Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por no aplicar las normas laborales de la UE de transparencia

La Comisión Europea va a llevar a España ante los tribunales de la Unión Europea por “no trasponer totalmente” a la legislación laboral la directiva sobre transparencia y predictibilidad en las condiciones de trabajo. “Las normas de la UE exigen que los trabajadores reciban información puntual y completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración”, explica Bruselas en el comunicado emitido este miércoles, que, además concluye que “España no dispone de tales normas”.

Llevar a un país ante los tribunales de la Unión es el último paso de los procedimientos de infracción que abre Bruselas cuando un país incumple con las normativas comunitarias. El primero es enviar una carta instando al país a cumplir con la ley y, posteriormente, un informe razonado con las conclusiones. Si después de estos pasos no se ha resuelto la situación, la Comisión acude a los tribunales.

En este caso, España incumplió el plazo de trasposición de la directiva que acababa el 1 de agosto de 2022. Esto dio pie a la Comisión a que abriera el expediente en septiembre de 2022. En febrero de este año, el Gobierno español notificó a Bruselas que había traspuesto varias de las disposiciones de la norma europea, “pero no todas”. Para la Comisión, esto es “insuficiente” y por eso ha tomado la decisión de acudir a la justicia.

Cuando llegue la sentencia, si esta es favorable a Bruselas, España se expone a una multa. Al abrir un procedimiento de infracción, la Comisión tiene dos vías para iniciarlo: por un lado, puede elegir la que acaba con una sentencia sin sanción económica; y, por otro, puede optar por una en la que reclama “una cantidad a tanto alzado o una multa coercitiva”, según puede leerse en el Tratado de Lisboa.

La directiva de condiciones de trabajo, aprobada en 2019, persigue que los trabajadores tengan, por ejemplo, “derecho a una mayor previsibilidad en relación con las asignaciones y el tiempo de trabajo”. Otro elemento que quiere reformar es que los asalariados reciban “información puntual y más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración”.

La Unión no tiene grandes competencias en lo referente a la legislación laboral de los Estados miembros. No obstante, sí que tiene la capacidad de fijar “unas condiciones laborales mínimas”, como “la limitación de los periodos de prueba a un máximo de seis meses”.

España es el país más incumplidor de la UE a la hora de trasponer directivas o llevar correctamente a la legislación nacional los texto pactados en la arena comunitaria. Por ejemplo, a finales del año pasado tenía problemas con 18 directivas cuando la media entre los Veintisiete es de ocho. De esas 18, cinco llevan pendiente más de dos años y en este grupo está la directiva que este junio ha acabado ante los magistrados de Luxemburgo.