Las patronales y entidades empresariales catalanas se unen contra la opa del Sabadell con una carta a Pedro Sánchez

El Gobierno anunció el lunes que abría una consulta pública para tomar el pulso antes de decidir sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell y las patronales catalanas y entidades empresariales se han preocupado de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no necesite afinar mucho el oído para escuchar el rechazo que genera la operación del banco vasco. Un frente común de actores empresariales que están en contra de la posible absorción del Sabadell han redactado una carta de consenso donde alertan de que la ofensiva del banco que preside Carlos Torres puede poner en riesgo el equilibrio territorial y la cohesión social.

“Las entidades abajo firmantes desean expresarle conjuntamente su preocupación y sus reflexiones”, empieza la carta, remitida al presidente del Gobierno y que está firmada por Foment del Treball, Pimec, Femcat, Cecot, Fira de Barcelona, la Cambra de Barcelona en representación de las cámaras de comercio catalanas, el Colegio de Economistas de Cataluña, Barcelona Global y el Racc. “No es una mera cuestión de competencia en un mercado generalista, y centrada en parámetros cuantitativos de cuotas de mercado, sino que se trata de una cuestión de interés general”, alertan en relación con la opa.

La carta señala que existen “poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno” para bloquear una operación que empezó hace un año y que está en plena recta final, después de que el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la opa hostil la semana pasada.

En este sentido, las entidades que remiten su petición a Pedro Sánchez advierten de la necesidad de evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero; preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión; prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas bancarias; promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios y garantizar la cohesión social y territorial.

Sobre este último punto señalan que “la promesa de mantener una doble sede corporativa sería más simbólica que real, sobre todo a largo plazo”. Y citan ejemplos: “Como muestran las experiencias de Santander y Bilbao en relación con los bancos que allí tuvieron su origen”.

Los argumentos enumerados para instar la intervención del Gobierno son, a criterio de los firmantes, “la base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural, evitando el riesgo de exclusión financiera”.

Los agentes económicos van a poner además en marcha una campaña de comunicación para llamar a la ciudadanía y las empresas a participar en la consulta pública en torno a la opa del BBVA sobre el Sabadell que ha puesto en marcha el Ejecutivo y que está abierta a la participación de cualquier ciudadano o entidad hasta el próximo viernes, 16 de mayo.

La opa está ahora sobre la mesa del Ministerio de Economía, que debe decidir, antes del 27 de mayo, si la eleva al Consejo de Ministros, que en ese caso tendría la prerrogativa de endurecer los requisitos que ha impuesto el regulador. A partir de este último proceso, el equipo de Gobierno tiene hasta un mes para emitir su decisión final.

El Ejecutivo, en cualquier caso, no puede parar la operación, como le piden algunos de sus socios, pero sí puede poner unas condiciones que la hagan imposible. Por ejemplo, endurecer las cuestiones ya planteadas por Competencia o pronunciarse sobre otros asuntos, como el cierre de oficinas o el despido de empleados, algo que entronca con las cuestiones de interés general por las que el Ejecutivo debe velar en este punto del proceso, según reza la ley de Competencia.

Además, el Gobierno sí puede prohibir que las dos entidades se fusionen después de la opa. De hecho, el propio presidente del Sabadell, Josep Oliu, reclamó en la última junta de accionistas que el Ejecutivo aclarase si pensaba prohibir el matrimonio de ambos bancos. Se trata de la conocida en el mercado como solución Banesto (en referencia a que el Santander mantuvo durante años separada la entidad que presidió Mario Conde); es decir, adquirir ahora el Sabadell, mantenerlo como entidad independiente y fusionarlo años después, cuando haya en La Moncloa un Gobierno más favorable.

Hace apenas una semana, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde a la operación, tras imponer unas medidas destinadas a salvaguardar la competencia, y los analistas financieros convergen en que el BBVA tiene aún por delante dos grandes frentes que definirán el éxito o fracaso de la operación: este dictamen final del Gobierno y la aceptación de los accionistas del Sabadell.

Sobre las opciones del Ejecutivo, los analistas advierten de que un intento por endurecer aún más estas condiciones podría amenazar el encaje financiero de la operación. “Las noticias de la última semana sugieren que ahora existe una mayor probabilidad de que este acuerdo no se concrete debido a la interferencia del Gobierno”, explica a CincoDías Benjamin Toms, director de análisis de renta variable de RBC Capital Markets.

Las condiciones aprobadas por la CNMC ya suponían un importante esfuerzo para BBVA. Se centraban, en líneas generales, en garantizar la inclusión financiera y la protección de los clientes vulnerables, en mantener el crédito y las condiciones actuales para pymes y autónomos y en evitar cierres de oficinas en zonas con escasa competencia o baja renta per cápita. Estos compromisos afectarán a las sinergias (los ahorros que generaría la fusión) que BBVA cifró inicialmente en 850 millones de euros. Con las nuevas condiciones, la firma Kepler Cheuvreux calcula que podrían reducirse en un tercio, hasta los 590 millones. Aunque la mayoría de analistas siguen considerando que la operación mantiene su lógica empresarial y estratégica, también advierten de que las nuevas medidas que las endurezcan erosionarían el atractivo financiero.