El secretario de Estado de Medio Ambiente: “Los daños del lobo suponen un 0,7% de las pérdidas del sector ganadero”

A menudo se interpreta la batalla política por el lobo como un ejemplo de la cada vez mayor ruptura en España entre la gente de ciudad y del mundo rural. El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán (Campomanes, 61 años), que sigue defendiendo la especie frente a los partidos y comunidades autónomas que están dando marcha atrás en su protección, es de un pueblo de montaña de Asturias, Lena, en el que siempre ha estado muy presente este depredador.

Pregunta. ¿En los últimos años, han aumentado los problemas con el lobo al norte del Duero?

Respuesta. No. Recuerdo perfectamente el tiempo en el que yo era alcalde, incluso antes concejal, entre finales de los 90 y mediados de los 2000, y existía la misma dificultad de convivencia con el lobo en determinadas actividades, especialmente en la zona en la que yo vivo, que es de explotación ganadera de extensivo. Lo recuerdo exactamente igual que ahora.

P. Pero en el Congreso de los Diputados se ha llegado a decir que ahora hay miedo.

R. Sí, he escuchado esos argumentos. Nunca he visto que el lobo generara miedo en el entorno social en el que yo vivo. Frente a la ausencia de argumentos con base científica, probablemente se ha llegado a interpretar que la eliminación del lobo puede ser rentable en términos electorales.

P. ¿Hasta qué punto esta especie perjudica a la ganadería?

R. Los daños del lobo suponen un 0,7% de las pérdidas del sector ganadero. Y ni siquiera estamos en condiciones de asegurar que el 100% de estos daños sean por lobo, pues hay ataques a explotaciones ganaderas que luego se ha constatado que eran de cánidos. Aunque se exterminase el lobo en este país, esto no resolvería los problemas del sector ganadero.

P. ¿Fue un error aumentar la protección del lobo en 2021 para que no pudiera ser cazado, con la oposición de las comunidades que concentran la mayor parte de la población de la especie?

R. El punto de partida es si hay que tomar las decisiones sobre la base del conocimiento científico o si es mejor superponer el interés político, mediático o de otro tipo a la propia evidencia científica.

P. ¿Pero no haber contado con el criterio de esas comunidades no explica parte de la reacción tan fuerte contra la especie que ha venido después?

R. El tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Aunque la biodiversidad es un patrimonio público de todos, uno de los argumentos en contra [de su protección] entonces es que resultaba inaceptable que estuviesen decidiendo sobre la conservación de la especie regiones en las que ni siquiera había habido nunca presencia de lobos, como las comunidades insulares o incluso Ceuta o Melilla. Pero, si uno ve hoy los argumentos utilizados ahora en las reivindicaciones al Ministerio [para reducir la protección], se esgrime que las ciudades autónomas como Ceuta o Melilla o las comunidades autónomas como Canarias y Baleares tienen el mismo derecho a opinar que el resto.

P. El último censo del lobo estima que en España hay ahora mismo 330 manadas. ¿Qué significa esto?

R. Se ha producido un incremento del entorno de un 1% anual en la población de lobos, entre el año 2015 y el 2025, lo cual es prácticamente una situación de estabilidad. El lobo es una especie muy territorial, allí donde está implantado no tiene posibilidad de crecer. El tamaño medio de una manada se mueve entre cuatro y seis ejemplares y ahí no hay posibilidad de que entre otro, con lo cual, cuando el territorio está ocupado, la especie ahí no crece. ¿Cuándo crece? Cuando tiene posibilidad de recolonizar espacios de los cuales había sido expulsado con anterioridad. Esa es la realidad de los números, de los datos fríos.

P. ¿Cómo se determina si la especie está o no en una situación favorable?

R. Hay dos elementos que determinan cuál debería de ser la línea lógica para una gestión razonable con esta especie, uno es el científico y otro es el jurídico. El científico nos dice que deberíamos estar moviéndonos en el entorno de unas 500 manadas y para el jurídico está la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2024 que dice que no puede determinarse si el lobo está en situación favorable o desfavorable remitiéndonos a los datos de una región en concreto, sino que debe considerarse la totalidad del territorio susceptible de acoger a la especie. Por eso resulta sorprendente que una comunidad autónoma como Andalucía en la cual el lobo fue exterminado y no se ha vuelto a reintroducir se sume a la línea que defiende que el estado de la especie es favorable.

P. El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra tres disposiciones incluidas en la Ley de Desperdicio Alimentario para volver a cazar el lobo que fueron aprobados en marzo de 2025 con los votos de PP, Vox, Junts y PNV. ¿Qué opina?

R. Igual que decía antes, el tiempo pone las cosas en su sitio. Me siento en estos momentos absolutamente solidarizado con el Defensor del Pueblo, pues se está criminalizando su papel. Cuando se produce una discrepancia respecto a la posición política, algunos renuncian a argumentos científicos, técnicos, jurídicos y entran en una dinámica de descalificación personal.

P. ¿De qué forma se compensan hoy en día los daños de la especie a los ganaderos?

R. Antes de introducir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial [para que dejase de ser cazado (en el año 2021)], cada comunidad autónoma tenía su tratamiento diferencial y eso generaba agravios entre territorios. Cuando se incorpora al listado, el Ministerio para la Transición Ecológica asume que tiene la obligación de contribuir a una gestión que se adapte a los parámetros que la estrategia establecía. Fijamos una partida de 20 millones de euros para el conjunto del Estado, para indemnización por daños y para el pago de medidas de convivencia. El último dato que nos habían dado las comunidades autónomas de pagos de daños, justo antes de esa fecha, se movía en el entorno de los 6 millones de euros en su conjunto, el Ministerio incorpora 20 millones de euros. Sin embargo, nunca pensamos que esto iba a suponer que las comunidades autónomas dejaran de asumir su responsabilidad y eliminaran su presupuesto.

P. ¿Y qué pasa ahora con la salida del lobo de este listado y la vuelta de la caza?

R. Esta medida de acompañamiento que este Ministerio había puesto en marcha ya no tiene razón de ser para el pago de las indemnizaciones, pues se incluye una herramienta para el control de la especie [la caza] que el Ministerio considera que no responde a la realidad científica constatada. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Seguimos manteniendo esos 20 millones de euros en el presupuesto, pero desde luego no para el pago de daños, sino para la financiación de medidas de coexistencia con la especie. No vamos a darle el dinero a las comunidades autónomas, vamos a destinar el dinero al sector ganadero.