El hidrógeno de Boric

Mientras aumenta la ola mundial de cuestionamientos y dudas sobre el hidrógeno verde como solución para la transición energética y se produce una avalancha de cancelación de proyectos en diversos países, el Gobierno del presidente Boric sigue embarcado en la ambiciosa y poco realista meta de que Chile sea líder productor mundial de hidrógeno verde por electrólisis al 2030, especialmente desde las regiones de Magallanes y Antofagasta.

Se despliegan anuncios y señales permanentes hacia los privados, comprometiendo todo tipo de medidas para acelerar proyectos. Días atrás, el ministro de Hacienda anunció durante el Chile Day en New York, la decisión de presentar un proyecto de ley sobre incentivos tributarios para fomentar el desarrollo del hidrógeno verde, incluyendo acceso a créditos fiscales para inversiones e incentivos para demanda y uso. El Gobierno de Boric ha asumido además una deuda pública de más de 1.000 millones de dólares con la banca multilateral a 20 años para estos fines.

El hidrógeno verde está siendo cuestionado a nivel mundial por su mala economía e ineficiencia energética, ya que producirlo, almacenarlo, transportarlo y usarlo, implica múltiples conversiones que reducen drásticamente la eficiencia total del sistema. El hidrógeno y sus derivados son además prohibitivos frente a otras opciones en términos de costos. Señales de mercado muestran que el Hidrógeno gris tiene un costo promedio de entre 1 y 3 dólares por kilo vs. el verde entre cuatro y siete dólares por kilo. Lo mismo con el amoníaco verde que actualmente cuesta de dos a cuatro veces más caro que el gris en base a gas natural. Por el momento, el hidrógeno de Boric no tiene mercado ni tiene offtakers comprando.

Semanas atrás ingresó a evaluación ambiental el Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde-H2 Magallanes, que contempla la construcción de una planta de amoníaco que produciría hasta 10.800 toneladas diarias, alimentada con hidrógeno generado en siete centros de electrólisis con una capacidad total de 3,85 GW y utilizando energía proveniente de un parque eólico de 5 GW. Para entender la magnitud de este gigaproyecto, Chile ha logrado instalar poco más de 4.8 GW de energía eólica, durante los últimos 20 años en todo el territorio nacional. El proyecto es desarrollado por una filial de la francesa TotalEnergies, una de las petroleras más grandes del mundo y con nutrido prontuario medioambiental.

Se trata del cuarto proyecto que ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Magallanes —tierra natal del presidente Boric— en un escenario marcado por un elocuente vacío regulatorio, sin estándares socioambientales, buena gobernanza ni planificación territorial alguna. La falta de condiciones de borde fuerza al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al límite, bajo fuerte presión política, con limitada información base, sin las capacidades ni los recursos necesarios para evaluar una megaindustria con megaimpactos. El Servicio cuenta con apenas ocho profesionales para toda la región.

La falta de condiciones y resguardos mínimos, podrían generar sacrificios territoriales para la Provincia de Magallanes, con afectaciones a gran escala de ecosistemas críticos en significativas porciones de la estepa patagónica austral y poniendo en riesgo la viabilidad poblacional de aves en peligro de extinción como el Playero ártico (Calidris canutus) el Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) y el Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps). En su proyecto, TotalEnergies pretende desplegar 616 aerogeneradores de 8 MW cada uno, en un área crítica para el ciclo de vida de estas especies. El gigaproyecto deja además literalmente atrapado al Parque Nacional Pali Ake en medio de un cordón industrial.

Desde la perspectiva de gestión territorial, no existe ninguna evaluación integral que esté dando cuenta de los efectos sinérgicos y acumulativos que implicaría desplegar el Hidrógeno a gran escala en Magallanes.

Si bien en estricto rigor no es posible hablar de extractivismo, el hidrógeno de Boric repite su lógica en color verde, a través de una narrativa de sustentabilidad que a todas luces no se condice con la realidad. Se ha ignorado además a aquellos sectores de la sociedad civil que han alzado su voz para alertar de que esta apuesta podría ralentizar la acción climática por no ser una solución costo-efectiva y que estamos perdiendo recursos y tiempo precioso que podría ser invertido en la transición energética justa que el país necesita.

Es bastante probable que la ambición de Chile de ser uno de los principales exportadores de hidrógeno del mundo hacia 2040 a un precio de US$ 1,50 por kilo no se cumpla. Si bien no debiera ser descartado como potencial opción para descarbonizar usos que no son viables de electrificar, el hidrógeno chilensis debe ser reevaluado de manera responsable, en un escenario cada vez más incierto. Es necesario asumir la responsabilidad política de que no se generará la inversión, los ingresos y fuentes de trabajo que se proyectaron para el corto plazo y asegurar garantías precautorias para territorios, comunidades y ecosistemas.

Chile necesita volver la senda del diálogo y los acuerdos entre los diversos sectores sociales y políticos sobre que estamos dispuestos a sacrificar en pos de una u otra opción de desarrollo. ¿Es el hidrógeno verde la forma más inteligente y estratégica que tenemos para implementar acción climática? ¿Es éste el tipo de transición energética justa que anhelamos como sociedad?