El Gobierno endurecerá las condiciones de la opa del BBVA en oficinas y pymes

El Gobierno aprieta pero no ahoga la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell. El Consejo de Ministros tiene previsto comunicar este martes su decisión de poner más exigencias al plan del banco de origen vasco para absorber a la entidad catalana. Serán condiciones más duras que las que marcó en su día la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sobre todo en lo que respecta a oficinas y pymes, si bien hay una línea roja: las medidas no pueden suponer una prohibición de facto a la operación. Carlos Torres, presidente del BBVA, manifestó este lunes en un acto en Santander tener plena confianza en que la ofensiva saldrá bien. “No me cabe en la cabeza otro escenario”, dijo, si bien puntualizó que “si no sale la opa, en absoluto es un fracaso”.

El Gobierno lleva semanas dando muestras de los recelos que le genera la operación y niega las voces que claman que cualquier intervención supondría una intrusión “política”, ajena a la legalidad. Ante eso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez esgrime la ley de defensa de la competencia y las “razones de interés general”. Carlos Torres ha admitido que el banco tiene “la posibilidad legal” de retirar la oferta tanto si el Gobierno impone este martes unas condiciones demasiado elevadas o si la entidad catalana termina vendiendo su filial británica, TSB.

El veredicto de este martes va a poner énfasis en algunos de los aspectos más sensibles de la posible absorción: la financiación de las pymes, garantizar una red de oficinas suficiente y la inclusión financiera de la gente mayor y de la población que reside lejos de las grandes ciudades, así como evitar que haya un recorte drástico de los puestos de trabajo. Son, todas ellas, cuestiones que generan inquietud en el Gobierno, bien por interés propio o bien a instancia de sus socios parlamentarios Sumar, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

Los dos partidos independentistas catalanes han tenido una relación distante con el Banco Sabadell desde que la entidad decidió poner tierra de por medio y mover su sede social a Alicante en 2017, en pleno bullicio por el procés. Sin embargo, ahora han peleado por hacerse eco del rechazo social que generan las maniobras del BBVA y han levantado reiteradamente el dedo para alertar de que la opa, si fructifica, puede poner en jaque las condiciones de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, un sector muy activo en Cataluña, y comprometer la cohesión territorial.

También el PSC ve con malos ojos las ambiciones del BBVA. El viernes, en un acto del Colegio de Economistas, Antoni Castells, exconsejero de Economía durante los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall, y José Montilla y ahora escogido por Salvador Illa para rediseñar el modelo de financiación catalán, dedicó un ácido comentario a la entidad que comanda Carlos Torres: “El BBVA se quedó en su momento con Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu. Ahora, parece que con aquello no tuvieron bastante”, dijo.

La patronal Foment del Treball ha señalado que si triunfan los planes del BBVA se perderán “70.000 millones de euros en créditos al tejido productivo español”. El Cercle d’Economia, por su parte, ha alertado que la desaparición del Banco Sabadell agravaría la concentración de poder que ya hay en Madrid, en detrimento de Barcelona.

El Gobierno ha tenido que tomar la decisión sobre la opa en plena crisis del PSOE por el escándalo que afecta al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, ha mostrado su oposición a la opa en base al recorte de puestos de trabajo que puede implicar. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, ha exigido, para aprobar la opa, “el mantenimiento íntegro del empleo en ambas entidades”. Los sindicatos contabilizan el previsible tijeretazo en más de 10.000 empleos, 3.200 de los cuáles serían en Cataluña.

El banco que pilota Carlos Torres forjaría, si sale adelante la operación, la segunda mayor red de sucursales del mercado español, solo superada por la de CaixaBank, con cerca de 3.000 establecimientos y 7.000 cajeros. A partir de ahí, según el propio banco anunció en verano del año pasado, sus planes pasan por clausurar 300 oficinas. Esto dejaría a la entidad resultante con unas 2.700 oficinas de forma definitiva. El número estará por debajo de las cerca de 4.000 con las que cuenta CaixaBank y por encima de las 1.800 del Santander.

Entre los compromisos (remedies, en la jerga) que el banco ha acordado con la CNMC, algunos suponen también ciertas restricciones sobre el cierre de enclaves. Por ejemplo, el BBVA se compromete a no cerrar los establecimientos en municipios de menos de 5.000 habitantes; en aquellos con una renta per cápita inferior a los 10.000 euros anuales; donde no tenga ningún competidor a menos de 300 metros, y donde existan menos de tres competidores. Tampoco cerrará las oficinas especializadas en empresas, 36 del Sabadell y 63 del BBVA. El banco que preside Carlos Torres argumenta, por esto, que lo pactado con Competencia ya contempla cuestiones para velar por el interés general.

También han insistido en que la mayor parte de las sinergias previstas, 850 millones, no procederán de ahorros de personal, que los deja en 300 millones. La mayor parte, 450 millones, correspondería con sinergias tecnológicas y de sistemas. De hecho, incluso el banco contempla seguir adelante incluso si el Gobierno prohíbe la fusión posterior a la opa que prevé hacer, dado que considera que en ese escenario, muchas de las ganancias de la operación se mantendrían.