La nueva vía para anticipar la jubilación en las profesiones con más bajas extenderá el derecho a más colectivos

Albañiles, camioneros, camareras de piso, empleadas de residencias, auxiliares de vuelo... Todos estos colectivos, y muchos otros, llevaban meses pendientes del paso que finalmente ha dado este martes el Consejo de Ministros: el Gobierno ha aprobado el real decreto que regula el procedimiento para anticipar la jubilación en las profesiones más penosas y que aún no se benefician de este instrumento. Son los llamados coeficientes reductores, por los cuales cada año cotizado cuenta como un periodo algo más largo, lo que permite acceder antes a la jubilación. Los mineros, los trabajadores del mar o la mayoría de policías autonómicos ya disponen de este derecho, que el Ejecutivo pretende extender a más colectivos basándose en criterios objetivos, como la incidencia de las bajas o de la siniestralidad.

El Ministerio de Seguridad Social se esfuerza en no generar grandes expectativas en torno a esta medida. Constantemente insiste en que este nuevo reglamento no anticipará la jubilación en sectores al completo, sino que aplicará a puestos concretos en los que con una adaptación no sea posible aliviar la carga física u otros factores de penosidad inherentes al mismo. Los sindicatos de algunos de esos sectores contraponen que, a la hora de la verdad, casi todos sus trabajadores cumplirán con los parámetros establecidos. El nuevo reglamento fue acordado por el departamento que dirige Elma Saiz, UGT, CC OO, CEOE y Cepyme, como parte de la tercera parte de la reforma de las pensiones del Gobierno de coalición. El acuerdo de todo el diálogo social es, en opinión de Saiz, “garantía de su calidad y su permanencia en el tiempo”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La cautela del ministerio tiene el telón de fondo de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la recuperación de la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom). De ahí que el reglamento establezca que el impacto de los coeficientes debe ser neutro, es decir, que se dé una sobrecotización suficiente como para compensar el alza que supone que estas personas se jubilen antes. La mayor parte recaerá en el empresario.

Esta medida aplicará a profesionales en condiciones penosas, como esfuerzos físicos constantes, la exposición a temperaturas extremas o sustancias insalubres, la peligrosidad de las tareas... Para medir esa penosidad se tomará en cuenta la incidencia de la incapacidad temporal del colectivo (tanto por contingencias profesionales como comunes), la duración media de esas bajas y los fallecimientos e incapacidades permanentes en ese grupo profesional.

“Sabemos que hay trabajos de especial dureza, que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. Los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad, con más accidentes y con más enfermedades profesionales asociadas”, ha agregado Saiz, que ha subrayado el carácter “objetivo” de los criterios con los que se elegirán las profesiones en las que se anticipará la jubilación.

El texto acordado por Gobierno, sindicatos y patronales establece que estos coeficientes reductores no podrán anticipar la jubilación a una edad inferior a los 52 años. Llegan con retraso respecto al calendario anunciado: la ministra dijo que calculaba que el procedimiento se abriría en febrero y después indicó que a lo largo del mes de abril. Finalmente, ha quedado aprobado en Consejo de Ministros a finales de mayo.

¿Qué sectores lo pedirán?

Pese al respaldo de CEOE y Cepyme a la reforma, esta conlleva un aumento de los costes laborales que espanta a varias patronales sectoriales. Entre las que rechazan este incremento está la mayoritaria de la construcción, una oposición que criticaron unos 400 manifestantes del sector la semana pasada, convocados por CC OO y UGT ante el ministerio. Todo lo contrario sucede en el transporte de mercancías y pasajeros, en el que las grandes patronales sí apoyan la reivindicación sindical de pedir los coeficientes reductores.

Consultadas por este periódico, las patronales más representativas de la dependencia ofrecen visiones contrapuestas, mientras que la que representa a los hoteles (y de la que dependen las camareras de piso) no aclara qué posición tomará al respecto. Más difícil es diagnosticar el panorama de las auxiliares de vuelo, donde no hay una patronal representativa, sino que se negocia empresa a empresa. Los sindicatos sí pueden negociar con ASEATA para los mozos de equipaje, pero estos empresarios tampoco definen su posición.

Hay otros sectores en los que es fácil prever que reclamarán los coeficientes reductores. Uno de los más evidentes son los cuerpos policiales que no gozan de ellos: policías locales y la mayoría de los autonómicos (salvo los canarios) disfrutan de los coeficientes, mientras que los policías nacionales y los guardias civiles no. Los bomberos forestales tienes los coeficientes reductores aprobados desde hace tiempo, pero aún no aplican. También está en discusión, con peticiones parlamentarias al respecto, el adelanto de la jubilación en la industria química y de refino.

Procedimiento

La aprobación del real decreto abre la vía para que los sectores lo soliciten. La vía establecida para requerirlos es por acuerdo de sindicatos y patronales. Si no hay pacto, los representantes de los trabajadores pueden pedirlo por su cuenta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, siempre y cuando se cumplan los criterios de incapacidad temporal o siniestralidad, entre otros. Esta dirección general emitirá un informe sobre morbilidad y mortalidad, e irá acompañado de los que también elaborarán la Inspección y el Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo, así como el Ministerio de Función Pública si son empleados de la administración.

Toda esa documentación será estudiada por una comisión de evaluación, que dará luz verde o rechazará la petición, en función de los criterios objetivos ya señalados. El ministerio puede tomarse hasta cuatro meses para poner en marcha esta comisión, pero la previsión es que se active mucho antes. Después, la comisión tendrá seis meses para evaluar cada solicitud. Ese diagnóstico tomará en cuenta todas las bajas del sector, no solo las de origen profesional, dada la habitual protesta sindical por el infrareconocimiento de la relación entre muchas dolencias y el empleo.