Las propuestas de los socialistas: regular las redes sociales, frenar la especulación con la vivienda y acelerar la agenda verde

Los partidos progresistas de todo el mundo han aprovechado el Global Progresive Movement (GPM) para discutir la agenda con la que plantar cara a los populismos y a los movimientos de extrema derecha. Lo han hecho a lo largo de unas 90 mesas por las que, a lo largo de dos días, han pasado políticos de todas las esferas, sindicalistas, académicos y activistas que han hecho su diagnóstico de la situación actual y han formulado propuestas para recuperar el terreno perdido en los últimos años. Estas son algunas de las políticas que ha propuesto en varios ámbitos.

Desigualdad. En todas las mesas del Global Progressive Movement ha habido un diagnóstico unánime: la desigualdad ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. Y las sucesivas crisis financieras y de precios y la revolución digital no han hecho más que acrecentar la distancia entre los más poderosos y los más empobrecidos. Tanto que incluso se ha hablado de una “oligarquía” que pone en riesgo la democracia. “La menor participación del trabajo en la riqueza ha aumentado la polarización social”, afirmó la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera. La receta de los socialdemócratas también es clara: imponer un tributo global del 2% de grave el patrimonio de las grandes fortunas. Según el economista de la Paris School of Economics Gabriel Zucman, esta aportaría unos 250.000 millones de dólares que podrían destinarse a la lucha contra la desigualdad.

Servicios públicos. Los progresistas pusieron mucho énfasis en los servicios públicos, que creen que están bajo presión en varios países. Las críticas se centraron en que las grandes corporaciones o los fondos de inversión hagan negocio con bienes básicos como la vivienda, el agua o la energía. “No son una máquina tragaperras”, afirmó la economista del University College London (UCL) Mariana Mazzucato, quien abogó por limitar los beneficios que esas sociedades sacan por ese negocio. “Tenemos que hacer frente a los tiburones y limitar los beneficios”, asintió la economista de la Universidad de Massachusetts Amherst Isabella Weber.

Vivienda. Es otro de los ejes debatidos por los socialdemócratas. Las grandes ciudades europeas –entre ellas, Barcelona, Atenas o Ámsterdam—, donde la construcción es compleja, se conjuran para recibir directamente de Bruselas fondos para políticas de vivienda. A partir de ahí, buscan actuar desde varios frentes: poner coto a las compras especulativas –como en Países Bajos o Cataluña—, frenar la proliferación de Airbnb y construir más. Al respecto, la delegación socialista holandesa expuso que Ámsterdam está construyendo más vivienda pero aplicando reservas a todas las capas de la población, de modo que un 40% de las viviendas son para hogares con ingresos bajos y otro 40% para clase media. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendió su plan para agotar las licencias de más de 10.000 pisos turísticos en 2028. “No aportan nada a la ciudad, solo a sus propietarios”, aseguró.

Industria y transición climática. Los progresistas creen que la economía actual ha llegado a un elevado demasiado elevado de financiación, dejando de lado la economía productiva. “Estamos en un contexto con sociedades que tienen unos beneficios muy altos y, en cambio, invierte poco”, criticó Mazzucato. La economista Isabella Weber consideró que la agenda progresista debe apostar por la agenda verde para “estabilizar” las economías ante los sucesivos shocks económicos que vienen sufriendo, a la vez que deben penalizar las empresas que todavía basan su actividad en los combustibles fósiles. “Si queremos avanzar hacia una transición verde, tenemos que asegurarnos de que los sectores que no queremos no sean los que tengan más beneficios”.

Bien común. Los progresistas concluyen también que el crecimiento de unos no puede producirse dejando a otros detrás. Por ello, España ha decidido impulsar un Consejo Global para una Economía del Bien Común junto a Mazzucato. Este organismo, cuya primera reunión se producirá en verano de 2026, tiene como objetivo articular “un nuevo pensamiento económico para informar el diseño de políticas más eficaces, mejorar practicas institucionales y la reforma del sistema multilateral”. “Se estructura sobre cuatro principios: justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global”, han añadido fuentes del Ministerio de Economía. El Consejo, que tendrá a España como primer país anfitrión, contará con la participación de ministros de Finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida, según estas fuentes. Las reuniones serán presenciales y se producirán en los márgenes de eventos globales como las reuniones anuales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la COP. Además, habrá una segunda reunión presencial prevista en Madrid en la primavera de 2027 para elaborar una agenda de reformas.

Feminismo. Además de líderes mundiales y figuras destacadas de la socialdemocracia, miembros de la sociedad civil y del mundo académico aportaron su conocimiento en distintas áreas en las 34 sesiones -116 ponentes- de la conferencia. Varios ponentes asociaron el avance de la extrema derecha con la ofensiva antifeminista -José Luis Rodríguez Zapatero habló de “una contrareacción”- y defendieron responder con valores y con políticas públicas. Los expertos advirtieron de que el feminismo debe adaptar su lenguaje y sus herramientas para seguir siendo mayoritario, especialmente entre la juventud. La activista colombiana Ana María Archila, recién nombrada jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, explicó que la elección de Zohran Mamdani ha sido “una respuesta de rechazo” al movimiento de ultraderecha que representa Donald Trump: “Dentro de nuestro plan de Gobierno está la idea de construir y ser todos los días un Gobierno feminista. Los pilares de nuestra acción están enfocados en la igualdad, la inclusión y la creación de poder colectivo”.

Migración. El debate sobre la migración ha sido secuestrado por la extrema derecha, que ha conseguido extender en parte de la opinión pública los marcos discursivos del miedo y la desinformación, coincidieron en señalar los ponentes de dos paneles dedicados a la cuestión. Los expertos defendieron responder aportando datos, apelando a los derechos y trabajando en el relato. El progresismo, señalaron, debe hablar de migración como factor de prosperidad, cohesión social y derechos laborales. “La mejor manera de contribuir a una cultura positiva que desmonte la desinformación y los bulos son los datos”, insistió Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que destacó que las políticas de su Gobierno han permitido reducir un 50% las llegadas irregulares.

Agenda verde. La internacional progresista defiende una transición ecológica irreversible pero socialmente justa, que evite las desigualdades territoriales o sociales. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, señaló ayer que la dependencia de combustibles fósiles “nos hace más vulnerables” y que, mientras sea así, las decisiones que nos afectan se tomarán en terceros países. “Cuando hablamos de seguridad tenemos que reafirmar nuestra apuesta por la agenda verde”, aseguró. La ministra defendió la necesidad de seguir expandiendo las energías renovables para que Europa esté así “menos expuesta a volatilidades”.

Redes sociales e IA. Internet es poder, resumieron durante la conferencia ministros, exjefes de Gobierno y expertos. Las redes sociales se han convertido en un nodo crucial de la discusión política, ampliamente dominada por dinámicas que favorecen la polarización, la desinformación y el discurso reaccionario. Y las democracias han reaccionado tarde, como explicaba Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea. “Ahora nos estamos dando cuenta no solo de los desafíos y los riesgos que presenta, sino de las amenazas que significa ser tan dependientes, tan vulnerables”, aseguró. Ribera alertó de la excesiva concentración de poder de las grandes empresas tecnológicas y llamó a “alzar la voz frente a estos abusos”. ¿Cómo? Con regulación que obligue a rendir cuentas y que aporte transparencia.