Funcionarios nómadas

La nueva normativa sobre los concursos de traslados para los funcionarios docentes no universitarios ha originado el problema del regreso a sus comunidades de origen o adopción de aquellos profesores a los que nos ha sorprendido fuera, en unos destinos obtenidos como consecuencia de una mala planificación en las plantillas de los centros, y que obligaba a ocupar el primer destino definitivo allí donde había plaza vacante, aunque a su vez se dejase otra. Esto traía como consecuencia la práctica del nomadismo por el profesorado, hasta que, al final, en un tiempo determinado, se volvía al punto de partida, pues aunque el sentir autóctono no es nuevo, sí lo es la pérdida del derecho de antigüedad en los cuerpos estatales a los que pertenecíamos por el bien de la calidad de la enseñanza, al parecer ligada a incardinar al profesorado a los centros. Supondrá para una minoría de profesores ser los restos desperdigados de la Administración centralista a unos miles de kilómetros de nuestros hogares.El Ministerio de Educación y Ciencia, perfecto conocedor del perjuicio que se va a causar a sus ex funcionarios, descarga su responsabilidad en las comunidades autónomas, más preocupadas por seguir dando entrada a nuevos funcionarios por eso de la creación de puestos de trabajo, olvidándose de que muchos han surgido por el trasvase anterior de profesores a otras comunidades y que a nivel del Estado las plantillas no han crecido, pasando a depender el regreso de cada comunidad en la medida de ser más o menos sensible a un problema de movilidad en los funcionarios propios de otras comunidades.

El Ministerio de la Presidencia tendrá que actuar, por cuanto consta en nuestro título administrativo que somos funcionarios civiles de la Administración del Estado y no se están respetando los derechos que teníamos en el momento de las transferencias.

Los profesores andaluces conocemos el proceder de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por lo que vemos limitadas nuestras esperanzas a ser amparados por el Defensor del Pueblo o por el Senado, pues en nuestra comunidad autónoma no hay responsable del Gobierno que nos acoja.

La falta de previsión, entre otras cosas, de la Junta de Andalucía ha dado lugar al nacimiento del término funcionario andaluz emigrante, que permite definir a todos aquellos funcionarios transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía el día 1 de enero, pasados forzosamente a funcionarios canarios, vascos, catalanes, etcétera, el 12 de septiembre, y hoy no podemos participar en el concurso de traslados de nuestra comunidad; y cuando podamos será a un tercio de las plazas vacantes en ella.

Como andaluz, reivindico el continuar enseñando dentro de la comunidad andaluza. /