Las claves del escándalo que indigna a Chile: los viajes al extranjero de 25.000 funcionarios en medio de una licencia médica

En apenas una semana, desde que se dio a conocer el informe de la Contraloría chilena que lidera la abogada Dorothy Pérez , que detectó que más de 25.000 funcionarios públicos, pertenecientes a 777 reparticiones, viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, 1.100 empleados han renunciado y se han abierto 6.600 sumarios en el Gobierno central. Es un escándalo en el que se han descubierto casos de personas que aprovecharon de cursar estudios en el exterior; otras que tenían doble empleador y usaron el permiso de reposo para trabajar en el sector privado. Incluso, una mujer se fue a Europa y monitoreó su emprendimiento desde allá.

Tras la publicación del informe del organismo fiscalizador de la administración del Estado, las identidades de algunos involucrados se han ido revelando por goteo, tanto a través de investigaciones internas como por renuncias, sobre todo en casos de cargos relevantes. Como ejemplo de la magnitud del escándalo, han aparecido, hasta ahora, un juez; un alcalde; el gerente corporativo de Metro; la intendenta de prestadores de Salud; el secretario ministerial del Deporte de la región del Biobío; un importante jefe en la subsecretaría de Telecomunicaciones cercano al presidente Gabriel Boric; un exasesor de la cartera de Vivienda, además del vicepresidente del Colegio Médico, que renunció al puesto gremial ante “una eventual inclusión” en los casos.

Las situaciones de los funcionarios que viajaron fuera de Chile abarcan reparticiones como ministerios, subsecretarías, servicios, municipios y organismos como Codelco, que despidió a 21 trabajadores. Y aunque el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Senado no están incluidos en el listado de la Contraloría, han anunciado indagatorias internas. En el caso de los funcionarios judiciales, la Corte Suprema, que en 2024 enfrentó una de sus peores crisis de su historia, ha ordenado realizar un catastro de permisos médicos desde 2020 en adelante.

Al escándalo de los viajes se suma otro hallazgo de la Contraloría, que reveló que 250 profesionales de salud, la mayoría médicos de hospitales y centros públicos, atendieron 710 partos en clínicas privadas mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024.

Cómo descubrieron los viajes

La Contraloría realizó un estudio en el que cruzó información referida a la salidas al extranjero que registra la Policía de Investigaciones (PDI) en base a los funcionarios públicos a quienes se les otorgaron licencias médicas entre 2023 y 2024.

Ante la comisión de Salud del Senado, Dorothy Pérez dijo este lunes sobre las fiscalizaciones: “Nunca lo habíamos hecho de esta manera tan transversal y masiva con sistemas más automatizados y mayor uso de la tecnología”. Y anunció que en adelante las supervisiones se harán cada año.

Boric: “Muchos debieran ser destituidos”

El escándalo se ha producido en la víspera de la última Cuenta Pública que dará este 1 de junio el presidente Boric, que dejará el cargo en marzo de 2026 tras cuatro años en La Moneda. El mandatario se ha referido este lunes al caso de las licencias médicas, cuando informó que se estaban realizando “sumarios con la mayor severidad” a los funcionarios. “Siguiendo el debido proceso, muchos de ellos debieran ser destituidos, porque no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre”. Y agregó: “Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo”.

“La postura del Gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”, dijo Boric.

6.600 sumarios en el Gobierno

Este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha informado que de los involucrados, aproximadamente uno de cada 10 ingresó al Estado en 2022, es decir, cuando arribó la Administración de izquierdas, “mientras que nueve habían iniciado sus funciones en los años anteriores”.

Y precisó que del listado de la Contraloría, hay 12.500 casos en la Administración central, pero que hay “más de una licencia por funcionario”, por lo que habría unos 8.000 funcionarios del Gobierno central implicados, dijo Marcel. También señaló que 131 instituciones iniciaron sumarios, lo que equivale más de 6.500 empleados indagados, y que 1.102 han abandonado el Gobierno central desde que estalló el escándalo.

Mayoría son afiliados a Fonasa

El informe de la Contraloría detectó que de los 25.078 funcionarios que viajaron cuando estaban con licencia médica, un 69% de sus permisos fue otorgado por Fonasa, el sistema público de salud de Chile, mientras que el 31% a las Isapres, las aseguradoras privadas de salud.

La Contraloría ha anunciado el jueves que inició un sumario administrativo en la Superintendencia de Salud (Suceso), en Fonasa y en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a fin de “investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades”.

Auditarán las Fuerzas Armadas y policías

La contralora Pérez ha anunciado que la fiscalización sobre las licencias médicas también se extenderá a las ramas de las Fuerzas Armadas y a las dos policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, PDI. Y ha dicho que se indagará, en el caso de los funcionarios públicos, también los viajes que realizaron dentro de Chile mientras estaban de reposo.

Crisis de confianza

El informe ha sido revelado cuando el país sudamericano enfrenta hace años una crisis de confianza no solo en las instituciones, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública, sino también entre los chilenos: apenas 19% cree que puede confiar en la mayor parte de las personas, mientras que el 54% no lo cree posible, según señala la última Encuesta Bicentenario del Centro de Políticas Públicas Universidad Católica de 2024.