El Gobierno decreta la expropiación de uno de los mayores grupos privados de España

La decisión del Gobierno se ha producido después de la polémica pública que ha enfrentado en los últimos días al ministro de Economia y Hacienda, Miguel Boyer, con el presidente de Rumasa, Ruiz-Mateos. El pasado viernes, Miguel Boyer anunció a la Prensa que enviaría a los inspectores del Banco de España a Rumasa, si esta entidad no terminaba la auditoría con Arthur Andersen. "Alguien quiere provocar una catástrofe sin precedentes en la historia económica de España", declaró el pasado martes por la noche Ruiz-Mateos en una conferencia de prensa. La presencia de Sotillos en TVE causó gran sorpresa, toda vez que se había anunciado que la referencia de lo tratado en el Consejo de Ministros no se haría pública hasta hoy. La historia del pulso mantenido entre el Gobierno y el grupo de Rumasa por conseguir conocer el estado real de la situación patrimonial del holding de la abeja pareció entrar en su recta final en enero de 1982 cuando el Fondo de Garantía, en virtud de las competencias que le confería un real decreto de 1980, y después de haber mantenido conversaciones con los responsables de Rumasa, decide exigir legalmente la realización de dichas auditorías en un plazo de cuatro meses, que cumplía en mayo de 1982. Hasta ese momento se han cumplido cuatro años de profundas negociaciones entre las partes que no habían dado resultado alguno. Es a primeros de 1978 cuando, según fuentes del banco de España, se inician los primeros contactos con Rumasa para convencerles de la necesidad de realizar una auditoría de sus bancos -en aquel momento el Atlántico no estaba participado mayoritariamente por Rumasa- que clarifique la situación del grupo. Las inspecciones del Banco de España de aquella época habían, detectado un peligrosa concentración de riesgos de los bancos del grupo en las empresas y un exceso de inversión de los mismos por encima de lo considerado ortodoxo en las prácticas bancarias. Es el momento en que las autoridades monetarias empiezan a recomendar al grupo que se consolide, que no vaya tan deprisa en su política de crecimiento e incluso que estudie un cierto proceso de desinversión. No es hasta dos años después, en enero de 1982, cuando la comisión gestora del FGD decide exigir de forma oficial a Rumasa la realización de las famosas auditorías. Entre medias, han tenido lugar hechos significativos como diversas compras de empresas, desaconsejadas en general por las autoridades, y las inspecciones del Banco de España continúan dando, como resultado diversas sanciones a los bancos de Rumasa, limitándoles su capacidad de expansión. Rumasa, después de proponer en un primer momento a una empresa auditora que no es localizada en el registro de sociedades, propone como empresa auditora a Arthur Andersen, lo que es aceptado por el fondo que pone como fecha de finalización el mes de mayo de 1982. Dicha fecha no se cumple y se negocian otras distintas: junio, julio y diciembre de 1982. En el entreacto de estas nuevas Pechas de terminación, el grupo Rumasa pide autorización para que otra firma auditora, Price Waterhouse, entre a participar en el trabajo, lo que acortaría los tiempos finales de entrega. Por parte del Fondo de Garantía de Depósitos no hay problemas y se acepta dicha incorporación. Poco después se produce la compra de la cadena de almacenes Sears por parte de Galerías Preciados, operación desaconsejada por el Banco de España y que vuelve a producir tensiones entre las partes. Este es el punto máximo de fricción entre Ruiz-Mateos y el Gobernador del Banco de España, quien en una dura conversación advierte al presidente de Rumasa que su actitud rompe todos los códigos de conducta y que a partir de ese momento se pueden dar prácticamente por terminadas todas las relaciones entre el banco emisor y Rumasa. La preocupación por la situación de Rumasa hace que el primer contrato de compra de Sears sea impedido por el Banco de España no autorizando una operación en divisas. No obstante, Rumasa, basándose en la legislación sobre inversiones extranjeras, logra llegar a un acuerdo con Sears pagando en pesetas que, inmediatamente, se tienen que convertir en dólares en función de la legislación. En diciembre de 1982, poco antes de que finalice el último plazo dado por las autoridades a la terminación de las auditorías de los dieciocho bancos del grupo, surgen las "discrepancias técnicas" entre Rumasa y los auditores de Arthur Andersen, lo que provoca la paralización de las mismas hasta que no sea entregado el estado de situación del trabajo llevado a efecto hasta ese momento. Es cuando se plantea la posibilidad de cambiar de auditor por parte de los responsables de Rumasa.

Exigencias del Fondo

Hay que esperar dos meses todavía para que, después de una reunión de la comisión gestora del Fondo de Garantía, se decida mandar un requerimiento notarial a Rumasa para que, en un plazo que expiraba el próximo día 10 de. marzo, el holding de la abeja explique suficientemente los motivos que ha habido para que no se hayan finalizado los trabalos de auditoría de los bancos que componen la división financiera. Hasta ese momento el FGD cuenta tan sólo con la auditoría del Banco Atlántico correspondiente al ejercicio de 1981 y las "revisiones limitadas" de las 99 empresas no financieras del grupo no aportan datos significativos para los responsables del Fondo. Las revisiones limitadas son un instrumento de trabajo para los auditores pero no significan nada a la hora de valorar la situación patrimonial de los bancos. Días después de esta notificación notarial es cuando se producen las declaraciones del ministro, Miguel Boyer, anunciando que las auditorías deben terminarse y con Arthur Andersen. El resto de la historia es ya conocido: a las manifestaciones de Miguel Boyer se contesta con una nota de Rumasa en la que se afirma que no existe ningún problema que afecte a la solvencia y liquidez de las empresas de Rumasa y se produce la reunión con el ministro de Economía y Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo sobre la finalización de las auditorías y el reconocimiento de que el Banco de España pueda recibir directamente los informes de la empresa auditora. Dichos contactos no prosperan y se produce la conferencia de prensa de José María Ruiz-Mateos, transmitida a través de un sistema de megafonía interna a los empleados del edificio central de Madrid, en la que el presidente de Rumasa afirma que "alguien podría estar interesado en provocar una catástrofe" y los asesores legales y económicos se comprometen a que las auditorías estarían terminadas en un "tiempo aproximado de dos o tres meses" a la luz de los informes de situación facilitados por Arthur Andersen

Las últimas adquisiciones

Rumasa, pese a los constantes rumores sobre la difícil situación en que se encontraba el holding, no ha cesado de adquirir empresas de gran renombre en los últimos tres años. Así han pasado a sus manos Fidecaya, Galerías Preciados, Bodegas Díaz Mérito, Mantequerías Leonesas, Almacenes Martínez Colomer y Vitrocerámica. En septiembre de 1981, pagando con inmuebles las acciones y los créditos del Banco Urquijo, se hace con el control de Galerías Preciados. Un año después, a través de esta última firma, Rumasa adquiere en unos 2.000 millones de pesetas la cadena de establecimientos Sears en España. La expansión de Rumasa, no sólo se circunscribe a los grandes almacenes. El escándalo Fidecaya, entidad que cuenta con 200.000 cedulistas en toda España y que plantea un serio problema al Gobierno por sus repercusiones sociales, permite a Rumasa la oportunidad de hacerse con esta importante entidad de ahorro. El último anuncio de adquisición de una empresa por Rumasa se produjo hace quince días, aunque la operación fue realizada en diciembre pasado. Fue la adquisición de la empresa Vitrocerámica, por dos mil millones de pesetas, al Banco Exterior de España (banco privado con mayoría de capital público).