sí tiene dimensiones comunitarias por haber parte del negocio en Alemania y que, pese a ello, cuenta con el veto de Roma.

A Bruselas le indigna que todos se llenen la boca con las bondades de la unión bancaria y la necesidad de tener entidades financieras más grandes en Europa que puedan competir en la arena internacional con las estadounidenses y las chinas, pero después cuando se plantean estas operaciones empiezan a aparecer problemas. De ahí que se plantee la apertura de ese procedimiento de infracción. Si, como cuenta este jueves Expansión, la Comisión decide abrir el expediente en julio, se antoja difícil pensar que todo el proceso que puede acabar ante la justicia europea se salde antes de fin de este año.

Además, la apertura de ese expediente no implica que el Ejecutivo vaya a cambiar las condiciones que ya ha impuesto a BBVA. El procedimiento de infracción arranca oficialmente con una carta que la Comisión envía al Estado miembro pidiéndole explicaciones por no haber aplicado correctamente una norma europea, desviarse de los tratados o por no haber traspuesto una directiva comunitaria. Sería en este punto en el que tendrían que aparecer los elementos jurídicos que llevan a dar este paso. A partir de entonces, el Gobierno de turno dispone de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario.

El siguiente paso, si la respuesta no convence, es que Bruselas envíe un requerimiento motivado para que la capital afectada responda o se adapte a sus peticiones. De nuevo, el Gobierno dispone de dos meses para responder. El último paso sería, si finalmente no se resuelve el contencioso, ir a los tribunales. Dado que el Ejecutivo español se muestra convencido de que le asiste la razón legal, no parece probable que deponga su actitud durante la tramitación de ese expediente, que es muy probable que la Comisión abra. Tendrían que ser los magistrados de Luxemburgo con una sentencia los que diriman quién tiene la razón.

Si finalmente se llega a este extremo, no sería la primera vez que la justicia europea dirime una discrepancia sobre una operación corporativa entre Madrid y Bruselas. Ya tuvo que pronunciarse hace casi dos décadas en la opa sobre Endesa lanzada por Gas Natural.