Muere Ruth Reyes, la madre que buscaba a su hijo, adoptado ilegalmente en Chile y enviado en 1983 a Estados Unidos

Ruth Reyes, una de las cientos de madres chilenas que han denunciado la sustracción de sus hijos a través de procesos de adopciones irregulares ocurridos entre 1970 y 1990 y entregados a matrimonios extranjeros, ha muerto la noche de este lunes, a los 58 años, en San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago. Reyes buscaba a su hijo Alex, quien fue enviado a Estados Unidos con una nueva familia en 1983, cuando tenía poco más de un año. El 2 de junio, un mes antes de su fallecimiento, de un infarto al corazón, el juez Alejandro Aguilar dictó los primeros procesamientos por la causa de robo de bebés en el país sudamericano, e imputó a la exjueza del tribunal de menores de San Fernando, Ivonne Guiérrez, y a otras cuatro personas, por dos casos. Uno de ellos, el de Alex.

En 1983, Ruth tenía 16 años y Alex era su segundo hijo. Vivía en la pobreza, en San Fernando, y no tenía redes, por lo que aceptó, en forma temporal, ayuda para una custodia provisoria mientras mejoraba su situación. Pero, cuando quiso volver a verlo, se enteró que ya no estaba en Chile. De acuerdo con la indagatoria, la madre nunca firmó un papel en que consintiera dar al niño en adopción. Tampoco acudió al tribunal de menores, sin embargo, el documento de identificación del Registro Civil chileno muestra como lugar de nacimiento de Alex la dirección San Antonio 385, en el centro de Santiago, donde se ubicaba la oficina de Alberto Bronfman, pareja de la magistrada. Gutiérrez y Bronfman, fallecido en 1985, huyeron a Israel tras el escándalo, que fue denunciado en 1983 por el abogado de Reyes, Sergio González Pino, por la sustracción de niños en San Fernando. Fue la base para que, 42 años después, la justicia pidiera la extradición de Ivonne Gutiérrez a Chile.

A mediados de junio Ruth Reyes habló con EL PAÍS, tras el procesamiento dictado por Aguilar, un juez de primera instancia. Contó entonces que a Alex lo recordaba como cuando lo dejó de ver: tenía poco más de un año. “Todos los días pienso en él. Lo imagino caminando, chiquitito, gordito, morenito”, relató. También dijo que, al enterarse de que “había sido vendido” -según la resolución hubo parejas, de Estados Unidos e Italia, que adoptaron previo pago de dineros que “podrían llegar hasta los 50.000 dólares”- se le vino “todo el mundo encima. Por eso hasta hoy sigo luchando para saber cómo está. Por último, saber que está bien. Él tiene 44 años, y si Dios me lleva antes, quiero que mis otros cuatro hijos sigan adelante con la búsqueda”.

En el transcurso de junio, ese deseo de Ruth Reyes se cumplió. Su hija Josselín Orellana Reyes cuenta desde San Fernando que hace unos días le mostró una foto a su madre, que halló en Facebook. “Ese es mi hijo”, le dijo Ruth. “Lloró mucho”, recuerda Josselín emocionada. También, relata que su mamá logró contactarse con su hijo, a través de la organización Hijos y madres del silencio, que lo ubicó, y que ambos hablaron por messenger. Y que pudo verlo a través de un video que Alex le envió desde Estados Unidos para que conociera a su familia.

“Mi mamá quería saber si él tuvo una buena infancia y Alex le dijo que sí. También pudo contarle de que ella no lo había regalado”, dice su hija entre lágrimas.

El juez Alejandro Aguilar está a cargo de la investigación de las más de 1.300 adopciones fraudulentas que han sido judicializadas, ocurridas entre 1970 y 1990. La causa de robo de bebés se abrió en Chile en 2017 y ha tenido tres magistrados. Mario Carroza, el primero de ellos, hoy ministro de la Corte Suprema, estimó en 2018 que los niños que salieron al exterior podrían llegar a los 20.000.

Actualmente, de las 1.328 causas que fueron judicializadas, 595 están en tramitación. Solo en San Fernando se calcula que hay unas 50, entre ellas, la de Alex. Según la resolución de Aguilar, la red que lideraba la jueza Gutiérrez aprovechó el contexto de la dictadura (1973-1990), cuando se produjeron miles de violaciones a los derechos humanos y los chilenos tenían miedo de denunciar.

Las adopciones ilegales en el país sudamericano han tenido distintos modus operandi. Existen casos en que a las madres en los hospitales públicos les mintieron después de sus partos: les dijeron que sus hijos murieron al nacer. En San Fernando, fue otro el mecanismo, pues las madres, en situación de pobreza y vulnerabilidad, según se desprende del procesamiento, eran empujadas a entregar a sus hijos en custodia temporal y luego, a sus espaldas, es decir, sin su consentimiento, la medida se convertía en definitiva y en adopción irregular.

Tras la muerte de Ruth Reyes, sus cuatro hijos, tal como ella les pidió, seguirán adelante en la causa. Hace unos días asumió en el caso el abogado Ciro Colombara, quien es representante en centenas de causas de adopciones irregulares niños en Chile, miles de los cuales fueron enviados también a Estados Unidos, Holanda, Suiza, Suecia, Francia, Argentina.