La cumbre progresista busca recetas contra el populismo: poner coto al negocio con los servicios públicos e impuestos a los ultrarricos

La economía global lleva ya más de un lustro sometida a múltiples crisis. Primero fue el hundimiento por la pandemia de covid-19, que dejó la actividad empresarial en estado de hibernación. Cuando el mundo despertó, llegaron los cuellos de botella en el comercio mundial, y casi de inmediato, una crisis energética que disparó los precios de los productos básicos y desencadenó una subida de tipos de interés. El conflicto en Oriente Medio amenaza ahora con desatar otra oleada inflacionaria que vuelva a hacer mella en el bolsillo de los ciudadanos. De nuevo, material inflamable que puede usar la extrema derecha.

Los socialistas pusieron este viernes sobre la mesa varias recetas económicas para frenar una redistribución de la riqueza que se está produciendo de abajo arriba: los ultrarricos acaparan ya el 17% de la riqueza mundial. Estas pasan por limitar los beneficios extras que lloverán a las grandes energéticas, obtener más vivienda asequible y proteger a los ciudadanos para evitar que se amplíe la brecha entre los billonarios y la población de rentas medias y bajas. “Hay que salvaguardar nuestra democracia para que no se convierta en una oligarquía”, recordó Gabriel Zucman, economista de la Paris School of Economics.

El debate económico y fiscal marcó buena parte de la primera jornada del Global Progressive Movement (GPM), que se está celebrando en Barcelona. Los datos de Oxfam indican que los ingresos en la cúspide de la pirámide, donde está el 1% más rico, en los últimos años ha crecido el doble que los de la base. Y eso se aceleró con la crisis inflacionista derivada del fin de la pandemia y la guerra de Ucrania. Según Isabella Weber, economista y profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst, el 1% más rico se hizo con el 50% los beneficios que generó la subida de las materias primas, por ejemplo, a través de instrumentos de inversión. “La definición de ser pobre no solo es no poder pagar lo más esencial, sino también no poder participar en ninguno de los beneficios generados”, apuntó Weber. “Hay que hacer frente a los tiburones y limitar los beneficios”, añadió la economista, quien remachó: “Si decimos que no podemos hacer nada con lo básico, estamos dañando la democracia”.

También la economista Mariana Mazzucato, economista y profesora del University College de Londres, abogó por poner límite a los beneficios que se obtienen sobre la vivienda o sobre servicios públicos como la energía o la salud, que han acabado por convertirse también en “activos especulativos” dentro de la cartera de los inversores. “Hemos socializado riesgos y privatizado beneficios”, lamentó la economista. A su lado, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, apostó por identificar las necesidades de la sociedad. Y a partir de ahí, buscar respuestas justas. “A necesidades concretas, respuestas concretas”, señaló Ribera.

Fueron los sindicatos quienes más claramente se refirieron a la amenaza de que la extrema derecha se aproveche de nuevo del contexto actual. “La lucha por la democracia está dentro de los centros de trabajo”, afirmó Knut Dethlefsen, directivo de la Fundación Friedrich Ebert (FFE). Con él coincidieron tanto Unai Sordo, secretario general de CC OO, como Pepe Álvarez, líder de UGT. “Debemos recuperar el concepto de comunidad, y eso se hace con más medidas de distribución fiscal y salarial y una mejora de los servicios públicos”, sostuvo Sordo.

La palanca fiscal

La fiscalidad sigue siendo para los socialistas la principal palanca para redistribuir la riqueza y frenar el ascenso de los ultrarricos. Mazzucato recordó el impuesto sobre los llamados beneficios caídos del cielo, es decir, aquellos que energéticas y bancos obtuvieron de la crisis inflacionista de 2022. Zucman se centró en los ultrarricos, e insistió en que el 0,0001% de los más ricos poseen ya un 17% de la riqueza mundial después de que su patrimonio se haya ampliado a una tasa del 7,5% anual entre 1987 y 2026. “En Francia, la clase trabajadora y media está pagando en impuestos entre el 40% y el 50% de sus ingresos para una buena razón, que es mantener el Estado del bienestar. Pero los millonarios solo están abonando el 25%”, expuso Zucman, quien fue más allá: “Los ultrarricos ya solo abonan el 2%”.

La buena noticia, aseguró el economista, es que ya hay una iniciativa global para corregir esa tendencia que Brasil puso sobre la mesa durante su presidencia del G-20. Se trata de imponer una tasa del 2% sobre la riqueza a los ultrarricos para recaudar unos 250.000 millones de dólares (211.000 millones de euros) para combatir la desigualdad. “Es necesario tener un sistema tributario en los que aquellos que están en la cima paguen lo que deben pagar. Y ahí el impuesto mínimo aplicables es importante. Necesitamos sistemas tributarios más justos”, afirmó el líder del Partido Laborista australiano y ex viceprimer ministro del país, Wayne Swan.

Los socialistas europeos abogaron también por avanzar en ese impuesto a las grandes fortunas, que ya existe en algunos países como España. “Las cinco personas más ricos del mundo tiene un billón de dólares. Y hay 700 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad. Tenemos que lograr que esas grandes fortunas entren en el sistema fiscal. No podemos limitarnos a decir que un porcentaje de los más ricos tienen un determinado porcentaje de la riqueza”, razonó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. Teresa Ribera recordó la responsabilidad de la UE para no defraudar las expectativas de los ciudadanos en el proyecto europeo. “Necesitamos defendernos y no mantenernos callados cuando vemos cosas que no nos gustan. Tenemos que estar preparados para luchar y no dar por sentado que tenemos las cosas aseguradas”, zanjó.