Empieza la cuenta atrás: el plazo para que los funcionarios que pasaron años como interinos pidan una indemnización concluye en un mes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afeado en varias ocasiones a España los mecanismos con los que cuenta la normativa nacional para evitar el exceso de temporalidad en la Administración Pública, que considera insuficientes. En su último fallo, emitido el 13 de junio del año pasado, no solo urgía a España a convertir en indefinidos a aquellos interinos que venían encadenando contratos temporales durante años como compensación, sino que abría la puerta a que aquellos que hubieran logrado una plaza fija tras años como temporales también pudieran reclamar una indemnización. Sin embargo, este derecho tiene fecha de caducidad y concluirá dentro de un mes, el próximo 13 de junio. Los empleados en esta situación que no hayan reclamado una compensación perderán la posibilidad de hacerlo una vez que se cumpla un año desde el fallo europeo.

“La sentencia del TJUE ha sido clara en cuanto a la necesidad de indemnizar también a quienes han obtenido plaza tras años de abuso. Pero el plazo es breve y quien no reclame a tiempo se quedará fuera,” explican en Unive Abogados. Pese a que no son muchos, ya hay casos en los que la justicia española ha fallado en favor de esta reparación económica apelando a la resolución europea. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró en julio del año pasado pertinente que la Universidad de Vigo indemnizase con 31.566,45 euros a un trabajador interino que fue obligado a cesar en el puesto que desarrollaba desde hacía 13 años para poder optar a una plaza que posteriormente adquirió tras superar el proceso de selección.

El caso de este trabajador, que encadenó diversos contratos desde diciembre de 2004 hasta noviembre de 2010, fecha en la que pasó a tener un contrato de interinidad, es paradigmático y muy representativo de un colectivo que se estima en alrededor de 800.000 personas. Algunos acumulan más de 30 años como temporales a sus espaldas. En el caso del trabajador de la Universidad de Vigo, su situación se extendió hasta 2023, cuando accedió a la plaza de funcionario de carrera tras superar el proceso selectivo. Sin embargo, para poder tomar posesión de su nueva categoría, fue obligado a “renunciar” a su contrato laboral anterior como interino.

En el fallo, los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Galicia consideran “notorio” que hasta que el trabajador estabilizó su posición laboral, permaneció durante más tiempo de los tres años que estima como máximo la ley. Esto “por sí mismo supone la existencia de fraude o abuso en la contratación, al no darse ninguna circunstancia extraordinaria que justifique la ausencia del proceso selectivo para cubrir definitivamente la plaza vacante durante tan dilatado período”, reconoce.

La sentencia emitida por el TJUE en junio del año pasado se une a la que el mismo tribunal había emitido unos meses antes, en febrero de 2024, y que señalaba que España incumple el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Por ello, consideraba que la forma de evitar el fraude la conversión en fijos de aquellos trabajadores interinos en situación irregular. Un varapalo en toda regla que, sin embargo, no caló en la justicia española, puesto que el Tribunal Supremo estimó que llevar a cabo estas conversiones resultaba “incompatible” con los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que custodian el acceso a un puesto fijo dentro del sector público. Este pronunciamiento, además, fijó doctrina en un momento en el que diversos jueces habían fallado a favor de conceder la fijeza a estos trabajadores temporales, apelando al posicionamiento europeo.

Problema crónico

La elevada temporalidad en el sector público sigue sin corregirse, pese a los distintos procesos de estabilización que se han iniciado en los últimos años. Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE para el primer trimestre del año muestran un ligero retroceso de esta tasa, que se redujo en dos décimas respecto a la anterior muestra (28%), hasta situarse por primera vez por debajo del 30%. Un volumen que, sin embargo, continúa más que duplicando al del sector privado (12,1%).

El problema pone en jaque la percepción de fondos comunitarios, puesto que España se comprometió con la Comisión Europea a reducir el porcentaje de interinos al 8% antes del 31 de diciembre de 2024, algo que no se ha producido, pese a aprobar la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en diciembre de 2021.