El incendio de la Mezquita de Córdoba aviva la polémica sobre la titularidad de la Iglesia católica

“Si el incendio de la Mezquita de Córdoba hubiera tenido lugar en el Museo del Prado, ya se habría pedido la cabeza de la dirección e incluso del responsable del Ministerio de Cultura, pero en este caso, no he visto a nadie del Cabildo asumir ninguna responsabilidad”. Con esta afirmación, Manuel García Parody, catedrático jubilado de Geografía e Historia y profesor del centro asociado de la UNED de Córdoba, resume el malestar que muchos colegas historiadores, así como amplios sectores de la sociedad civil y algunas formaciones políticas, han manifestado ante la gestión del templo por parte del Cabildo y su posible negligencia, al haber destinado una capilla como almacén dentro de un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. Este martes, el presidente de presidente en España del organismo asesor de la Unesco en asuntos patrimoniales, Juan Carlos Molina, reconoció que ya la pasada primavera el Cabildo era consciente del riesgo que entrañaba ese uso. Unas críticas que apuntan también a la controvertida titularidad del monumento, que se ha atribuido la Iglesia católica desde que lo inmatriculó en 2006, y por la que se arroga el control absoluto de todo lo relacionado con su protección, difusión y sostenibilidad.

“Al estar en manos exclusivas del Cabildo, se generan dudas razonables sobre cuáles son los criterios que se están aplicando para la preservación y para la gestión de un monumento tan importante”, sostiene Alejandro García Sanjuán, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Huelva y uno de los miembros del comité de expertos que en 2018 elaboró el informe sobre la titularidad de la mezquita. Historiadores y académicos, además de la Plataforma Mezquita-Catedral, llevan años reclamando una mayor implicación de las administraciones en la toma de decisiones y la supervisión de las actividades que la diócesis desarrolla en el templo.

“La mezquita, por su trascendencia patrimonial, no puede estar en manos de una entidad privada como es la Iglesia católica”, subraya Miguel Santiago, el portavoz de la plataforma. “Se ha puesto en peligro la integridad patrimonial del edificio y ha sido justamente la inmediata actuación de los bomberos lo que ha evitado una tragedia más grande, pero esto no ha sido un pequeño incidente, esto ha sido algo grave. Por lo tanto, hay razones para poner en duda los criterios de gestión que está aplicando el Cabildo”, abunda García Sanjuán, que cuestiona las declaraciones del deán o de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que acotan los daños a “50 metros cuadrados de un total de 13.000”.

El origen de esa exclusividad de la gestión por parte del Cabildo se encuentra, como recalca Antonio Maíllo, coordinador general de IU y cordobés, en la inmatriculación de la mezquita por parte del Arzobispado de Córdoba. “No hay una plataforma dedicada a la catedral de Sevilla, ni a la Almudena. Pero sí hay una Plataforma Mezquita-Catedral en Córdoba, y es por un pecado original, que es la inmatriculación, que muchos cordobeses sintieron como una traición”, señala Maíllo.

En virtud de esa titularidad, la Diócesis de Córdoba ha ido tomando decisiones en las que ha imperado el criterio confesional por encima del patrimonial o el histórico. En 2015, el Cabildo pasó a denominar solo catedral al conjunto monumental, y dos años después desmanteló una de las cuatro celosías que el arquitecto Rafael de la Hoz realizó en 1972 para que pudieran acceder los pasos de la Semana Santa. En los últimos años se ha denunciado también la proliferación de simbología cristiana dentro del templo, minimizando la riqueza andalusí. En el Plan Director, que ha sido aprobado por la Junta de Andalucía, se establece claramente la titularidad del Obispado, que se adjudica la exclusividad de la “gestión y organización” del templo.

“En un plan director hay que hacer un estudio de riesgos, ¿cómo está hecho ese estudio? Eso es lo que habría que evaluar en primer lugar”, señala Eduardo Mosquera, arquitecto y coordinador del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, que llama la atención sobre la importancia de que el contenido de ese plan director se supervise para que no quede en papel mojado, y que se pregunta si no “ha faltado una mayor especialización en el seguimiento de ese documento”. “Lo que hace falta a partir de ahora es una idea de conservación integral”.

Esa falta de control o supervisión por parte de las autoridades públicas de la gestión de un monumento patrimonio de la humanidad es la que se ha puesto en cuestión tras el incendio del pasado viernes. ¿Puede haber un almacén de productos de limpieza o de sillas en un monumento patrimonio? ¿Cómo se hizo en 2015 la restauración de la cúpula que colapsó el pasado sábado como consecuencia de las llamas? ¿Por qué no se habían habilitado inmuebles alternativos para trasladar allí los materiales de mantenimiento que estaban en la mezquita-catedral? ¿Por qué no tenía ya instaladas las últimas medidas contra incendios, que el deán sostuvo que estaba previsto que se incorporaran en otoño? Son algunas de las preguntas que van surgiendo tanto entre los expertos como entre la sociedad civil estos días y que, coinciden, podrían haberse previsto o supervisado con la intervención y el control de otras administraciones públicas. “Como las autoridades no pusieron límite desde la inmatriculación, se ha dado pie a que el Cabildo se crea con derecho a actuar a su libre albedrío”, se lamenta García Sanjuán.

Comparecencia de la consejera y preguntas en el Congreso

Los partidos políticos se han sumado a la exigencia de una corresponsabilidad. El PSOE de Andalucía y Adelante Andalucía han pedido la comparecencia de la consejera de Cultura para que dé explicaciones sobre el incendio. “Este experimento de que un bien patrimonio de la humanidad sea de titularidad privada tiene que terminar, porque se ha hecho con el objetivo de monopolizar un negocio, que es el del turismo”, recalca Begoña Iza, diputada de la coalición andalucista. La consejera sí ha defendido estos días la gestión del Cabildo, recalcando la coordinación entre la administración andaluza y la diócesis en cuanto a la conservación del monumento. “Si es así, tendrá que explicar en el Parlamento dónde estaba el control de la Junta”, reclama Iza, refiriéndose al uso de una capilla como almacén y al funcionamiento del sistema antiincendios.

En el Congreso de los Diputados, el grupo de IU ha presentado una batería de preguntas al Ministerio de Cultura en las que interpela al Gobierno sobre las medidas que va a adoptar para la rehabilitación de la mezquita y para “el reconocimiento jurídico de la titularidad pública” del monumento, algo que también exigirá Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico.

Para Maíllo, el desarrollo del plan de recuperación que deberá presentar el Cabildo debería ser un “punto de inflexión” de cara no solo a una mayor transparencia por parte de la diócesis, sino para la “codecisión”. “Si las administraciones intervienen, deben tener capacidad de decisión”. El dirigente pone como ejemplo otras restauraciones del templo para las que, pese a tratarse de una titularidad privada, se ha destinado dinero público. Aunque el Cabildo ya ha asegurado que costeará de sus propias arcas la recuperación de las zonas quemadas por el incendio -que la Junta ha cifrado en un millón de euros-, tanto el alcalde de Córdoba, José María Bellido, del PP, como la propia consejera se ofrecieron a colaborar en las tareas de restauración.

Sin embargo, los expertos son mucho más pesimistas. Llevan años reclamando esa implicación y han visto cómo todas las instituciones han mirado para otro lado. “Córdoba ha sido una ciudad regida por IU durante muchísimo tiempo, la Junta ha estado gobernada por el PSOE también durante muchísimo tiempo. El problema no es de hoy, se lleva arrastrando durante muchísimos años en los que la autoridad civil se ha plegado ante la autoridad religiosa”, sostiene García Parody. “Soy muy pesimista. En todo este tiempo lo que se constata es que las autoridades se limitan a dejar hacer, no hay realmente un control de la gestión ni una fiscalización de las políticas o de las decisiones que va tomando el Cabildo”, abunda García Sanjuán.

En los últimos años, cuando los expertos y la sociedad civil alertaban sobre la progresiva colonización de la mezquita por parte del Cabildo con iconografía cristiana, apelaban a una mayor implicación por parte del ministerio y la Unesco en la supervisión del Plan Director, exigiendo una participación multidisciplinar en su elaboración para que no quedara circunscrita a los criterios de la diócesis. Sin embargo, el Gobierno se ha escudado en que la competencia sobre ese documento depende exclusivamente de la Junta, que debe velar por el patrimonio histórico andaluz. Desde la Unesco se ha recalcado que solo puede revisar el plan de gestión de todo el centro histórico de Córdoba, en el que se sitúa la mezquita-catedral, que también es Patrimonio de la Humanidad.

Tras el incendio, la implicación de las administraciones en la supervisión de la gestión integral del monumento y de la futura recuperación de la parte afectada, sin embargo, parece mucho más necesaria: “La Unesco, el ministerio y la Junta de Andalucía deben ponerse firmes con esto”, sostiene Mosquera.