La Corte Suprema aprueba la extradición desde Israel a Chile de Ivonne Gutiérrez, la exjueza procesada por el robo de dos bebés en 1982 y 1983

La sala penal de la Corte Suprema ha aprobado este lunes en una fallo unánime la extradición a Chile desde Israel de la exjueza de menores Ivonne Gutiérrez —hoy se llama Ivonne Brofman—, quien en junio fue procesada en primera instancia por el magistrado Alejandro Aguilar por la sustracción de dos bebés, Alex y Andrea, ocurridas entre 1982 y 1983 en el juzgado de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago. Se le imputan tres cargos: asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa a través de procesos de adopciones irregulares que se perpetraron en el país sudamericano entre 1970 y 1990: los niños eran entregados a matrimonios extranjeros sin el consentimiento de sus madres.

Gutiérrez, hoy de 85 años, adoptó el apellido Bronfman por su exmarido chileno, el abogado Alberto Bronfman, fallecido en 1985 y a quien Aguilar también ha mencionado dentro de la red de las adopciones irregulares. Ambos huyeron en 1983 a Israel, tras un escándalo judicial cuando la entonces magistrada fue denunciada en San Fernando por las madres de Alex y Andrea, y luego expulsada del Poder Judicial.

Si bien Andrea fue recuperada a gritos por su mamá dos semanas después de que se la arrebatan los miembros de la red, Ruth Reyes no lo logró: se enteró que su hijo Alex, de poco más de un año, a quien había entregado en una custodia temporal por graves problemas económicos, fue enviado a Estados Unidos sin su consentimiento para vivir con otra familia. Reyes murió el 1 de julio sin poder reencontrarse con su hijo: lo buscó por 42 años.

La exjueza fue procesada cuatro décadas después de los hechos y su caso ha marcado un hito judicial en Chile, pues es el primero de los cientos de procesos que investiga Aguilar en el que se han dictado cargos por los robos de bebés. Según el fallo de la Corte Suprema, se trata de delitos “que no se encuentran prescritos, punto en el que esta Corte coincide con el ministro requirente [Alejandro Aguilar], en cuanto a que, dada la naturaleza de los ilícitos que se imputan a la requerida, estamos en presencia de hechos imprescriptibles, de modo que el hecho de que se trate de conductas que se verificaron en la década de los ochenta del siglo pasado no es obstáculo para la persecución penal”.

El fallo agrega que la imprescriptibilidad emana de “la naturaleza de los bienes jurídicos afectados por los hechos en que descansa el pedido de extradición, con el carácter de derechos humanos irrenunciables y que dicen relación con el derecho a la identidad y el derecho a la reunión de la familia, entre otros derechos fundamentales amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Luego del fallo de la Corte Suprema, los antecedentes de la extradición de Ivonne Gutiérrez fueron remitidos al ministerio de Relaciones Exteriores chileno para su tramitación.

Pagos de hasta 50.000 dólares

Ivonne Gutiérrez, según la resolución de Aguilar, era parte de una red junto a abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de centros de salud. Los bebés eran arrebatados, simulando que los papeles eran regulares, a sus jóvenes madres, algunas de 16 y 17 años, solteras, pobres, en vulnerabilidad y sin redes de apoyo, como fue el caso de Ruth Reyes. Las parejas, de Estados Unidos e Italia, adoptaron a los niños chilenos previo pago de dineros que “podrían llegar hasta los 50.000 dólares”.

En su investigación, que derivó con el procesamiento de la exjueza, Aguilar contó con los testimonios de exfuncionarios del tribunal de menores de San Fernando y estableció que hubo mujeres que firmaron los papeles judiciales sin conocer su contenido y que cuando reclamaban a sus niños, incluso se les amenazaba con que podrían ser detenidas.

En Chile las adopciones irregulares, que han sido acotadas por el Poder Judicial para investigar el periodo entre 1970-1990, han tenido distintos modus operandi. Hay madres a quienes les mintieron en los hospitales después de sus partos y les dijeron que sus hijos murieron al nacer. En San Fernando, en tanto, las mujeres eran empujadas a entregar a sus pequeños hijos en custodia temporal y luego, a sus espaldas, la medida se convertía en definitiva y en adopción irregular, todo ello firmado por Gutiérrez, según el procesamiento.

Según el juez Aguilar, la red de la que era parte Gutiérrez aprovechó el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1999), un periodo en que los chilenos vivieron bajo el miedo, con temor a denunciar y en el que se cometieron miles de violaciones a los derechos humanos.

Tras la muerte de Ruth Reyes, sus cuatro hijos seguirán adelante en la causa, representados por el abogado Ciro Colombara. El penalista es querellante en decenas de causas de adopciones irregulares niños en Chile, miles de los cuales fueron enviados también a Estados Unidos, Holanda, Suiza, Suecia, Francia y Argentina.