Las escuelas de Chile le abren la puerta a los detectores de metales para atajar la violencia

Los establecimientos educativos en Chile que quieran resguardar la seguridad de su comunidad podrán contar a partir de este miércoles con un pórtico detector de metales en el ingreso. La entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Escolar, -que incluye la instalación de recursos tecnológicos en los ingresos- llega en medio de un aumento de las denuncias por violencia en los centros educativos, la altísima percepción de que los colegios son lugares inseguros y los sonados casos de alumnos con armas en los establecimientos, como el de Calama, donde un estudiante mató a una docente hace unos días. El ministerio de Educación del Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast trabaja en un proyecto de ley que contempla la revisión de mochilas por parte de los equipos escolares. “Necesitamos tomar medidas extraordinarias”, alertó la ministra de la cartera, María Paz Arzola.

El caso de Hernán Meneses, el estudiante de 18 años que mató el viernes pasado a una inspectora con un cuchillo e hirió a otras cuatro personas en un colegio de la ciudad minera de Calama, ha puesto la violencia escolar en el centro del debate público. El 78% de los chilenos cree que el ataque es una señal de un problema generalizado en Chile y no un caso aislado, según la última encuesta Cadem, y un 90% considera que los colegios públicos no son un lugar seguro. Las causas de estos sucesos en centros educativos, postulan los encuestados, tienen que ver con problemas de salud mental y de delincuencia o violencia. Según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), las denuncias por violencia en el ámbito escolar aumentaron en un 74% entre 2023 y 2024, llegando a 4.418 casos. Y, durante el primer trimestre de 2025, se registraron 2.501 casos, según la Superintendencia de Educación, un 14,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

El lunes, en Curicó, un estudiante de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela. Consultado sobre la seguidilla de casos relacionados a la violencia escolar, Kast le pidió a los padres que tengan conciencia de que van a tener que tomar “ciertas medidas” para resguardar a los otros alumnos. “Eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, añadió.

La nueva ley de convivencia

La normativa apunta que los sostenedores de establecimientos educacionales -los responsables del financiamiento y funcionamiento- podrán implementar “recursos tecnológicos” destinados a identificar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares “que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo”. Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, no se opone a los detectores si la comunidad escolar lo desea, “pero no es la solución de fondo”. “Este es un tratamiento mucho más integral que tiene que ver con salud mental, convivencia, educación y la participación de las familias”, dijo. Solo se podrán instalar detectores de metales si los administradores del colegio llegan a un acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa y “cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”.

Los ministerios de Educación y el de Seguridad Pública están elaborando los reglamentos para poner en práctica la nueva ley y definirán los mecanismos de coordinación con las policías, así como los criterios técnicos que aseguren la proporcionalidad y pertinencia de las medidas, según la Superintendencia. La normativa también establece que el sostenedor debe crear un protocolo interno que permita regular el uso de los recursos tecnológicos, que estos deben interferir lo mínimo en las actividades educativas, y que tienen que resguardar “el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria, a la vida privada y a la honra”, así como el interés superior del menor de edad. Además, deberá “procurar la mínima interferencia en el desarrollo normal de las actividades educativas”. La normativa también obliga a los establecimientos a contar con equipos de convivencia escolar e instruir planes para promocionar la salud mental, la prevención del suicidio y las estrategias para resolver conflictos.

Horas antes de que la ley entrara en vigencia este miércoles, la Superintendencia de Educación dejó sin efecto un dictamen emitido durante el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) que señalaba que acciones de inspección como los pórticos detectores de metales y dispositivos de seguridad para detectar objetos bajo la ropa o dentro de mochilas infringen el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “afectando su vida privada, honra y reputación”. Señalaba también que no se podían establecer protocolos de revisión masiva o aleatoria de bolsos, ya que afectaba la privacidad, dignidad e integridad personal de los alumnos. “El fenómeno de la violencia, porte de armas y delincuencia es un problema de seguridad pública que difícilmente puede ser abordado, en lo inmediato, por el sistema educativo”, rezaba el escrito.

En una dirección contraria al dictamen, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que el Gobierno de Kast enviará un proyecto de ley que permita la revisión de mochilas y bolsos en los colegios por parte de los equipos escolares. Entre las otras medidas que incluirá la iniciativa, figura el “fortalecer” las herramientas pedagógicas de los docentes para hacer frente a los conflictos, junto con la autoridad y respeto hacia los profesores, “que es importante desde el punto de vista formativo”, apuntó Arzola, quien viajó el fin de semana a Calama para coordinar la respuesta gubernamental a la tragedia ocurrida en uno de los patios del colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta.