Hacienda corrige el impuesto de grandes fortunas para acabar con la discriminación fiscal a no residentes

El Ministerio de Hacienda prepara un cambio en la letra pequeña del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. El objetivo es corregir una discriminación fiscal que afectaba a los contribuyentes no residentes en España y que se heredó directamente, en el momento de su creación, del esquema que rige el impuesto sobre el patrimonio. Se trata del límite de la cuota íntegra, un mecanismo que actúa como tope para evitar que la carga impositiva sobre el patrimonio sea excesiva respecto a la renta, y que se aplicaba únicamente a los residentes. Sin embargo, la justicia determinó recientemente que excluir a los no residentes que pagan el impuesto sobre el patrimonio era discriminatorio, lo que obligó a la Administración a ajustar la normativa. Ahora, toca hacer lo mismo con grandes fortunas.

Una sentencia del Tribunal Supremo a finales del año pasado, junto con el posterior cambio de criterio del Tribunal Económico‑Administrativo Central, forzó a Hacienda a corregir el modelo del impuesto sobre el patrimonio para eliminar la restricción que dejaba fuera de la salvaguarda fiscal a los no residentes. Ahora, el ministerio amplía esa corrección al tributo estatal que grava patrimonios superiores a tres millones de euros, según el documento que el equipo que todavía capitanea María Jesús Montero ha colgado este miércoles en el portal de audiencia e información pública.

A partir de ahora, tanto los contribuyentes por obligación personal (los residentes) como aquellos por obligación real (los que solo tienen bienes y derechos en territorio español) podrán beneficiarse del límite en sus liquidaciones, tanto en patrimonio como en grandes fortunas. Eso garantiza igualdad de trato y, en paralelo, un blindaje jurídico que permite al Gobierno mantener un impuesto con el que han asestado un duro golpe a las comunidades del Partido Popular. Del mantenimiento de esta figura depende que las autonomías sigan cobrando a sus contribuyentes más ricos el impuesto de patrimonio.

El impuesto de solidaridad de grandes fortunas complementa al tradicional impuesto de patrimonio, pero con una diferencia fundamental. Los ingresos recaudados no van a las comunidades autónomas, como sucede con la figura original, sino directamente a la Hacienda central, asegurando una recaudación homogénea y evitando que territorios con bonificaciones totales eludan la contribución.

Este gravamen nació en 2022 con carácter temporal y con la intención, declarada por el Gobierno a los cuatro vientos, de reforzar la equidad fiscal y neutralizar las bonificaciones autonómicas que habían dejado el impuesto sobre el patrimonio prácticamente inoperante en varias regiones, como Madrid. Su impacto ya se reflejó claramente en 2023. En aquel año, muchas autonomías decidieron recuperar la figura original, ya que, de lo contrario, sus contribuyentes más acaudalados tendrían que pagar a Hacienda. La recaudación, por ello, se disparó un 58%, hasta los 1.970 millones de euros.

Con la actualización del modelo, Hacienda busca consolidar estos avances y garantizar que la discriminación por residencia no pone en riesgo el futuro del impuesto. La medida, para la que se pueden presentar observaciones hasta el 20 de abril, entrará en vigor para las declaraciones del ejercicio 2025, cuyo plazo de presentación comienza en julio de 2026, y permite que todos los grandes contribuyentes apliquen el límite de la cuota íntegra.