Bruselas advierte que “usará sus poderes para eliminar los obstáculos injustificados en el mercado único”

La Comisión Europea se ha abstenido este martes de dar su opinión en público sobre los pasos que ha adoptado el Gobierno español en la opa de BBVA sobre el Sabadell, imponiendo que ambas entidades tengan que funcionar de forma autónoma durante al menos tres años. Pero de forma genérica sí que deja muy claro que no le gustan nada las intervenciones de los Estados en las operaciones entre empresas privadas, recordando que “cualquier condición impuesta por un gobierno para aprobar una transacción debería ser excepcional“. Añade que, llegado el caso, ”y si es necesario, la Comisión usará su poder como guardián de los tratados para eliminar barreras injustificadas mercado único impuestas por los Estados miembros", apunta un portavoz de la Comisión Europea.

En principio, y sin contexto, la respuesta es absolutamente aséptica. Pero cuando se añade todo el decorado y su historial, cambia la interpretación de esta contestación. Hace un par de semanas, fuentes autorizadas del propio Ejecutivo comunitario destacaban “las autoridades competentes habían dado su opinión sobre la operación”. “El BCE la ha aprobado. La autoridad española de Competencia la ha aprobado [con condiciones]”, recordaban y, “sobre esta base, no vemos razones que pudieran justificar el rechazo el bloqueo de la operación”, desgranaban.

Por si esta exposición fuera insuficiente, añadía que esperaba que la decisión del Gobierno español “estuviera alineada con las decisiones de las autoridades competentes”. Es decir, la Comisión Europea no vería con buenos ojos añadir obstáculos a la opa. Y se permitía recordar que vigilaría que las decisiones de Madrid fueran compatibles con las leyes europeas, advirtiendo que, si lo consideraba necesario, “no dudará en usar sus poderes como guardiana de los tratados”.

Esa advertencia en un caso como este, en el que por las dimensiones de la operación, queda, a priori, limitada a la apertura de un procedimiento de infracción que podría acabar ante la Justicia Europea. Porque la Comisión no tenía capacidad para intervenir en esta opa como autoridad de Competencia, ya que las cifras de negocio en la UE de las dos entidades implicadas se focalizan muy mayoritariamente en España.

Si Bruselas hubiera tenido margen de actuar a través de las leyes europeas de Competencia, es muy probable que lo hubiera hecho. Así ha sucedido en el caso de una operación similar que hay en marcha en Italia entre Unicredit y Banca Popolare de Milano (BPM). El intento de compra de la segunda entidad por la primera cuenta con el rechazo de las autoridades italianas, que reclamaron que fuera su autoridad nacional de Competencia la que tomara la decisión. Pero en este caso, el volumen de negocio de Unicredit en Alemania y Europa central le daba a la operación dimensión europea y, por tanto, era la Comisión quien decidía sobre la transacción. Finalmente lo hizo el pasado viernes, rechazando la petición de la autoridades italianas y autorizando la compra con condiciones.

No obstante, donde más recelos levanta el movimiento del Gobierno endureciendo las condiciones de la opa, no es en el departamento de Competencia que dirige la española Teresa Ribera. La decisión del Ministerio de Economía molesta especialmente a la dirección general de Servicios Financieros, la que dirige la portuguesa Maria Luís Albuquerque. Esta ex ministra lusa tiene entre sus objetivos impulsar la unión de capitales y la unión bancaria y defiende, como prácticamente todo el sector y las instituciones europeas, que con bancos más grandes este objetivo sería más fácil de lograr.

Además, la Comisión Europea es partidaria de estos movimientos, como también lo es el Banco Central Europeo, porque defiende que los bancos más grandes son más eficientes y que compiten mejor en la arena internacional frente a los grandes gigantes estadounidenses y chinos. “Los bancos más grandes pueden invertir en digitalización, ofrecer mejores servicios, incluyendo préstamos en mejores condiciones de precios para hogares y ciudadanos”, apuntan uno de sus portavoces.

Desde el Gobierno, la respuesta a Bruselas siempre fue que España se atenía a su normativa para regular este tipo de operaciones corporativas que llevaba años en vigor y está consonancia con las directivas y normas europeas. Y, además, se añade que el Ejecutivo español no tiene la potestad de vetar la opa en sí. Podía modificar las condiciones, como ha hecho, pero no acabar vetándola.