El nuevo censo del lobo detecta 333 manadas en España, un aumento de 36 que no garantiza su futuro

El nuevo censo nacional del lobo estima que en España existen 333 manadas (entre 1.300 y 1.600 individuos), lo que supone un 12% (36 grupos más) de incremento con respecto al anterior conteo realizado hace más de una década. Esta cifra queda lejos de las 500 manadas que los científicos consideran necesarias en la península Ibérica para garantizar la viabilidad genética del carnívoro, que implicaría su supervivencia a largo plazo, indica el Ministerio para la Transición Ecológica. Para llegar a esa situación, faltarían unas 100 manadas en la península, teniendo en cuenta que en Portugal existen alrededor de 60.

Fuentes ministeriales aseguran que con estos datos la situación del lobo “es desfavorable” en España. Una conclusión que van a trasladar esta mañana a las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente y que enviarán a Europa en el informe sexenal sobre el estado de esta y otras poblaciones protegidas a finales de julio.

Con independencia de que “guste más o menos” el resultado es la traducción del número que aparece en el censo, consolidado y aceptado por las comunidades autónomas, según un procedimiento que marca Europa, añaden las mismas fuentes. De esta forma, las comunidades autónomas pueden decir si están de acuerdo o no, pero es un procedimiento que no puede modificar ni el Estado ni otras administraciones.

Algo muy importante porque, aunque Europa ha bajado la protección de la especie ―poniéndola en el anexo V de la Directiva Hábitat―, si sigue estando en estado de conservación desfavorable, no se le podrían aplicar medidas de gestión como la caza o la extracción de ejemplares, “porque no se permite mejorar a la especie”, advierte Juan Carlos Blanco, biólogo y experto en lobos.

Un control que ya se está aplicando en diferentes comunidades, después de que la especie saliera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ―que prohibía su caza en todo el territorio nacional―, tras la aprobación este marzo de varias enmiendas que presentó el PP escondidas dentro de la ley de desperdicio alimentario. El nuevo censo se llevó a cabo cuando el lobo disfrutaba de esa protección especial, entre 2021 y 2024, pero la tregua solo le duró tres temporadas de caza.

La especie regresó así al régimen anterior al norte del río Duero como especie cinegética ―en el sur de esa frontera sigue estando estrictamente protegida, de momento―. Al poco tiempo, Asturias anunció la autorización para cazar y matar a un máximo de 53 lobos, el 15% de su población; Cantabria a 41, el 20% de sus lobos, y La Rioja y Galicia han incluido la especie en sus órdenes de veda para 2025, sin especificar cupos. Castilla y León abordará su caza una vez que esté terminado el informe sexenal.

Estos planes implicarían acabar con 20 manadas, lo que supondría que la especie seguiría igual que antes, sin ningún avance, advierten desde el ministerio. Por este motivo, consideran “completamente contraproducente” la gestión de la especie con métodos letales.

Las organizaciones ecologistas han recurrido las resoluciones que permiten cazar al lobo y WWF ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia suspenda la de Galicia de forma cautelar aplicando el principio de precaución ambiental.

Cantabria es la única comunidad que ha comenzado a eliminar ejemplares en plena temporada de cría como control poblacional. Ya han abatido a 16 ejemplares, entre ellos nueve hembras. “Es una situación tremenda, lo habitual es cazar a los animales en otoño-invierno, pero aquí estás matando a los lobos en la época reproductora, con lo que no solo acabas con los adultos, sino que no das posibilidad de seguir adelante a cachorros que ya hayan nacido”, explica Luis Suárez, coordinador del departamento de conservación de la organización ecologista WWF.

Los daños, a cargo de las comunidades

Dado que se ha regresado a la situación anterior, el ministerio ha anunciado que no va a pagar ninguna indemnización por los daños que produzcan los lobos ―coste que asumió el Estado tras la protección del lobo en todo el territorio en 2021―. Lo tendrán que abonar las comunidades autónomas, aunque el ministerio continuará ofreciendo los mismos 20 millones, pero para otras herramientas de gestión de la especie.

Castilla y León (193 manadas), Galicia (93), Asturias (45) y Cantabria (23), albergan la mayor parte de la población nacional de la especie, algo que no ha cambiado con respecto a la situación anterior. El País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura son los territorios de expansión con un número muy reducido de manadas.

No se han detectado manadas estables ni en Aragón ni en Cataluña, a pesar de la presencia esporádica de ejemplares. Extremadura dio la sorpresa en 2024 con la presencia de una manada reproductora. En general, indica el Ministerio para la Transición Ecológica, se observa una mayor expansión en los bordes del área de distribución estable de la especie hacia al este y sureste, en especial en los límites de Castilla y León.