Fragilidad

Hace tres semanas, en la ciudad de Calama se produjo el trágico asesinato de la docente María Victoria Reyes, producto de un ataque con arma blanca cometido por un alumno dentro del recinto educacional donde trabajaba como inspectora. El crimen no solo interrumpió la rutina de la comunidad escolar, sino que también hizo visible un problema que el país viene acumulando hace tiempo, y que demuestra que no se trata solo de un simple crimen aislado. En los días posteriores hemos visto como se han multiplicado rayados en baños, mensajes anónimos, publicaciones en redes sociales y advertencias de tiroteos en establecimientos, estimándose que más de medio centenar de establecimientos educacionales habían suspendido clases por amenazas en 14 de las 16 regiones del país; cuestión que permite afirmar que la violencia escolar ya no parece como un hecho local puntual y aislado, sino como una onda expansiva de gran magnitud.

Al principio, la tentación inmediata es intentar explicar el hecho por el efecto de imitación, pero creo que detenerse ahí sería insuficiente y simplista, puesto que la evidencia científica sugiere que la expresión de la violencia generalmente condensa condiciones ambientales previas, tales como malestares acumulados, vínculos debilitados, normalización de la agresión y fallas institucionales que vuelven posible lo que antes parecía impensable. Ese es, a mi juicio, el punto central del caso chileno. Lo que ha emergido en estos meses no es solo una crisis de seguridad escolar, es también la manifestación visible de una fragilidad más amplia, que abarca distintos planos tan diversos como la salud mental infantil y adolescente, la calidad de la convivencia escolar, la capacidad de mediación adulta y los tipos de entornos sociales donde hoy crecen niños y jóvenes.

La evidencia reciente ayuda a ordenar ese diagnóstico. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recuerda que la violencia escolar no se limita al aula, por cuanto incluye lo que ocurre dentro y fuera de la escuela, en los alrededores, en el trayecto y también en entornos digitales. Además, no se reduce a la agresión física, ya que esta también puede ser psicológica, sexual o institucional, cuando políticas, prácticas o culturas escolares perjudican o excluyen a ciertos estudiantes. La organización advierte también que la violencia escolar afecta el aprendizaje, la salud mental y el futuro de quienes la sufren. Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) agrega otra escala del problema, ya que según sus datos, la mitad de los adolescentes del mundo entre 13 y 15 años ha experimentado violencia entre pares en la escuela o en sus inmediaciones. No se trata, por tanto, de una anomalía propia de nuestro país, sino de una crisis global que estaría adoptando formas locales.

El rasgo más inquietante del caso chileno es que esta violencia no irrumpe sobre un terreno neutro. Por ejemplo, el Informe Nacional del Bienestar de la Niñez publicado en 2024 por Fundación Colunga, concluyó que de 20 indicadores revisados, 12 habían empeorado, por lo que ya había suficiente evidencia de deterioro. Otros estudios han puesto el foco en otros aspectos que suelen quedar fuera de la conversación pública, como la sensación de soledad que acompaña cotidianamente a los jóvenes. Según datos de diversas fuentes, como la encuesta Juventud y Bienestar 2024 de SENDA y la serie de estudios sobre jóvenes de Ciclos UDP, casi dos tercios de los adolescentes y jóvenes chilenos pasa más de tres horas al día en redes sociales, y más de un tercio tiene una autopercepción de sí mismo muy deteriorada.

Por su parte, el Consejo Nacional de Televisión de Chile acaba de publicar un estudio sobre consumo audiovisual infantil y adolescente que ayuda a entender el contexto comunicacional en que esta crisis se produce. El informe indica que entre los niños de cuatro a 12 años, las plataformas de video ya representan casi la mitad del consumo audiovisual en verano, mientras la televisión abierta cae significativamente. En los adolescentes, las plataformas concentran gran parte del consumo y el smartphone se consolida como la pantalla dominante para ver videos, con un uso que se extiende hasta altas horas de la noche. Quizá el dato más decisivo es otro y aún más preocupante, ya que cae el consumo acompañado y aumenta la experiencia individual. En otras palabras, niños y adolescentes pasan más tiempo frente a pantallas personales, menos tiempo viendo contenidos con otros y más tiempo dentro de entornos mediados por algoritmos.

Por eso, la noción de fragilidad expresa mejor la idea de un estado basal previo a la manifestación de la crisis. El análisis de los factores contribuyentes obliga a admitir que la seguridad escolar no se define solo en detectores de metales, cámaras o sanciones penales. También depende de la calidad del vínculo entre estudiantes y adultos, del acceso a salud mental, del tiempo disponible de los adultos significativos para acompañar, de la capacidad de las escuelas para mediar nuevos conflictos de convivencia, de la alfabetización digital y de una cultura pública que ha tendido a normalizar la agresión. En muchas sociedades, la escuela se ha convertido en el lugar donde confluyen tensiones que nacen en otros espacios. No crea por sí sola todos esos problemas, pero los recibe, los procesa y, a veces, los deja expuestos de la forma más dura. En ese sentido, la violencia escolar no es solo un problema de disciplina ni únicamente una amenaza al orden público; es también un indicador del estado de una sociedad. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad de una jornada escolar, sino la calidad de los vínculos más básicos que sostienen la vida en común.