La historia de Ivonne Gutiérrez, la exjueza procesada en Chile por sustracción de dos bebés y su fugaz viaje a Israel en 1983

Ivonne Gutiérrez Pávez (85), o Ivonne Bronfman como se le conoce en Israel, donde viajó en 1983 cuando protagonizaba un escándalo judicial por adopciones irregulares junto a Alberto Bronfman, su pareja, un abogado fallecido en 1985, tuvo una breve pero controvertida carrera en el Poder Judicial chileno, del que fue removida en 1984. La magistrada ha sido procesada, 42 años después de esos hechos, el 2 de junio, por el juez Alejandro Aguilar por la sustracción de dos menores entre 1982 y 1983, Alex y Andrea, entregados a matrimonios extranjeros, aunque la niña, entonces de dos años, logró ser recuperada por su madre, a gritos, días después de que se la arrebataran. Alex, en cambio, fue entregado a una nueva familia, cuando tenía un año y dos meses, y viajó a Estados Unidos. Se trata de adopciones irregulares ocurridas mientras Gutiérrez estuvo a cargo del tribunal de menores de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago.

Según la resolución, de primera instancia, Ivonne Gutiérrez actuó junto a otras cuatro personas de su confianza, que no eran funcionarios judiciales, además de dos abogados, ya fallecidos, y sacerdotes de la Iglesia Católica. Fue procesada asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Aguilar ha señalado que los matrimonios, de Estados Unidos e Italia, lograron adoptar previo pago de dineros que “podrían llegar hasta los 50.000 dólares”.

El procesamiento ha marcado un hito judicial: es el primero que dicta la justicia chilena desde que hace ocho años, cuando en Chile se abrió la investigación por el robo de bebés y adopciones irregulares a parejas extranjeras, de Europa y Estados Unidos, ocurridas entre 1970 y 1990. Actualmente, hay 1.328 causas judicializadas, y 595, entre ellas la de Alex y Andrea, en tramitación. En San Fernando se estima que hay unos 50 casos y en Temuco, en el sur chileno, Aguilar ha viajado esta semana: indaga causas similares.

Los robos de bebés en Chile han sido investigados por tres jueces desde 2017. El primero fue Mario Carroza, hoy ministro de la Corte Suprema, quien calculó que los niños adoptados que salieron al extranjero, entre 1970 y 1990, podrían llegar a los 20.000. Luego estuvo por cinco años Jaime Balmaceda, hasta que en 2024 fue nombrado Alejandro Aguilar, el primero que dictó procesamientos: en su resolución dijo que eran delitos de lesa humanidad y, por tanto, que no prescriben.

El mecanismo de la red, explica el procesamiento, era conminar a madres pobres, sin redes familiares, solteras y jóvenes, algunas de 16 y 17 años, a entregar a sus pequeños hijos en custodia temporal mientras su precaria situación económica no mejorara. Luego, sin que firmaran un documento —como el caso de Ruth Reyes, la madre de Alex—, sin que entendieran lo que firmaban o sin que se les permitiera leer los papeles en los que renunciaban a su maternidad biológica, la medida se convertía en definitiva y en adopción irregular.

La red, dice la resolución, contaba con tres a cuatro furgones japoneses de color blanco, muy populares en el Chile de los años 80, con los que hombres jóvenes recorrían sectores vulnerables de San Fernando buscando niños en vulnerabilidad. Varios testigos interrogados por Aguilar revelaron que una de las formas de convencer a las madres era entregarles mercadería básica: harina, arroz, azúcar, sal. Pasado el tiempo, cuando querían visitar a sus niños en los hogares y casas donde eran trasladados, se los negaban. Hay relatos que dan cuenta que muchas mujeres llegaban al tribunal desperadas, llorando, y cuando intentaban recuperarlos, ya habían salido de Chile.

Un llamativo auto rojo

Ivonne Gutiérrez, descrita como una mujer cabello rubio y flequillo, estudió derecho en la Universidad de Chile y se tituló en 1967. En 1977 fue nombrada secretaria del tribunal de menores de San Fernando, es decir, era la segunda al mando, y en febrero de 1982 fue ascendida a jueza titular. Aunque por su cargo el Poder Judicial le entregaba una casa fiscal en San Fernando, nunca la utilizó: la mantuvo desocupada. Viajaba todos los días desde Santiago: vivía en una casa en un sector acomodado de la capital chilena, en calle Jorge Matte, en el municipio de Providencia.

En San Fernando Gutiérrez era conocida porque tenía un moderno auto rojo de gran tamaño, considerado, dijo un testigo de la causa, “un poquito llamativo, de alta gama para esos años”. Tanto así, que en la pequeña ciudad le llamaban, simplemente, “el auto rojo".

Los exempleados del tribunal señalaron que el trato de la jueza les provocaba temor. Y argumentaron que fue una de las razones por las que no denunciaron las irregularidades que veían en el juzgado. Se suma, según el procesamiento, que los hechos ocurrieron en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), un periodo en que hubo abuso de poder y miles de violaciones a los derechos humanos, por lo que los chilenos vivieron bajo el miedo.

También, testigos contaron que la tramitación de las adopciones en San Fernando era curiosamente veloz. Y que los documentos que se entregaban a las madres constaban de apenas de unas pocas líneas, párrafos que cabían menos en una hoja. Esto, en circustancias que las adopciones son procesos con sendos expedientes, que incluyen, hasta hoy, varios informes sociales.

