¿Cómo afectan al BBVA las nuevas condiciones para la opa del Sabadell? Consejeros vigilados, blindaje a los trabajadores y a las sucursales

Tras más de un año de tira y afloja ha quedado de sobra probada la capacidad de resistencia que tiene la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, pero el Consejo de Ministros le da otro apretón de tuercas y endurece las condiciones que tendrá que afrontar el banco de origen vasco si quiere culminar la absorción de la entidad catalana. La decisión del Gobierno impone una obligación de “autonomía en la gestión” de ambas entidades por un plazo mínimo de tres años y se ciñe a razones de “interés general” para impedir al BBVA despedir personal, cerrar sucursales y condicionar el crédito para las pymes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que se trata de medidas “proporcionadas y equilibradas” que no bloquean la operación de absorción, pero el mismo Cuerpo ha referido, hasta en dos ocasiones, que habrá que ver si el BBVA “decide seguir adelante” con sus planes.

El Gobierno concreta en su pliego de condiciones los recelos que había venido mostrando en los últimos meses en relación con la concentración bancaria que persigue el BBVA. El ministro Cuerpo ha sido el encargado de explicar que hay que “maximizar el valor de cada una de las dos entidades”. Por ello, se pone una línea roja en “el mantenimiento de la plantilla”, un total de 43.000 trabajadores en España. “Es un elemento esencial a dejar claro desde el primer minuto”, ha dicho Cuerpo, que ha recordado que desde el año 2022 ambas entidades han elevado su volumen de personal, por lo que ahora el BBVA tiene complicado poder justificar un posible recorte en una contingencia laboral ajena a la opa. Los sindicatos contabilizan el previsible tijeretazo posopa en más de 10.000 empleos, 3.200 de los cuales serían en Cataluña.

Otro punto innegociable tiene que ver con “la continuidad de las políticas en materia de inclusión financiera” y la protección del “interés relacionado con la red territorial de ambas entidades”. Este condicionante marca un veto a las intenciones del BBVA de redimensionar a la baja sus puntos de atención, una vez que las dos entidades se hayan unificado. El banco que pilota Carlos Torres forjaría, si sale adelante la operación, la segunda mayor red de sucursales del mercado español, solo superada por la de CaixaBank, con cerca de 3.000 establecimientos y 7.000 cajeros. A partir de ahí, según el propio banco anunció en verano del año pasado, sus planes pasan por clausurar 300 oficinas. Esto dejaría a la entidad resultante con unas 2.700 oficinas de forma definitiva.

El otro puntal sobre el que se apoya el veredicto del Gobierno tiene que ver con “garantizar la continuidad en la política de financiación a las pymes”. La patronal Foment del Treball ha señalado que si triunfan los planes del BBVA se perderán “70.000 millones de euros en créditos al tejido productivo español”. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reaccionado tras conocer el nuevo escenario: “con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas”.

Una de las dudas que provoca la decisión del Gobierno tiene que ver con la capacidad del BBVA para colocar directivos afines en el consejo del Sabadell. El ministro de Economía señala que no hay ningún impedimento par ello pero advierte que se les exigirá “obrar de buena fe y en interés de la entidad de la que son consejeros”, maximizando el beneficio “de las dos entidades por separado”.

Susceptible a las acusaciones de injerencia política en un asunto que incumbe a dos empresas privadas, el ministro de Economía ha insistido en que no se trata de bloquear nada, sino de “proteger”. Protección para los trabajadores de BBVA y Sabadell, para sus clientes, y para empresas que beben de las líneas de crédito de ambas entidades. Cuerpo dice que si el Ejecutivo endurece las condiciones es porque puede hacerlo, basándose en la Ley de Defensa de la Competencia del año 2007, que está “alineada” con la normativa europea.

 El pasado 30 de abril, una vez concluida la investigación en segunda fase, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideró que los compromisos que había presentado el BBVA eran “adecuados, suficientes y proporcionados” para solucionar los problemas que la operación supone para la competencia. La CNMC ya admitió que su autorización no era definitiva y quedaba condicionada al Consejo de Ministros que tiene capacidad para valorar la operación “atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia”. En esa defensa del interés general sustenta el Ejecutivo la resolución que ha dado a conocer este martes.

Una vez se ha conocido qué planteamiento hace el Gobierno, el BBVA puede continuar con la opa y llega, entonces, el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El regulador bursátil español deberá aprobar el folleto de la operación, un documento donde se incluye toda la información de la opa, como qué impacto provoca y los riesgos que entraña. Se prevé que el folleto esté listo en breve, dado que hace meses que la CNMV trabaja con el borrador.

La aprobación del folleto es el pistoletazo de salida para el periodo de aceptación, es decir, la votación clave en la que los accionistas del Banco Sabadell decidirán si venden o no sus títulos. Este período, a petición del BBVA, puede ser exprés, de 15 días, o alargarse hasta 70 días como máximo. Durante este tiempo, y hasta cinco días antes de la votación, la entidad que preside Carlos Torres puede mejorar la oferta para seducir a los accionistas del Sabadell.