¿Qué presupuestos nos esperan?

El próximo 30 de octubre el Consell de la Generalitat Valenciana ha de haber aprobado el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año que viene y ser remitidos a las Cortes Valencianas para su discusión y tramitación parlamentaria.En las fechas en las que estamos (mediados de mes de octubre), a la UGT del País Valenciano le inquietan una serie de interrogantes y dudas, una serie de temores también, acerca de la orientación que tendrán esos presupuestos, si atendemos a las declaraciones que se vienen produciendo al respecto en los últimos días.

¿Qué enfoque quiere dar el Gobierno popular de la Generalitat Valenciana a los presupuestos? ¿Serán unos presupuestos "planos, restrictivos, duros y de ajuste" (tal y como el Gobierno autonómico ha ido aireando) o, por el contrario, serán unos presupuestos expansivos, atrevidos y que reflejen la realidad económica que los indicadores macroeconómicos apuntan?

Vaya por delante que la UGT del País Valenciano estará en contra frontalmente de una orientación restrictiva de los presupuestos del 2000 porque difícilmente podría entenderse el ajuste y la restricción presupuestaria si, al mismo tiempo, comprobamos el talante ufano y autocomplaciente de nuestros gobernantes que no tienen reparos en afirmar una y otra vez que, si España va bien, "la Comunidad Valenciana va más que mejor".

Los indicadores macroeconómicos señalan que nos encontramos en un momento de bonanza, de fase expansiva, de crecimiento económico notable. En definitiva, en una buena situación económica que permite, sin ser excesivamente atrevidos, afrontar unos presupuestos acordes con la misma y en los que quepan partidas que respondan a reivindicaciones económicosociales, laborales y de apuntalamiento y consolidación del Estado de bienestar que seguro son queridas y compartidas por todos los ciudadanos en general y por los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana en particular, y más a la vista de la importante inyección económica que tiene que recibir nuestra Comunidad a través de la Unión Europea en concepto del Plan de Desarrollo Regional (PDR, 2000-2006).

El Gobierno popular de la Generalitat Valenciana no puede dar la espalda en los presupuestos del año 2000 a problemas graves y acuciantes que padece nuestra Comunidad ni pasar por alto, tampoco, otros problemas que, no por ser menos graves, pueden condicionar el futuro.

El Gobierno autonómico del PP no puede seguir prácticamente ignorando la enorme precariedad laboral de nuestro mercado de trabajo (con índices de casi el 90% de la contratación que se realiza), ni la incesante lacra de los accidentes laborales, ni el desamparo total en que se encuentran más del 50% de los desempleados valencianos.

Tampoco puede el Gobierno de la Generalitat Valenciana ponerse una venda en los ojos ante la realidad cada vez más patente de afrontar la reducción y reordenación del tiempo de trabajo (en la meta de las 35 horas de jornada laboral semanal) con el objetivo, entre otros, de generación de empleo estable, ni retrasar más la plena aplicación de la LOGSE, o seguir en la senda del desmembramiento del Estado del bienestar con privatizaciones que deterioran nuestro sistema sanitario público.

Unos presupuestos restrictivos también significarían, a buen seguro, no apostar por el esfuerzo tan necesario en Investigación y Desarrollo para que nuestras empresas fueran más competitivas con el efecto positivo colateral de corregir aquellas deficiencias de nuestro mercado de trabajo a las que antes nos referimos.

En definitiva, no sabemos pero, queremos saber, para despejar muchas incógnitas, si el Gobierno, igualmente, contemplará, o no, la dotación del fondo de ayuda social para los empleados públicos (en torno a los 10.000 millones de pesetas) de nuestra Comunidad dando cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo del mes de abril y ante el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de finales del mes pasado, o si el Gobierno autonómico popular es capaz de recoger algún tipo de medida que venga a paliar la grave situación en que se encuentran nuestros trabajadores y trabajadoras eventuales del campo que, por el incumplimiento del Gobierno central del PP faltando a lo acordado en 1996, siguen sin cobrar prestaciones por desempleo, entre otras muchas injusticias.

Esperamos conocer todos estos extremos pronto y, con ello, la UGT-PV actuará en consecuencia, como siempre.

Luis Soler Navarro pertenece al área de Acción Institucional y Social de UGT-PV.