Exfuncionarios dijeron a Aguilar que en el juzgado que lideraba Gutiérrez había una declaración que era “un formato tipo”, breve, que señalaba que “las madres venían a entregar a sus hijos porque no eran capaz de mantenerlos por su situación económica”. También, testificaron que los papeles eran firmados primero por “la jueza y luego por las madres” y que “no se permitía leerle la protección de renuncia a las madres”.

“Cuando los expedientes estaban en tramitación, al repartir el despacho [de las declaraciones] apreciaba que la jueza había intercalado manuscritos colocando de su puño y letra que la madre señala que renuncia a sus derechos como madre biológica y ella firmaba en calidad de jueza esos documentos”, declaró otro testigo.

San Antonio 385

En la investigación Aguilar ha reconstruido el papel de Gutiérrez y Bronfman. El abogado, un hombre unos 25 años mayor que su pareja, era quien gestionaba tuiciones internacionales, según el procesamiento. De hecho, uno de sus procuradores, egresado de derecho, también ha sido imputado.

Bronfman iba seguido al juzgado de San Fernando, aunque su estudio jurídico estaba en el centro de Santiago, en un edificio en calle San Antonio 385. Según señala el procesamiento, en el piso superior, en otro despacho, había una guardería clandestina. Un testigo dijo a Aguilar que “los matrimonios extranjeros subían al departamento/guardería a visitar a los niños. Recuerdo que los bebés estaban limpiecitos, gorditos y sanitos. Creo que los matrimonios los elegían. También sé que les hacían una ficha o diario de vida a los niños, ya que no podían viajar las guaguas [bebés] enfermas conlos gringos [extranjeros]”.

En el certificado del Registro Civil de Alex, el hijo de Ruth Reyes, figura San Antonio 385 como su dirección de inscripción: la ubivación del edificio donde Bronfman tenía su despacho.

Aguilar también tomó declaración a una de las hermanas de Gutiérrez, pues indaga si su familia alojó a menores de edad derivados de su juzgado. Y fue un sobrino de la exjueza quien le relató que en 1982 su tía Ivonne “dejó tres niños en la casa de mis padres” y que “se quedaron durante todo el invierno”, mientras duró el Mundial de Fútbol en España. Agregó la pareja luego se llevó dos de ellos, a quienes identificó como “sus hijos”, pero que dejaron a una niña de seis o siete años “tres meses con nosotros”, a quien luego la fue a buscar el chofer de la jueza.

En esa época, Gutiérrez y Bronfman, quien era un conocido dirigente del fútbol chileno, viajaron al Mundial de España, celebrado entre el 11 de junio y el 11 de julio de 1982. Según declaró el sobrino de Gutiérrez, “unos seis meses posteriores” al campeonato, a su casa llegó la Policía de Investigaciones: “En esos momentos yo tenía unos 13 o 14 años. Después salió en los diarios y todo explotó. Mi tía se había ido con el tío Alberto a Israel”.

Dos investigaciones y un avión

Ivonne Gutiérrez fue denunciada en 1983 por su segundo a bordo, Diego Téllez, el secretario del tribunal. Lo hizo en marzo de 1983, en un momento de alta tensión y angustia. Según el procesamiento, Téllez ayudó a una madre que iba a declarar al juzgado, desesperada. La tomó del brazo frente al tribunal, en la plaza de San Fernando, y fue hasta otro juzgado de la ciudad, que veía materias criminales, y reveló ante la magistrada Mónica Gallo lo que sucedía en el tribunal de menores: le presentó un recurso de amparo en forma verbal.

Esa denuncia dio origen a una indagatoria penal de la jueza Gallo en contra de su par del tribunal de menores. En paralelo, el abogado Sergio González Pino, de San Fernando, tomó la causa de la madre de Alex e interpuso una querella en contra de Gutiérrez, respaldado por la mayoría de los juristas que vivían en San Fernando. Son acciones que por el contexto de la dictadura que vivía Chile eran complejas y temerarias.

Ivonne Gutiérrez entonces fue indagada por un superior, un ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y el caso fue seguido por la prensa chilena de la época, que publicaba el escándalo en titulares en rojo. En medio de la investigación, cuando González Pino se querelló, pidió que se tramitara una orden de arraigo en contra de la jueza, lo que nunca se concretó. Así, de un día para otro, Ivonne Guiérrez salió de Chile, junto a Bronfam y sus dos hijos adoptivos, a Israel. Nunca más fue al tribunal: fue removida del Poder Judicial en 1984.

Fue Ismael Espinoza, su chofer personal, quien llevó a la pareja al aeropuerto de Santigo en 1983. Espinoza declaró, en abril y mayo de este año, como inculpado ante Aguilar: contó que en los años 80 oficiaba también como guardaespaldas de la jueza y reveló detalles de cómo operaba la red. También, participó en una recontrucción de escena junto al magistrado Aguilar.

Espinoza fue uno de los cinco procesados en junio por asociación ilícita y sustracción de menores. Pero, tras una apelación, su procesamiento fue revocado este miércoles por la pimera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que emitió una escueta resolución, técnica. Su defensa alegó que no existen antecedentes concretos de que él supiera o consintiera en participar de la agrupación ilícita y que solo era un chofer.

Ivonne Gutiérrez, en tanto, no ha presentado abogado desde que se pidió su extradición a Israel, donde tiene una activa presencia en la comunidad chilena, según se puede ver en redes sociales.

EL PAÍS contactó a la exjueza de menores de San Fernando para obtener su versión, pero no respondió los mensajes.